Desde USTEA manifestamos nuestra oposición rotunda a los nuevos conciertos educativos que Carmen Castillo Mena, la Consejería de Educación, ha anunciado como respuesta al aumento de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). Esta medida es un nuevo ataque a la educación pública que evidencia  la deriva privatizadora de la Junta de Andalucía, priorizando una vez más intereses privados a costa de los derechos del alumnado y de los recursos públicos.

La argumentación de la Consejera, que justifica estos conciertos por el incremento del alumnado NEAE, resulta especialmente grave en un contexto donde los centros públicos siguen enfrentándose a una alarmante falta de recursos para atender precisamente a este alumnado. Además, este anuncio coincide con el incremento de la financiación para los centros concertados para Formación Profesional, mientras se mantiene una clara infrafinanciación en la escuela pública. La administración no garantiza los recursos necesarios para que los centros públicos ofrezcan una educación inclusiva y de calidad, dejando desatendidos a miles de alumnos y alumnas.

La situación en la escuela pública andaluza es insostenible. Cientos de docentes en activo se encuentran sobresaturados y sin capacidad para atender a la diversidad de las aulas, mientras que el profesorado que forma parte de las bolsas de empleo público permanece esperando ser llamado. Desde septiembre, numerosos centros públicos han solicitado personal técnico de integración social (PTIS), profesorado de pedagogía terapéutica (PT) y audición y lenguaje (AL), y aún no han recibido respuesta por parte de la Consejería. Esto no responde a una falta de profesionales, sino a un problema claro de voluntad política para dotar a los centros públicos de los recursos humanos necesarios y destinar esos fondos a privadas y concertadas.

Desde USTEA denunciamos que los conciertos de unidades de educación especial no solo son una forma de privatización encubierta, sino que refuerza un modelo educativo segregador y excluyente. La atención a la diversidad debe ser una prioridad del sistema público, que tiene la obligación de garantizar la igualdad de oportunidades para todo el alumnado sin distinciones. La solución no puede pasar por desviar más recursos hacia los centros privados ni por derivar al alumnado con mayores necesidades a estos espacios. Por el contrario, es imprescindible dotar a los centros públicos de los recursos humanos y materiales necesarios para poner en práctica un modelo educativo inclusivo, equitativo, integrador y de calidad.

Exigimos a la Junta de Andalucía el cese inmediato de los nuevos conciertos en educación especial y que se revierta la tendencia de desmantelamiento progresivo de la escuela pública andaluza. Es urgente priorizar la contratación de personal docente y técnico en los centros públicos, aumentar la inversión en recursos educativos y reducir las ratios en las aulas para garantizar una atención adecuada a la diversidad del alumnado.

Desde USTEA, seguiremos luchando porque la educación deje de ser concebida como negocio y los derechos de nuestras infancias estén condicionados por intereses privados.