Desde USTEA consideramos que el anuncio realizado por la Junta de Andalucía sobre la flexibilización de las ratios escolares es insuficiente y engañoso, ya que no garantiza una reducción efectiva del alumnado por aula ni afronta los problemas estructurales que padece la educación pública andaluza.

La modificación normativa anunciada se limita a permitir ajustes anuales de las ratios en función de criterios demográficos, con cifras insuficientes, ni compromisos concretos para todas las etapas educativas. La supuesta bajada se circunscribe exclusivamente al segundo ciclo de Educación Infantil y se plantea de forma progresiva, sin garantías reales ni un calendario firme más allá de declaraciones genéricas de futuro.

Desde USTEA advertimos, además, de que no se puede aplicar el mismo criterio a realidades territoriales profundamente desiguales. No es comparable una clase en zonas rurales o en las sierras andaluzas, con baja densidad de población, que un aula en áreas altamente pobladas y tensionadas como la Costa del Sol o el área metropolitana de Sevilla, donde la saturación de centros, la falta de espacios y las elevadas ratios constituyen desde hace años un problema estructural. La llamada “flexibilización” no da respuesta a estas desigualdades ni corrige los desequilibrios territoriales existentes.

Para nosotras y nosotros, el debate no puede centrarse únicamente en flexibilizar ratios sobre el papel, sino en aumentar de manera real las plantillas docentes y frenar el cierre de líneas educativas públicas, una práctica que el Gobierno de Moreno Bonilla viene aplicando de forma sistemática aprovechando el descenso de la natalidad. Reducir unidades en la educación pública mientras se mantienen o amplían conciertos educativos supone un ataque directo a la escuela pública y a su capacidad de atender adecuadamente al alumnado.

En materia de atención a la diversidad, consideramos que la medida sigue siendo claramente insuficiente, ya que no garantiza el cómputo doble del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), limitándose únicamente al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE). Esta decisión evidencia la ausencia de una apuesta seria por una educación verdaderamente inclusiva.

Desde USTEA insistimos en que el dinero público debe destinarse prioritariamente a la educación pública: a incrementar plantillas, bajar ratios de forma real y mejorar las condiciones laborales y educativas en los centros públicos. No es aceptable que, mientras se recortan recursos en la red pública, se siga financiando a empresas y patronales de la enseñanza concertada.

Reiteramos nuestra exigencia de una bajada real de ratios en todas las etapas educativas, acompañada de un aumento efectivo de plantillas, la no supresión de líneas públicas y una inversión decidida en la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo andaluz.