Presupuestos Andaluces 2016-2017

 En los recientes presupuestos generales presentados por la Junta de Andalucía para el año 2017 podemos observar claramente el incremento de la partida presupuestaria destinada a la enseñanza concertada frente a la enseñanza pública. Del análisis de los presupuestos, expuesto recientemente por USTEA ante el Parlamento andaluz, se deduce que la inversión en cuestiones que afectan directamente a la educación pública ha aumentado sólo un 0,28% respecto del año anterior. En cambio, esta inversión es sensiblemente superior en la educación concertada, donde se da un aumento del 2,7%, según la Tabla 1. Destaca en especial el aumento en Educación Infantil que llega hasta el 6,9 % respecto al año anterior, mientras que en Primaria sube el 4,76%. La reducción de la partida de Educación especial no va a contribuir precisamente a una mayor inclusividad en la concertada y muestra que los recortes de la Consejería afectan siempre a la población en más riesgo de exclusión. Estos datos presupuestarios dejan al descubierto el doble discurso de la administración: apoyar con el discurso la educación pública y negarla con la inversión en los conciertos educativos

Tabla1: Análisis de los presupuestos para Educación Concertada para el año 2017

Unidades y alumnado

 Los datos de unidades (grupos) nos alejan con claridad del carácter subsidiario que la enseñanza concertada debería jugar frente a la pública, antes al contrario, los datos del curso 2015-16 que, tras la insistente petición de USTEA, hemos obtenido a través del portal de transparencia arrojan datos reveladores sobre la distribución de unidades:

– En Cádiz capital es mayoritaria la oferta de educación concertada en Infantil (55,38%), Primaria (55,32%) y ESO (61,54%).

– En Granada capital es mayoritaria la oferta de concertada en Infantil (58%), Primaria (62%) y ESO (64%); en localidades como Santa Fe la oferta de concertada en infantil es ya del 60%.

– En Huelva es mayoritaria la oferta de concertada en localidades como la Palma del Condado en ESO (52,17%), en Infantil ya supone el 50%.

– En Jaén es mayoritaria la oferta de concertada en localidades como Andújar en ESO (51%) y en Linares la ESO ya es el 50%.

– En Málaga  es mayoritaria la oferta de concertada en localidades como Antequera en Infantil (54%), Primaria  (51,72%) y ESO (52,63%).

– En Sevilla capital la oferta concertada prevalece sobre la pública en más de la mitad de sus zonas educativas.

Actualmente, la oferta educativa pública en las 8 capitales andaluzas se sitúa a gran distancia del porcentaje medio de la UE que, según datos de la OCDE, alcanza el 90% de oferta pública en Primaria, y el 85% en Secundaria.

Así mismo, en ninguna de nuestras capitales y núcleos de mayor población se ve reflejado el 80% de oferta pública que la CEJA publicita. Los datos generales esconden una perversa realidad: la educación pública empieza a mostrar datos objetivos de subsidiariedad frente a la concertada.

Los datos de alumnado también son llamativos. A modo de ejemplo, en las etapas obligatorias (6-16 años) tenemos:

–  en Cádiz 5.226 (40,3% del alumnado total) en la pública frente a 7.739 (59,7%) en la concertada.

– en Granada 18.587 (44´30% del alumnado total) en la pública frente a 23359 (55´70%) en la concertada.

Unidades y profesorado

 Del mismo modo, los continuos recortes de unidades en la pública han afectado a la plantilla del profesorado de modo especialmente “llamativo” en etapas como Educación Infantil. Según los datos obtenidos de la Unidad Estadística y Cartográfica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, el contraste es especialmente notable en el 2º ciclo de Ed. Infantil. Para el análisis hemos contrastado los datos de 4 cursos, de 2011 a 2015,  en relación al número de unidades (Tabla 2) y el número de profesores (Tabla 3). Como puede apreciarse en la Tabla 2 el número de unidades ha descendido en esta etapa notablemente aunque sólo en el ámbito público, la concertada de hecho incrementa su número de unidades. En justa correspondencia tal y como muestra la Tabla 3, el total de profesorado ha descendido pero sólo en el ámbito de la educación pública.

En la Tabla 4 hemos llevado a cabo una comparativa por cursos de la evolución del total de profesorado por año académico en los ámbitos de la educación pública y de la educación concertada. En la Gráfica 1 podemos apreciar cómo el porcentaje de profesorado total disminuye en un 5,9%, pero esa disminución se hace en exclusiva a costa de la enseñanza pública (disminuye el 7,6%) ya que la en la concertada aumenta el 2,5%.

Gráfica 1: Comparativa de la variación de profesorado por cursos

De los análisis efectuados podemos observar claramente cómo los recortes presupuestarios en la contratación de profesorado del año 2012 solo parecieron afectar al profesorado de Infantil de las enseñanzas públicas. Las medidas de austeridad parecen incluir el blindaje sistemático de la educación concertada.

Evolución histórica

 Un análisis histórico destaca que la brecha entre lo público y lo privado comienza en la Educación Infantil. En infantil, en 2003-4 el 78,7 % del alumnado estaba en el sistema público[1], este curso  es el 67´3%.[2]  Especialmente llamativa es la decantación del primer ciclo de infantil hacia el sector privado: en el curso 2015-16 había 38.665 (el 40,5% del alumnado) en la pública y 56.491 en la concertada (el 59,5% de este alumnado)[3]. Si en 2003-4 sólo había 54 centros concertados para toda la infantil, hoy hay 916 dedicados exclusivamente al 1º ciclo y 457 que tienen el 2º ciclo. La posibilidad de captar a su alumnado desde la etapa infantil es una de las causas de la buena salud de la enseñanza concertada, pues muchos de estos colegios integran las etapas infantil-primaria-ESO, resultando más natural y cómodo para las familias mantenerlos ahí.

