Las aseguradoras privadas ASISA, ADESLAS y DKV están condicionando la atención sanitaria del funcionariado en España, generando alarma social y presionando al gobierno con algo tan fundamental como la asistencia sanitaria del personal funcionario. Desde USTEA denunciamos este oportunismo y recordamos que estas empresas han monopolizado el sistema de conciertos, utilizando su poder para favorecer sus intereses económicos mientras perjudican nuestros derechos básicos.

La sanidad pública, aunque sobrecargada fruto de la infrafinanciación, sigue siendo el pilar que garantiza atención universal y de calidad. Las declaraciones recientes de Mónica García, ministra de Sanidad, y Javier Padilla, Secretario de Estado de Sanidad, sobre la capacidad de absorber a las personas usuarias de MUFACE han generado controversia, dada la continua denuncia social sobre la precariedad actual de los centros sanitarios públicos. A su vez, el pasado 17 de noviembre, las Mareas Blancas inundaron las ciudades andaluzas denunciando recortes autonómicos, la externalización de servicios y unas listas de espera inadmisibles, reflejo del trato humillante que sufre la sanidad pública en el gobierno autonómico del Partido Popular.

En este contexto, recordamos que las aseguradoras privadas, como Adeslas, controlada por Mutua Madrileña y Caixabank, priorizan su lucro económico. Como simple referencia señalar que SegurCaixa Adeslas es la compañía de cobertura sanitaria privada líder en España en seguros de salud. El beneficio neto de la compañía en 2023 ha alcanzado los 414,58 millones de euros y ahora exige un incremento del 24% de prima por asegurado en 2025 y 1% más en 2026. Esto haría que la prima media pasara de los 1.032 euros actuales a los 1.279 euros, una diferencia de 71 euros por asegurado con la propuesta actual del Gobierno. Esa cifra significa una aportación de 106,2 millones de euros extra al contrato que se ha quedado desierto, teniendo en cuenta que este era para dos años. Al retirarse del concurso, su estrategia busca aumentar la presión sobre las autoridades y fomentar el alarmismo, aunque recordamos que aún queda una prórroga obligatoria de los conciertos y unas nuevas licitaciones.

Paralelamente, según datos oficiales de MUFACE, actualmente hay 1,5 millones de personas adscritas al sistema, de las cuales medio millón ya ha optado por la sanidad pública. En la última década, el número de funcionarios/as que eligen la sanidad pública ha crecido un 66%, lo que demuestra una tendencia creciente hacia el sistema público. En total, el 96,6% de la población dependiente de fondos públicos ya es atendida por la sanidad pública, quedando solo un 3,4% bajo entidades privadas.

Desde USTEA, consideramos que cualquier decisión futura debe centrarse en reforzar los sistemas públicos y pedimos calma y cautela a las personas mutualistas, ya que los medios de comunicación están logrando agitar y crear una alarma social como medida extra de presión a las extorsiones de estas empresas. En caso de que la sanidad pública deba absorber al 1,5 millones de usuarios/as de MUFACE, será imprescindible garantizar más recursos humanos, materiales e inversiones justas. Asimismo, instamos a la ciudadanía, especialmente al profesorado andaluz, a mantenerse informado y ser crítico frente a las manipulaciones de agentes privados que buscan generar incertidumbre.

No podemos olvidar el esfuerzo realizado por la sanidad pública durante la pandemia de COVID-19, enfrentando la crisis con una plantilla agotada y recursos limitados. Este sistema, que sostuvo al país en su peor momento, merece inversiones directas y el reconocimiento de su esencial labor. Por ello, reclamamos que los fondos destinados a los contratos millonarios de las mutuas privadas se redirijan al fortalecimiento de una sanidad pública universal, equitativa y al servicio de todas las personas.

Desde USTEA seguiremos defendiendo los servicios públicos como pilares fundamentales de nuestra sociedad, exigiendo a los gobiernos decisiones valientes que prioricen el bienestar colectivo sobre el interés económico de las aseguradoras y el clasismo de otras organizaciones sindicales, que lejos de defender el derecho a una sanidad de calidad, se están situando del lado de la privatización.