Ante un proceso selectivo como el que se vivirá este curso, con más de 50.000 inscritos, se hace necesario establecer un plan de contingencia que permita la máxima seguridad para las personas que participen en el proceso así como para evitar cualquier perjuicio como consecuencia de la situación de pandemia.

En pocas semanas se iniciarán los procedimientos selectivos para el ingreso en los Cuerpos de Profesorado de Secundaria, FP y Régimen Especial, en los que concurrirán miles de personas en más de 500 tribunales. Sin duda, desarrollar este proceso en condiciones de plena seguridad y sin que nadie se vea perjudicado como consecuencia de la actual situación de pandemia constituye un reto importante y requerirá de una planificación y coordinación adecuada.

En la pasada mesa sectorial del 15 de abril la administración educativa se comprometió a elaborar un protocolo específico para todo el proceso selectivo, que, se dijo, sería dado a conocer con la antelación suficiente. Más de tres semanas después de aquella reunión el plan sigue sin ser conocido, por lo que nos preocupa enormemente que el establecimiento de las medidas, tanto de seguridad como las encaminadas a reducir las posibles situaciones de perjuicio como consecuencia del Covid-19 puedan tener las personas concurrentes a dicho proceso, sean planteadas unilateralmente por parte de la Consejería sin que tengamos oportunidad de introducir, desde las organizaciones sindicales, nuestras propias reivindicaciones. A estas alturas del mes de mayo los plazos se están agotando, poniendo en serias dificultades que esas medidas puedan ser verdaderamente negociadas.

Desde USTEA defendemos la negociación de Plan de Contingencia que contemple las siguientes exigencias:  

• Posibilidad de realizar cualquiera de las pruebas en una fecha posterior para todas aquellas personas que, ya sea por estar en confinamiento domiciliario obligatorio o por que se le haya negado el acceso por detectarse fiebre o cualquier otro síntoma que ponga en riesgo la salud del resto de participantes en el proceso, no puedan concurrir en la fecha inicialmente prevista. Esta reivindicación se extiende a todas aquellas situaciones de “inasistencia por fuerza mayor” que puedan ser debidamente acreditadas, tal como puede ser el caso de circunstancias derivadas del embarazo y el parto. 

• Establecer medidas adicionales de seguridad, como espacios especialmente adaptados y seguros, para el personal especialmente sensible o vulnerable a la exposición al Covid-19, así como medidas específicas para el personal con diversidad funcional, especificando medidas concretas para aquellas personas que, por prescripción médica, no puedan utilizar mascarillas. 

• Previsión de stock suficiente de material de protección e higiene, garantizando el suministro de EPIs (FFP2 o FFP3), al menos, a los y las trabajadoras que formen parte del tribunal. 

• Evaluar previamente las condiciones de las sedes con el fin de garantizar que serán espacios bien ventilados y donde se respeten las condiciones ambientales de temperatura y humedad que exige la legislación laboral. 

• Distribución de espacios y aforos de forma que se garantice el cumplimiento de la distancia interpersonal. 

• Establecimiento de todo tipo de medidas organizativas y adaptaciones de los espacios, ya sean de tránsito, acceso a las sedes o de realización de las pruebas, de manera que se garantice el cumplimiento de las medidas de seguridad y se eviten las aglomeraciones. 

• Dotación de recursos materiales y del personal necesarios (personal colaborador, personal de limpieza, etc.) para garantizar que se puedan llevar a cabo las medidas organizativas y de seguridad necesarias. 

• Disminución de la ratio aspirante tribunal. 

• Solicitud a la Consejería de Salud de una planificación de la vacunación encaminada a que el mayor número posible de personas concurrentes al proceso selectivo hayan iniciado su pauta de vacunación y, al menos los miembros de los tribunales hayan recibido la pauta completa. 

• Aumento urgente de las plantillas de las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales, que actualmente no llegan ni al 25% de los establecido en el plan de prevención, para garantizar que puedan llevar a cabo labores de asesoramiento tanto en el diseño de las medidas y protocolos específicos como sobre posibles incidencias durante el proceso selectivo. 

Por todo ello, exigimos a las administración educativa que, con la mayor brevedad posible, se establezca este Plan de Contingencia. Es obligación de la Consejería de Educación garantizar la seguridad y la salud de todas las personas que concurran a este procedimiento así como de todos y todas las trabajadoras que participen en el mismo. Además, se deben establecer todas las medidas y herramientas posibles para reducir al mínimo la casuística de que cualquier persona no pueda participar en las oposiciones como consecuencia de cualquier circunstancia que se derive de la actual situación de pandemia o por cualquier otra causa de fuerza mayor.