La evolución de la legislación española ha propiciado indudablemente el crecimiento de la enseñanza concertada. El PSOE no ha defendido en ningún momento la Escuela única en España. La LODE (1985) puso en pie de igualdad a la enseñanza concertada al hablar sólo de “centros sostenidos con fondos públicos”, asumiendo de hecho una situación que venía del franquismo. La LOGSE (1990) reconocía la “doble red” (pública-privada). En la LOE (2006) la concertada era directamente reconocida como “servicio público” al mismo nivel de la pública, mientras que la LOMCE (2013) sólo habla ya de “Sistema Educativo español”, insistiendo constantemente en que no hay distinción ni debe haber discriminación (para la concertada, se sobreentiende). También fue el PSOE quien sacralizó legalmente la libertad de elección de centro, lo que permite elegir antes un centro concertado que uno público, causa habitual de la eliminación de unidades en la pública. La LOMCE ha añadido indudables ventajas a la concertada, como es el caso de la cesión gratuita de suelo público, la ampliación de la duración de los conciertos o la posibilidad de concertar, de modo preferente y con carácter general, los ciclos de formación profesional básica.

Soluciones, propuestas y reivindicaciones

A nivel legal, reclamamos una nueva de ley de educación que elimine las actuales trabas que obstaculizan revertir el proceso de privatización de la escuela.

Mientras tanto, saludamos con interés cualquier iniciativa que trate de garantizar un suelo presupuestario para la educación pública, una inversión mínima que permita defender el sistema público de educación y revertir el daño causado por las políticas privatizadoras. Pero hay que ir más allá, aprovechando la finalización de los conciertos. En primer lugar, la decisión política más inmediata es no concertar allí donde la pública tenga espacio: es un hecho dado que los recortes han afectado principalmente a unidades y líneas en centros públicos que aún conservan la infraestructura anterior. Esto debiera complementarse con una política de ampliación de espacios y de construcción de nuevos centros. La natalidad no puede ser esgrimida como excusa para seguir recortando en la pública. Una vez más, se trata de una cuestión de voluntad política.

Defendemos además que no se deben concertar las etapas no obligatorias. Aquí hay margen legal más que suficiente, porque no hablamos de un derecho obligatorio y gratuito amparado por la Constitución. Esto es completamente posible en Bachiller e incluso en la  Formación profesional, etapa en serio riesgo de privatización. Del mismo modo, es urgente invertir en la etapa de Infantil, clave en la evolución del proceso de escolarización y en la decisión familiar entre pública o privada.

Por otra parte, no se debe renovar ningún concierto con entidades que segregan al alumnado por sexo. Recientemente hemos visto en prensa el caso de la ultracatólica empresa Educatio Servanda, cuatro de cuyos centros están actualmente concertados con la CEJA. En general, la aconfesionalidad  que establece la Constitución es un principio incompatible con los acuerdos preconstitucionales Estado-Iglesia y con el “ideario” activamente confesional de muchos centros sostenidos con fondos públicos.

Así mismo, la administración andaluza, a través de sus servicios de inspección, debe poner en marcha una supervisión completa de los centros concertados, especialmente en aspectos como la doble financiación a través de las cuotas cobradas a las familias. La legislación atribuye claramente a la administración la responsabilidad en este campo.

Por último, hay que remarcar que la enseñanza concertada es un mecanismo de reproducción ideológica y de clase. Por lo general, los centros concertados no son inclusivos –es sabido el reducido número de colectivos marginales y de inmigrantes en sus aulas- muy al contrario sirven para mantener y ampliar la brecha social y las desigualdades, así como la ideología que lo justifica.

En definitiva, mientras la educación concertada supone un escandaloso desvío de fondos públicos para fines privados, generalmente vinculados al adoctrinamiento católico, la educación pública se erige como garante de la educación universal, gratuita, de calidad, democrática, laica, superadora de desigualdades, no discriminatoria, inclusiva, respetuosa con las diversidades y favorecedora del desarrollo integral de cada alumno y alumna.

Ante esta situación, USTEA reivindica la urgente necesidad de:

-Potenciar la red de centros de titularidad pública.

-Eliminar paulatinamente los conciertos educativos. La educación concertada es una anomalía, que debe ajustarse a su carácter subsidiario frente a la pública.

-No renovar conciertos en aquellas localidades donde haya aulas públicas disponibles.

-Aumentar las partidas presupuestarias destinadas directamente a los centros públicos.

-Aprovechar el descenso de natalidad para disminuir las ratios en las aulas y recuperar unidades públicas perdidas.

[1]  http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/estadisticas/alumnado-escolarizado-en-el-sistema-educativo-andaluz/-/libre/detalle/EGb8/estadisticas-de-alumnado-curso-2003-2004-educacion-infantil  234153 alumnos en la pública, 113 493 entre privada y concertada.

[2]  http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/estadisticas/alumnado-escolarizado-en-el-sistema-educativo-andaluz/-/libre/detalle/EGb8/datos-estimativos-2016-2017-menu-alumnado

[3]  Junta de Andalucía, La educación en Andalucía. Datos y cifras 2015-16, en:  www.juntadeandalucia.es/educacion/agaeve/docs/datos_cifras