La encuesta, realizada entre los días 27 de mayo y 10 de junio, ha recogido la valoración sobre el teletrabajo en cuestiones referentes a la brecha digital, condiciones laborales, situación del alumnado y aspectos docentes y educativos, para concluir que la mayoría del profesorado encuestado cree que este sistema no puede sustituir a la docencia presencial.

Tras la finalización del periodo lectivo y, por tanto, el fin de la docencia no presencial en los centros educativos andaluces, USTEA ha querido hacer públicos los datos de la encuesta realizada al profesorado sobre las condiciones del teletrabajo. En cuanto a la problemática de la brecha digital, la encuesta refleja una preocupante realidad: más del 22% del profesorado encuestado manifiesta haber detectado a un 40% o más de su alumnado desconectado durante todo este periodo de interrupción de la docencia presencial. Por otro lado, un porcentaje superior al 19% de los docentes declara no tener los medios tecnológicos propios adecuados para realizar su trabajo de forma adecuada, elevándose esta cifra al 40% en el caso de la formación sobre docencia online. Además, la utilización de plataformas privadas como Google Classroom (55’4%) es mucho más elevado que el el uso de las plataformas propias como el cuaderno de Séneca (19%), con todo lo que ello supone en cuanto a la vulnerabilidad de la privacidad. En este sentido, desde USTEA se viene reclamando la implementación de plataformas propias lo suficientemente idóneas para el trabajo docente.

La situación no mejora respecto a las condiciones laborales del profesorado durante este periodo. Más del 90% de los y las encuestadas declara haber sufrido un incremento de la carga de trabajo y del estrés, ansiedad, dolor de espalda, dolores de cabeza, etc., lo cual queda de manifiesto al comprobar que en torno al 60% la jornada laboral media se ha visto incrementada a diez o más horas al día. Para este sindicato es especialmente preocupante, y así se ha denunciado en numerosas ocasiones, el abandono por parte de la Consejería de Educación de sus trabajadores y trabajadoras en materia de salud laboral y prevención de riesgos laborales, como queda de manifiesto el desconocimiento generalizado por parte de la mayoría del profesorado sobre el formulario de evaluación del puesto de trabajo que la propia consejería elaboró, quedando evidenciado el nulo interés por llevar a cabo esta medida de forma adecuada y coordinada. Desde USTEA se ha exigido poner fin a la infradotación en técnicos de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) y la constitución de del Comité Sectorial de Salud Laboral, fruto de un acuerdo de 2015 y aún sin constituir, recibiendo nula respuesta por parte de la administración educativa. En este sentido, el sindicato manifiesta que será inflexible en cuanto a la exigencia del cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, al considerar irrenunciable la salud en el trabajo, más aún en las actuales circunstancias.

En cuanto a los elementos relacionados estrictamente con la docencia, en torno al 50% de los y las encuestadas señala haber tenido bastantes o demasiadas dificultades para la adaptación de las programaciones a la nueva situación, porcentaje que se incrementa hasta el 60% en el caso de la adaptación de los instrumentos de evaluación. De la misma manera, las respuestas recibidas arrojan una rotunda y contundente realidad en cuanto a las dificultades para una correcta atención a la diversidad y del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. En definitiva, la mayoría del profesorado manifiesta claramente que este sistema de docencia no puede sustituir a la enseñanza presencial.

Para USTEA, los resultados de esta encuesta ponen de manifiesto que, aún entendiendo la excepcionalidad de la situación, desde las administraciones educativas se podría haber hecho mucho más para responder a una situación como la generada. Teniendo en cuenta esta realidad, desde esta organización se viene reclamando la elaboración de un plan de contingencia, con la participación de la comunidad educativa y las organizaciones sindicales, que permita minimizar los impactos negativos sobre el sistema educativo que ha traído consigo la interrupción de la docencia presencial en el caso de que la situación sanitaria volviese a obligar a esta medida. En cualquier caso, también es imprescindible que se tomen todas las medidas para garantizar lo máximo posible la docencia presencial. En este sentido, es incomprensible e intolerable que la administración educativa esté planificando el curso 2020/21, como ya hizo el curso anterior, con una ratio ilegal en muchas aulas, suprimiendo unidades públicas, precisamente cuando sería más necesario que nunca disminuir el número de alumnado en cada aula, tanto desde un punto de vista sanitario como desde la perspectiva de poder atender las necesidades derivadas de los aprendizajes no adquiridos y las deficiencias en atención a la diversidad durante el final del presente curso.

Andalucía, 24 de junio de 2020