Desde USTEA, recibimos los inicios de los llamados procesos de estabilización con optimismo, pues las administraciones reconocían de facto con ellos que, aunque nos lo habían negado y rebatido durante años, teníamos razón cuando reclamábamos la necesidad de acabar con la temporalidad y exigíamos la puesta en marcha de concursos de méritos que permitiesen el acceso a la condición de personal funcionario de carrera a las compañeras y compañeros docentes con años de servicio, sin necesidad de volver a pasar por un exámen ya superado. Sin embargo, estos procedimientos han supuesto un enorme engaño: no se va a estabilizar al personal interino, sino sus plazas y su puesta en práctica han resultado un cúmulo de errores y despropósitos incalificable, por parte tanto de todas las administraciones educativas.

La normativa que regula los llamados procesos de estabilización (la Ley 20/2021 y el RD 270/2022) se basa en la idea perversa de no estabilizar al personal que durante años ha trabajado en la administración educativa andaluza, realizando el mismo trabajo que el personal funcionario, sino en estabilizar las plazas que las compañeras y compañeros han estado ocupando, debido al abuso de la temporalidad de la administración educativa. Por lo tanto, es una ley que nace viciada de origen, pues, aunque se consiguiera reducir la temporalidad, lo haría a costa de los derechos del personal interino.

Debemos partir de que en Andalucía trabajan en torno a 38000 docentes interinxs, como recoge el censo para las elecciones sindicales de este mismo curso. Este dato contrasta con la oferta de plazas de estabilización del gobierno andaluz que es de 6113 para los dos procesos que se han convocado (concurso de méritos y concurso oposición extraordinario). Así, al finalizar este proceso de pseudoestabilización, continuarán trabajando en Andalucía miles de compañeras y compañeros interinos.

Para el cálculo de las plazas de estabilización, no existió la transparencia necesaria y se aplicó una interpretación enormemente restrictiva de los criterios de identificación y asignación de plazas por parte de la Consejería de Educación. Es por esto que USTEA reclamó una auditoría externa sobre estos criterios, así como sobre el número de plazas resultantes de su aplicación; la Consejería de Desarrollo Educativo y FP de Andalucía se mostró inflexible ante nuestras demandas. Algo similar ocurrió respecto a la otra clave del proceso, el diseño del baremo para el proceso por parte, en este caso, del Ministerio de Educación. Este baremo contiene criterios que consideramos ilógicos:

• Se pone límite temporal en el reconocimiento de la antigüedad docente. Un verdadero proceso de estabilización debería tener en cuenta la totalidad del tiempo trabajado como personal interino y se le daría más peso porcentual dentro del conjunto de méritos. Dichos límites temporales en el reconocimiento de la antigüedad docente, nos llevó a presentar recurso contencioso administrativo al Tribunal Supremo contra el Real Decreto 270/2022, del que aún esperamos pronunciamiento.
• Se valoran sólo las oposiciones aprobadas desde 2012, constituyendo una doble discriminación puesto que no se valoran oposiciones anteriores y por el hecho que, siendo un proceso centralizado, se debió haber tenido en cuenta que no en todos los todos territorios han existido igual número de convocatorias de oposiciones a lo largo de los años. 
• No se ha atendido nuestra demanda de que se diera mayor peso al tiempo trabajado en el territorio en el que se optaba a estabilización.
• Constituye una sinrazón que titulaciones de acreditación de idiomas, como el B2, que son válidas para las oposiciones del profesorado convocadas por la Consejería de Educación no lo son para este proceso de estabilización del profesorado.

Además, ya avisamos de las dificultades técnicas que se iban a producir y que han ido apareciendo conforme el proceso ha ido cumpliendo etapas. Un calvario al que se ha sometido al personal interino y que ha llegado a su máxima expresión la semana pasada con la publicación del baremo definitivo del Concurso Extraordinario de Méritos de aquellas administraciones educativas firmantes del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación (hay que explicar que lo conforman 13 comunidades, ya que otras como País Vasco, Cataluña o Canarias entre otras han hecho su propio proceso e interpretación normativa de la ley 20/2021 y el RD 270/2022).

En USTEA hemos identificado errores garrafales en las puntuaciones del baremo. A pesar de que advertimos a la administración de estos errores cuando se publicaron los baremos provisionales, en muchos casos, no se han enmendado y se mantienen en la resolución definitiva,aún teniendo conocimiento de los mismos:

• Nos encontramos con muchos compañeros y compañeras a las que no se les ha valorado el tiempo de servicio cuando han ocupado puestos específicos.
• Baremos en los que la suma de los apartados no coincide con la puntuación total  asignada.
• Un importante grupo de aspirantes no pudieron alegar al baremo provisional, puesto que la Consejería, a diferencia de administraciones educativas de otras comunidades autónomas también adheridas a este acuerdo, sólo permitió la consulta a aquellas personas que participaban por Andalucía como primera opción y sólo en la especialidad donde participaba. 
• En el caso de aspirantes que alcanzan la máxima puntuación en un apartado del baremo, no pudieron consultar si se habían tenido en cuenta la totalidad de los méritos alegados, cuestión ahora fundamental en caso de desempate y que no pudieron alegar, caso de ser necesario, tras la publicación del baremo provisional.

Muchas de las incidencias señaladas hubiera sido más fácilmente subsanables si la administración andaluza hubiera hecho públicos los baremos, como ocurrió en otras comunidades autónomas. Escudándose en la protección de datos, la publicación mediante consulta personalizada, impidió detectar errores e incidencias y, por tanto, la realización de alegaciones que tras la publicación de los baremos definitivos se han mostrado fundamentales.

Todavía quedan etapas en este proceso, desde USTEA tendemos la mano a las administraciones, para que, desde nuestro contacto directo con la realidad del personal interino, se mitiguen muchos de los errores que se están cometiendo y que están creando un innecesario estrés al personal participantes de este proceso.

Podríamos entender que, la posible raíz que está en la base de todos estos problemas, es la falta de personal técnico encargado de las labores de baremación e informatización de datos. En este sentido, hemos solicitado en muchas ocasiones que ajusten las plantillas acordes a un proceso de tal envergadura.

Terminar diciendo que desde USTEA seguiremos denunciando que este proceso de ninguna manera da respuesta a las justas reivindicaciones del personal interino, por lo que seguiremos trabajando, luchando y apoyando medidas reales para que la estabilización de todas las compañeras y compañeros sea una realidad.