Desde USTEA nos oponemos a los conciertos educativos y exigimos la reversión de los mismos. La defensa de los servicios públicos es una seña de identidad de nuestro sindicato. Siempre nos hemos posicionado en contra de su mercantilización, de que las administraciones permitan que haya empresas que se lucren con ellos. En el caso de la educación, el principal mecanismo de privatización son los conciertos educativos.

La educación concertada se reguló en 1985 a través de la LODE con un gobierno del PSOE. Los defensores de esta regulación alegaban, entre otros motivos, la necesidad de completar la oferta de la educación pública. Desde entonces los conciertos han sido blindados por las sucesivas leyes educativas que hemos ido conociendo. Hasta llegar a la última, la LOMLOE, que será una oportunidad perdida para avanzar en la reversión de los conciertos educativos. Este blindaje ha ido de la mano de un incremento de la inversión, hasta el punto de que ha acaparado la mayoría de la inversión en educación de la última década en el Estado español.

De este modo, la educación privada subvencionada ha ido creciendo a costa de la educación pública, hasta el punto de que en muchas localidades la segunda se ha convertido en subsidiaria de la primera, y no al revés. Andalucía es un buen ejemplo: en capitales como Granada o Cádiz las plazas de educación obligatoria ofertadas en centros privados subvencionados suponen más del 60% respecto a las plazas en centros públicos. Este es el resultado de años de constantes recortes de líneas en centros públicos mientras se han ido abriendo en centros concertados. Un recorte que se ha dado con los gobiernos del PSOE y que se sigue produciendo con este gobierno de PP y Ciudadanos.

Ahora, el actual gobierno de Andalucía trabaja para extender los conciertos educativos a Educación Especial, FP y Bachillerato. De este modo, propiciará un impulso a la educación privada concertada mucho mayor que el que supuso el Decreto de Escolarización que llevó a todas las organizaciones sindicales a la huelga el 4 de marzo de 2020. De momento ha anunciado la potenciación de la FP privada subvencionada, lo que conducirá a más desigualdades, profundizando en la segregación del alumnado. Por otra parte, se fomentarán solo los grados que puedan ser rentables, obviando otros oficios artesanos o de desarrollo autónomo o emprendedor, también necesarios. Y desde un punto de vista laboral, conllevará más destrucción de empleo público.

¿Por qué volver a poner sobre la mesa la defensa de la educación pública y de la reversión de los conciertos educativos?

Por una cuestión de recursos públicos: los centros concertados son empresas privadas que hacen de la educación un negocio recibiendo financiación por parte de la administración, y que -sin embargo- no es accesible a todas las personas: las cuotas, que ya no son voluntarias, sirven para desanimar a las familias con menos recursos, sin mencionar gastos como los uniformes, las actividades complementarias, etc.

Por una cuestión laboral: el aumento de los conciertos educativos conlleva la eliminación de líneas en centros públicos. Esto se traduce en una destrucción de empleo público que afecta, sobre todo, al profesorado interino, pero también al personal funcionario, que puede salir desplazado de su centro de trabajo, o ver reducidas sus posibilidades de movilidad geográfica y de acercamiento al domicilio, y por lo tanto de conciliar.

Por una cuestión de calidad: los centros educativos públicos cuentan con un profesorado que ha pasado por un proceso selectivo, siempre preferible a una selección basada en la afinidad ideológica o la familiaridad con las personas titulares de los centros educativos.

Por una cuestión social: la escuela pública garantiza la transmisión no solo de conocimientos, sino de valores democráticos que permitan al alumnado conocer y conocerse, y prepararlo para vivir en una sociedad diversa. Solo en la escuela pública está garantizada la diversidad y pluralidad, frente a una educación privada y privada subvencionada que están en más del 90% están en manos de la Iglesia católica.

Por una cuestión de inclusión: la gran mayoría del alumnado de familias de nivel socioeconómico bajo, o del alumnado migrante, o con necesidades educativas especiales,  está en los centros públicos. Solo por esta razón la administración debería destinar todos los esfuerzos y los recursos a los centros públicos.

En definitiva, exigimos, por supuesto, que el dinero público se destine exclusivamente a los servicios públicos. Pero no se trata únicamente de la procedencia de los recursos, sino del modelo de sociedad al que aspiramos: más igualitaria y menos clasista, más inclusiva, más feminista. Y solo podremos avanzar en esta dirección desde la existencia de una única red de centros de titularidad 100% pública.

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