El pasado jueves 3 de febrero de 2022 se ha convertido en un día que marcará un antes y un después en el reconocimiento de los derechos laborales del colectivo de personas discapacitadas. Ese día se ejecutaba una sentencia que fue dictada 10 meses antes, el 29 de marzo de 2021. La sentencia fue ejemplar y sentaba un precedente importantísimo en la lucha por los derechos laborales del personal con discapacidad. En ella se condenaba a la Consejería de Educación a llevar a cabo una adaptación al puesto de trabajo que la propia Junta de Andalucía había elaborado. Esta adaptación consistía en facilitar una persona intérprete en lengua de signos para que una maestra con sordera profunda pudiera desempeñar sus funciones como docente.

Esta victoria ha sido fruto de la confluencia entre el tesón y la perseverancia de la docente, por un lado, y la estrategia de USTEA y de sus servicios jurídicos, por otro. La ejemplar sentencia es clarísima y enrojece a la Consejería de Educación ante su inacción al afirmar que “Desde el mismo momento de su ingreso en el cuerpo de funcionarios de la Consejería de Educación, y durante casi 10 años, (la trabajadora) viene reclamando la adopción de las medidas necesarias en materia adaptativa, sin que en ningún caso tales peticiones hayan sido atendidas.” Es por ello que el propio juez considera la situación como de “absoluto abandono administrativo”, y constata “la existencia de una situación de discriminación patente, manifiesta, flagrante e intolerable, por falta de adaptación del puesto de trabajo desempeñado por la recurrente a sus condiciones personales y a su discapacidad, con vulneración del derecho constitucional a la igualdad”. Por todo ello la sentencia concluye que “se ha vulnerado el derecho … al desempeño de su empleo en condiciones de igualdad, a la no discriminación y el desempeño efectivo del puesto de trabajo.”. El lenguaje empleado en el texto no deja lugar a dudas.

No obstante, y a pesar de la claridad de la sentencia, y por tanto, de la constatación de la discriminación, la Consejería de Educación la ha recurrido. Actualmente estamos a la espera del pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Debido al posible retraso de tal pronunciamiento, los servicios jurídicos de USTEA solicitaron en dos ocasiones la ejecución de la sentencia provisional. Por ello, el juzgado emitió dos autos de ejecución de sentencia en los meses de noviembre y diciembre de 2021, que fueron desoídos por la Consejería de Educación. Para desatascar el problema, la prensa fue informada de la actual situación y comenzaron a resonar los tambores de la movilización social contra la discriminación del personal discapacitado. Y solo en ese momento la Consejería decide comenzar a mover ficha respecto a la ejecución provisional de la sentencia. Imbroda quizá estuvo más motivado por el advenimiento del momento electoral que por el ansia de justicia. Y es por ello, por lo que la sentencia se aplica casi un año después de haber sido emitida. No obstante, y a pesar de todos los avatares, la trabajadora ya tiene adaptado su puesto de trabajo y esto sienta un precedente histórico en la lucha por la igualdad de oportunidades. USTEA está comprometida con ello y combatiremos toda discriminación al respecto. A partir de ahora es preciso que el personal discapacitado no tenga que recurrir a la vía judicial para que le apliquen las adaptaciones que tiene reconocidas por la propia administración. Las Delegaciones provinciales deben ponerse manos a la obra, detectar los casos de personal discapacitado sin el puesto adaptado y dar desarrollo a todas y cada una de las adaptaciones que tenga reconocidas. Sólo así acabaremos con el desamparo y la discriminación de este colectivo y avanzaremos hacia una sociedad más libre y solidaria.