Actualización: Hace pocos minutos nos ha llegado una nota de prensa en la que Juan Marín se retracta sobre las declaraciones aquí mencionadas. Enlace a nuestra entrada aclaratoria.

Ante las declaraciones del Vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, USTEA exige explicaciones a la Consejería de Educación para que clarifique de una vez por todas cuáles son sus intenciones sobre el modo de finalización del curso y denuncia el incesante desprecio a la profesionalidad y el esfuerzo del profesorado para continuar atendiendo al alumnado.

Juan Marín ha asegurado, en una entrevista radiofónica, que el curso escolar finalizará “con normalidad”, y que “se ampliarán los plazos que se tengan que ampliar”, asegurando, además, que “si en vez de acabar el curso el 20 de junio, tiene que acabar el 20 de julio, pues no pasa nada, estaremos un mes más estudiando”. Estas declaraciones son una muestra más del continuo desprecio que desde la Consejería de Educación y desde el propio gobierno de Andalucía se viene produciendo ante el desmedido esfuerzo, dedicación y profesionalidad con el que el profesorado está respondiendo ante la situación generada por la alarma sanitaria.

Parece ser que los responsables políticos encargados de tomar decisiones para tratar de mitigar y minimizar los efectos negativos para nuestro sistema educativo como consecuencia del estado de alarma, no son capaces de comprender la realidad. La inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza están sobrepasando la jornada laboral habitual, tanto diaria como semanal, haciéndolo, además, en unas condiciones técnicas que no siempre son las más adecuadas, usando equipos propios y conexiones personales, con problemas de conciliación de la vida familiar y laboral, conviviendo en muchas ocasiones con personas afectadas por el virus, sometidos al estrés laboral que implica la enorme dificultad de intentar adaptar el trabajo docente a la realidad que estamos viviendo. El profesorado ha respondido con creces para intentar que el alumnado sufra, desde el punto de vista educativo, lo menos posible esta situación.

Desgraciadamente, no podemos decir lo mismo de la respuesta de la administración y del gobierno andaluz. Una vez tras otra se ha ido desdeñando al conjunto de los y las trabajadoras dependientes de la Consejería de Educación. Primero fueron unas instrucciones ambiguas que dejaron todo el peso a las directivas de los centros, después se suspendieron los llamamientos a través de SIPRI, contradiciendo las propias instrucciones de continuación con los procesos educativos y no comprendiendo el enorme trabajo que se está llevando a cabo al presuponer que esa labor puede ser asumida por el departamento o los equipos de ciclo, y ahora las declaraciones del señor Vicepresidente, que vienen a indicar que, para esta administración, todo este esfuerzo del profesorado no se considera “jornada lectiva”.

Es del todo inaceptable e intolerable este continuo menosprecio e insulto a la profesionalidad del profesorado. No se puede admitir bajo ningún concepto que se desprestigie ante la opinión pública de esta forma a todo un colectivo que está demostrando estar a la altura de las circunstancias. Además, desde USTEA censuramos plenamente esa actitud que parece obviar toda una serie de problemáticas que, a nuestro juicio, impiden la prolongación del curso durante julio. ¿Acaso este gobierno ha acometido ya los trabajos de bioclimatización y de mejora de infraestructuras que necesitan los centros para abrir durante el verano?, ¿pretende el señor Marín obligar al alumnado a permanecer durante horas en aulas no acondicionadas para los calurosos días del verano? Y, por último, ¿piensa este gobierno que el alumnado de todas las etapas, después de estar encerrado más de un mes en casa, necesita encerrarse un mes más en estas condiciones?

Exigimos, por tanto, que se expliquen estas declaraciones por parte de la Consejería de Educación y lo que suponen en relación a la situación laboral en la que nos encontramos. Además, exigimos también que se hagan partícipes a las familias y a los representantes de las y los trabajadores de las decisiones que se puedan tomar respectos a los aspectos que nos afectan a todos y todas, porque no tenemos constancia de que se haya consultado ni negociado nada de esto, añadiendo una humillación más al conjunto de la comunidad educativa.