Desde USTEA, queremos volver a expresar nuestra firme crítica al nuevo concierto sanitario firmado entre MUFACE y las aseguradoras privadas SegurCaixa Adeslas y Asisa, que entró en vigor el 1 de mayo de 2025. A través de este acuerdo, más de un millón de mutualistas, entre ellos, miles de personas funcionarias del sector educativo, continuaron siendo atendidas por empresas privadas que se lucran con el derecho fundamental a la salud. Este concierto es, una vez más, una muestra clara de que la sanidad no puede seguir en manos de entidades privadas cuya prioridad es el beneficio económico y no la atención a las personas. Muestra de ello es que ante dolencias crónicas o graves, las aseguradoras privadas echan a sus clientes, ya que basan su concepción de la salud en la rentabilidad, algo que para nuestro sindicato es un planteamiento inaceptable.

Consideramos absolutamente intolerable que, en un momento de crisis y desmantelamiento de los servicios públicos, el Gobierno haya seguido apostando por una sanidad privada que se nutre de recursos públicos. Con la nueva propuesta, el Estado ofrece a las aseguradoras interesadas pagarles 4.808 millones de euros, en los tres años, a cambio de dar servicios de salud a profesores, policías y otros empleados públicos. Esta oferta supone abonar un 41,2% más de prima media respecto al convenio vigente, 2021-2024. Esta situación refuerza la idea de que los intereses de grandes corporaciones sanitarias tienen más peso que la calidad y el acceso universal a la sanidad pública, que debe ser un derecho de todas las personas, sin distinción alguna.

Ante la excusa de que el sistema público no podría absorber a las personas mutualistas procedentes de MUFACE, queremos dejar claro que esto es un asunto de voluntad política. Si realmente existiera el compromiso de reforzar la sanidad pública, este obstáculo no sería tal. No se trata de una cuestión de capacidad, sino de voluntad para garantizar la calidad y la equidad en el acceso a la salud para toda la ciudadanía. Recordemos que la propia ministra de Sanidad, Mónica García, la considera una «mala noticia» pues cree que prioriza los intereses de las aseguradoras por encima de los de los ciudadanos. A pesar de ello, el gobierno aumentó el presupuesto del concierto.

Desde USTEA, defendemos que el sistema público de salud debe ser el pilar sobre el que se construya una sociedad más justa. La sanidad pública es una garantía de igualdad y justicia social. No puede ser que la salud de la población dependa de los intereses de grandes corporaciones privadas. Es urgente una inversión mayor en la sanidad pública, aumentar la partida presupuestaria destinada a la salud y garantizar que los recursos del sistema sanitario se utilicen para mejorar la atención a todas las personas, no para engordar los beneficios de empresas privadas.

En este sentido, desde USTEA, consideramos que la elección del Sistema Nacional de Salud es, no solo una cuestión de responsabilidad, sino también un acto de solidaridad con el conjunto de la sociedad, al garantizar que los recursos destinados a la salud estén al servicio del bienestar de todos y todas.

Continuamos luchando por unos servicios públicos que beneficien a todas las personas, que garanticen el derecho a la salud y que, sobre todo, estén gestionados de forma pública y transparente, sin que ningún interés privado se interponga en el bienestar de la ciudadanía. ¡Defendemos la sanidad pública!