USTEA ante el Informe PISA: la Educación pública andaluza no cabe en un ranking

8 de septiembre de 2026
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Ante la publicación de los nuevos resultados del Informe PISA, USTEA considera necesario alejarse de los titulares fáciles, de las clasificaciones entre territorios y de la utilización de unas puntuaciones numéricas como supuesto termómetro de la calidad de nuestro sistema educativo.

Los datos publicados sitúan a Andalucía por debajo de la media estatal en las tres competencias analizadas: 442 puntos en Matemáticas, 441 en Lectura y 462 en Ciencias, frente a los 457, 451 y 477 puntos respectivamente de la media española.

Para USTEA, estos resultados no pueden ser ignorados, pero tampoco pueden interpretarse como un boletín de notas de la Educación pública andaluza. PISA no refleja la complejidad de nuestras aulas ni permite reducir la calidad de un sistema educativo a tres puntuaciones y un puesto en una clasificación.

PISA se parece demasiado a un estudio de mercado y demasiado poco a nuestras aulas

PISA está elaborado por la OCDE, una organización de naturaleza fundamentalmente económica, y responde a una determinada concepción de la educación basada en la medición, la comparación internacional, la eficiencia y la competitividad.

Desde hace años existen importantes críticas académicas y educativas a este modelo. Se ha señalado que la lógica de PISA introduce en la Educación pública una perspectiva neoliberal que tiende a interpretar la educación como una inversión vinculada a las necesidades económicas y laborales, dejando en segundo plano dimensiones fundamentales que difícilmente pueden convertirse en una puntuación: la convivencia, la inclusión, la creatividad, el pensamiento crítico, la educación artística, la participación democrática, la igualdad o la capacidad de transformar la sociedad.

En este sentido, desde USTEA Enseñanza compartimos la posición defendida históricamente por la Confederación de STEs: PISA no es un boletín de notas.

No podemos aceptar que una prueba realizada a una muestra de alumnado de 15 años termine convirtiéndose mediáticamente en una calificación global del alumnado, del profesorado o de todo el sistema educativo andaluz.

Porque la educación no es un mercado, el alumnado no es un producto y los centros educativos no son empresas que deban competir entre sí por ocupar una mejor posición en un ranking.

Andalucía no puede analizarse al margen de su realidad social

Especialmente preocupante nos parece utilizar PISA para establecer comparaciones entre comunidades autónomas sin colocar en primer plano sus enormes diferencias económicas, sociales y territoriales.

No se puede hablar seriamente de resultados educativos en Andalucía sin hablar de pobreza infantil, desigualdad social, desempleo, condiciones socioeconómicas de las familias, segregación escolar o diferencias entre zonas rurales, barrios populares y territorios con mayores niveles de renta.

Incluso la propia lógica de PISA reconoce la importancia del contexto socioeconómico en los resultados. Por eso resulta profundamente simplificador presentar una clasificación territorial y concluir de ella que unos sistemas educativos son simplemente “mejores” que otros.

Un ranking puede decirnos qué puntuación obtiene un grupo de alumnado en una determinada prueba. Lo que no puede decirnos por sí solo es qué escuela transforma más la realidad de su alumnado, cuál compensa mejor las desigualdades de partida o qué profesorado realiza un mayor esfuerzo educativo en contextos sociales especialmente complejos.

Si queremos hablar de la educación andaluza, hablemos de sus problemas reales

Desde USTEA Enseñanza creemos que la Junta de Andalucía no debería utilizar estos resultados para responsabilizar al alumnado, a las familias, al profesorado o a determinadas metodologías educativas.

Si queremos evaluar la situación de la educación andaluza, hagámoslo mirando también aquello que PISA no convierte en ranking.

Hablemos de las más de 2.700 unidades educativas públicas que se han perdido durante los últimos años en Andalucía.

Hablemos de las más de 400 aulas públicas cerradas únicamente durante el último curso, mientras se mantienen y amplían conciertos educativos.

Hablemos de las ratios, de la falta de profesionales de Orientación, PT, AL y PTIS, de las necesidades educativas especiales insuficientemente atendidas, de las sustituciones que tardan en cubrirse, de la burocracia que ahoga al profesorado, de las infraestructuras deficientes y de centros educativos donde alumnado y trabajadores y trabajadoras soportan temperaturas incompatibles con unas condiciones adecuadas de enseñanza y aprendizaje.

Hablemos también de inversión educativa, de estabilidad de las plantillas, de reducción del horario lectivo y de cuánto dinero público destinamos realmente a compensar las desigualdades sociales.

Esa es la realidad cotidiana de la educación pública andaluza. Y esa realidad no aparece reflejada cuando todo el debate educativo se reduce a tres cifras y una clasificación.

Evaluar sí; convertir la educación en una competición, no

USTEA no rechaza la evaluación del sistema educativo. Todo lo contrario. Una eEducación pública de calidad necesita evaluación, diagnóstico y análisis para detectar problemas y mejorar.

Pero defendemos una evaluación pública, integral, contextualizada y orientada a la mejora, que tenga en cuenta las condiciones sociales del alumnado, los recursos disponibles, las necesidades de los centros y la capacidad del sistema educativo para compensar desigualdades.

Una evaluación que sirva para decidir dónde hacen falta más docentes, dónde hay que bajar ratios, dónde se necesitan profesionales de atención a la diversidad y qué centros requieren una mayor inversión.

No una evaluación utilizada como un campeonato entre países y comunidades autónomas.

Porque Andalucía no necesita subir puestos en un ranking para poder presumir de educación. Necesita invertir decididamente en su escuela pública.

Desde USTEA Enseñanza seguiremos defendiendo una educación entendida como derecho público y herramienta de igualdad y transformación social, no como una mercancía sometida a indicadores de productividad y competitividad.

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