Desde USTEA Enseñanza denunciamos la planificación discriminatoria de la escolarización que asfixia a la escuela pública

Desde USTEA Enseñanza denunciamos una vez más la planificación deliberadamente discriminatoria de las líneas de escolaridad que la Junta de Andalucía viene aplicando, y que está provocando un deterioro progresivo y consciente de la escuela pública en beneficio de la enseñanza privada-concertada.

En numerosos centros públicos comprobamos que se parte de ratios ilegales o en el máximo permitido —25 en Infantil y Primaria y 30 en Secundaria— sin que se planifiquen unidades adicionales, tal y como permite y ampara la LOMLOE, que establece que la planificación debe atender a la demanda social y a la garantía del derecho a la educación. Esta práctica impide cualquier crecimiento de los centros públicos, ya que salen al proceso de escolarización con 0 plazas vacantes, imposibilitando la admisión de nuevas solicitudes.

Esta situación contrasta de forma escandalosa con lo que ocurre en la escuela privada-concertada, donde se autorizan centros con dos unidades incluso cuando una de ellas tiene plazas vacantes, llegando a ofertar más de 25 o 30 plazas sin alumnado suficiente. De este modo, estos centros pueden crecer artificialmente, mantener ratios reducidas y utilizar esta circunstancia como reclamo para atraer familias, mientras a la escuela pública se le impide hacerlo.

Especialmente grave es el uso abusivo de las aulas mixtas. Hemos detectado casos de aulas con 7 u 8 alumnos y alumnas que salen con 0 vacantes, cuando en realidad podrían ofertar hasta 17 plazas. La Administración fuerza la creación de aulas mixtas uniendo cursos (por ejemplo, 7 alumnos/as de un nivel y 8 de otro), alcanzando así el máximo de 15 y evitando la apertura de una unidad más y la dotación del profesorado correspondiente.
Estas aulas mixtas son, además, irreversibles: a partir de ese momento, solo se ofertan 15 plazas entre dos o incluso tres niveles, provocando que los centros se llenen progresivamente de aulas mixtas hasta su cierre definitivo. Desde USTEA Enseñanza hemos aportado datos concretos de centros donde esta práctica ya se ha producido y sigue produciéndose.

Ante esta situación, el 14 de junio presentamos denuncia ante el Defensor del Pueblo Andaluz, tras haberlo hecho previamente ante las Delegaciones Territoriales y la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en abril de 2025.
El 22 de octubre, el Defensor nos informó de que aún no había recibido respuesta de la Administración. El 4 de diciembre, volvió a comunicarnos que seguía sin recibir el informe solicitado, reiterando a la Junta su deber de colaborar de forma preferente y urgente. Finalmente, el 18 de diciembre de 2025, la Junta respondió a la queja.

En dicha respuesta, la Consejería admite que va a mantener los conciertos educativos, su amplia duración y que no existe carácter subsidiario de la escuela concertada. Sin embargo, de forma prácticamente simultánea, el 18 de diciembre se publicó la Orden de 12 de diciembre de 2025, por la que se modifican centros públicos, lo que ha supuesto la pérdida de 83 aulas más en la escuela pública.

Todo ello confirma que la discriminación en la planificación de la oferta educativa persiste:

• Las líneas de escolaridad en la pública se revisan a la baja cada curso, generando sobrerratios, aulas mixtas y bloqueo de plazas vacantes.
• En la concertada, las líneas se blindan durante seis años y, cuando se revisan, se hace al alza, incluso sin una demanda real equivalente.

Esta práctica incumple la Ley Orgánica 8/1985 y el artículo 2.5 de la Ley 17/2007 de Educación de Andalucía, citados por la propia Junta. Si el sistema educativo “pivota en dos ejes”, como sostiene la Consejería, resulta evidente que se está debilitando de forma sistemática el eje público, a pesar del elevado volumen de solicitudes que recibe.

La realidad es que la Administración incrementa plazas en la concertada y suprime unidades en la pública, haciendo desaparecer artificialmente la demanda y vulnerando el modelo educativo que marca la ley. Con ello, se crean condiciones de habitabilidad cada vez peores en las aulas públicas, desincentivando la matriculación de las familias y favoreciendo procesos de desinversión en infraestructuras, recursos y plantillas. Esto se corrobora con actitudes recientes como la negativa a una financiación europea: el organismo europeo detectó la carencia anómala de una red pública de escuelas infantiles acorde a la demanda y quiso favorecer la ampliación de la misma y contó con la negativa a percibir estos fondo o la reciente negativa en el Parlamento a la bajada de ratio

En definitiva, asistimos a una pauperización planificada de la escuela pública para favorecer la mercantilización de la educación a través del eje privado-concertado, que deja de ser subsidiario para convertirse en prioritario.

Desde USTEA Enseñanza exigimos el cese inmediato de estas prácticas, una planificación educativa justa, basada en la demanda real y en la defensa del derecho a una educación pública, accesible y de calidad.

La escuela pública no se cierra sola: la están cerrando.