USTEA, a través de STEs-i, ha tenido conocimiento de uno de los puntos que fueron acordados ayer martes 13 de febrero en el seno de la Subcomisión parlamentaria del Congreso de los Diputados, Subcomisión que está trabajando el asunto del llamado Pacto por la Educación. En efecto, hemos podido acceder al acuerdo que alcanzaron ayer en la citada Subcomisión los representantes de los grupos parlamentarios del Partido Popular, Ciudadanos y el PSOE, con el voto en contra de Unidos-Podemos y la abstención de ERC.

El texto que pactó esta mayoría de grupos establece la universalización del derecho a la educación de los 0 a los 18 años, concretando que los poderes públicos deberán garantizar la escolarización de todas las personas que soliciten los tramos no obligatorios, tanto de Infantil 0-3 años, como de Bachillerato (16-18 años). Aunque en el texto no figura de manera explícita, los grupos que suscribieron el acuerdo aclararon, en los debates que mantuvieron en el seno de la Subcomisión, que la universalización de este derecho y la garantía de escolarización en el tramo 0-3 años y Bachillerato, se entiende para todos los centros sostenidos con fondos públicos, sin distinción alguna entre los de titularidad pública y privada.

Estamos, pues, ante un paso nefasto y de consecuencias irreparables; que implicará extender el sostenimiento con fondos públicos a los tramos del sistema que hasta ahora permanecían al margen del régimen de conciertos. Es decir, que bien por la vía del concierto educativo o por la simple subvención, los centros privados podrán ampliar gracias al dinero público su oferta en el tramo de Educación Infantil 0-3 años y en la etapa del Bachillerato. Las patronales de la enseñanza privada conseguirán así su tradicional reivindicación de poder hacer una oferta completa sostenida económicamente con fondos del Estado desde los 0 hasta los 18 años.

La Confederación de STEs- Intersindical tiene que mostrar mediante este comunicado su más absoluto rechazo a este acuerdo alcanzado por PP, Cs y PSOE, y que tachamos de privatizador en la medida que supondrá poner a disposición de la red privada de centros miles de millones de euros todos los años para sostener económicamente el primero y el último de los tramos del sistema educativo no universitario. Las consecuencias negativas para la red pública de centros, la mayoritariamente usada por la sociedad, serán de dos tipos: por un lado supondrá una inyección de dinero para los negocios privados de la educación que se detraerá de lo que tendría que ser inversión en la red pública, y, en segundo lugar, aumentará la competencia desleal de los centros privados que podrán hacer una oferta teóricamente gratuita y completa desde el primer ciclo de Educación Infantil hasta el Bachillerato, es decir, desde los 0 hasta los 18 años; oferta que ningún centro público puede hacer.

Esta Confederación no va a permanecer impasible ante este ataque a la enseñanza pública y, para ello impulsará medidas de denuncia y movilización con las que intentará evitar que este acuerdo inicial se concrete y apruebe definitivamente. A este respecto queremos que este comunicado sea una primera denuncia pública de que lo pactado en la Subcomisión parlamentaria es algo que se está haciendo a espaldas de lo que mayoría social viene defendiendo y peleando en la calle desde que empezaron los recortes y la tramitación de la  LOMCE, y que este acuerdo es, simple y llanamente, una concesión vergonzosa del agrado únicamente de las patronales de la enseñanza privada  y de los sectores confesionales y más conservadores (y minoritarios socialmente) del mundo educativo.