Desde USTEA siempre hemos defendido una Red Escolar Pública Única, de titularidad y gestión pública, que cuente con todos los recursos para garantizar el derecho a la educación de todas y todos.

Esto es así porque entendemos que la Educación Pública es la única que garantiza la equidad y la cohesión social, mientras que una red dual en la que conviven centros públicos, privados y privados subvencionados con fondos públicos (concertados), tan solo contribuye a fomentar la segregación y la desigualdad educativa, desvirtuando y socavando el papel de compensación de desigualdades que ha de tener la educación pública.

En este sentido, entendemos que el nuevo decreto de escolarización introduce una serie de modificaciones que, en lugar de revertir las ya nefastas medidas que reflejaba el anterior para la educación pública, lo que hace es ahondar en un camino, ya transitado por el gobierno anterior del PSOE, de privatización y privilegios para la enseñanza privada – concertada. Sin duda, un ataque de esta magnitud a la educación pública se merece una respuesta contundente, unitaria y lo más amplia posible. Es por ello que desde USTEA hemos decidido participar en la convocatoria de huelga educativa contra este decreto que desde el marco unitario de la Plataforma Andaluza por la Escuela Pública, del cual formamos parte, se ha planteado.

No obstante, desde USTEA queremos dejar claro que la problemática en la que ahonda este decreto no es nueva. Son muchos años de políticas neoliberales, tanto desde gobiernos autonómicos como estatales de distinto signo, los que han asolado el panorama de la educación pública en el estado español, lo que ha provocado que hoy por hoy tengamos uno de los sistemas educativos más privatizados y desiguales de toda Europa.

Es un hecho que el nuevo decreto en Andalucía ha provocado el rechazo de la práctica totalidad de organizaciones que representan, de un modo un otro, a la educación pública. Todo el arco sindical del sector ha mostrado su rechazo, así como las organizaciones de padres y madres y colectivos y organizaciones estudiantiles. Es, por tanto, un decreto que no nace del consenso. Ante esta situación se establece como prioridad fundamental, para todas y todos aquellos y aquellas que creemos en la educación pública, la paralización del mismo, lo que justifica una respuesta amplia y unitaria en contra de esta nueva normativa. Siempre hemos apostado por la unidad de acción en defensa de la Escuela Pública. 

En USTEA entendemos esta prioridad, pero consideramos que el proceso de movilización que se inicia contra este decreto ha de suponer un empuje para impulsar una lucha más amplia de defensa de la educación pública y en concreto de todos aquellos aspectos referentes a la privatización a través de la utilización de fondos públicos para subvencionar centros privados. Es fundamental, por tanto, que la pelea contra este decreto se extienda hacia una lucha contra los conciertos educativos. En este sentido, llamamos a todas aquellas organizaciones sindicales, colectivos, asociaciones y demás agentes de la comunidad educativa que comparten ese horizonte a construir los procesos de movilización que permitan revertir todas aquellas políticas que han dado lugar a la actual situación de deterioro de la educación pública en beneficio de la privada – concertada.

En concreto queremos poner también la mirada sobre el gobierno central, en cuyo proyecto para la modificación de la nueva ley de educación (LOMLOE) se deja intacto el perverso concepto de la “libertad de elección de centro” y se sigue hablando de un sistema educativo compuesto por agentes públicos y privados, perdiendo la oportunidad de por un lado, denunciar y derogar los antidemócraticos acuerdos concordatorios con el Vaticano junto a la anulación de los suscritos con otras confesiones religiosas y por otro, poner coto a las ansias de negocio que pretenden convertir la educación en un mercado, soslayando la oportunidad para establecer la subsidiariedad de la red concertada frente a la pública como primer paso para avanzar hacia una supresión progresiva de la financiación pública de los centros privados subvencionados con fondos públicos y extinguir los mencionados acuerdos confesionales en la Educación Pública.

Andalucía, 20 de febrero de 2020