Cómo no podía ser de otra manera y ante las presiones recibidas por el conjunto de la comunidad educativa, el Vicepresidente de la Junta de Andalucía se ha tenido que retractar de las declaraciones realizadas en el día de ayer y sobre las que desde USTEA hemos publicado nuestro más profundo rechazo (enlace). 

En una nota de prensa Juan Marín ha querido enmendar la desfachatez del día anterior con unos comentarios poco creíbles y tratando de trasladar el centro de la polémica a “falsas interpretaciones que no se corresponden con sus declaraciones”. Una vez más, ni siquiera para retractarse, este gobierno deja de despreciar al conjunto de la comunidad educativa. Sus declaraciones fueron claras y no se corresponden a un error de interpretación el revuelo creado.

En la nota de prensa mencionada se asegura que el curso terminará “en las fechas ordinarias”, añadiendo, además, que cualquier cambio se hará de forma consensuada con el sector, insistiendo en que el gobierno andaluz “siempre busca el máximo consenso con todas las personas implicadas en cada uno de los sectores en su toma de decisión”. En este sentido, nos parece un auténtico despropósito hacer afirmaciones de este tipo ya que si algo caracteriza a esta administración es la de ignorar reiteradamente la voluntad de la comunidad educativa, tal y como sucedió con la aprobación del polémico decreto de escolarización. 

En cualquier caso, desde USTEA animamos a que todas las medidas que, derivadas de la situación de estado de alarma, se tengan que tomar sean consensuadas con los afectados, ya sean las familias o los representantes de las y los trabajadores del sector. 

Por último, señalar la incongruencia que supone el agradecimiento público a los trabajadores y trabajadoras docentes, también señalado por Marín en la nota de prensa y anteriormente manifestada por el Consejero de Educación en una carta remitida a la comunidad educativa (enlace), al mismo tiempo que se escatiman esfuerzos desde la administración al paralizar las sustituciones docentes a través de SIPRI.  

Andalucía, 30 de marzo de 2020