El Parlamento Europeo ha votado con una amplia mayoría que la Unión Europea siga una serie de líneas rojas en el Acuerdo de Comercio de Servicios (TISA, en sus siglas en inglés). La Comisión Europea espera terminar las negociaciones con 22 países, entre ellos EEUU, México, Colombia o Australia, hasta finales de este año.
Con TISA, que se negoció al margen de otros tratado de libre comercio como el TTIP, se pretende liberalizar el sector de servicios para que las empresas de un país puedan operar con más facilidad en otro. Al igual que ocurre con el TTIP, los críticos temen que esta mayor competencia iría en detrimento de derechos y estándares y socavaría el Estado del bienestar en los países más desarrollados.
Los europarlamentarios han decidido que TISA no incluya servicios públicos en el ámbito de la Educación, la Sanidad, el agua o las basuras. Asimismo, se deben mantener los estándares medioambientales y laborales, estos últimos según criterio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). También se exige respetar la protección de datos vigente en Europa.
Aun con estas restricciones, partidos de la izquierda europea, entre ellos Podemos e Izquierda Unida, votaron en contra de la moción, aprobada con los votos de los conservadores, socialistas y liberales, entre otros. Para la izquierda, TISA sigue dejando demasiado margen para la liberalización del sector de servicios. Además, estos partidos critican la opacidad con la que se están llevando a cabo las negociaciones, muy similar a la que caracteriza al TTIP.
Activistas de la campaña #NoalTTIP han criticado el acuerdo en sus redes sociales. “PSOE, C’s, PP a favor del TiSA, otro ataque a los servicios públicos y derechos laborales”, ha dicho Tom Kucharz, también miembro de Ecologistas en Acción, en su cuenta de Twitter.
A favor de la moción votaron 531 diputados y diputadas, 131 lo hicieron en contra y hubo 36 abstenciones.
“Si se hace caso a nuestras recomendaciones, TISA podría dar más derechos a nuestros ciudadanos en casa y eliminar obstáculos para nuestras empresas en el extranjero”, dijo la eurodiputada del Partido Popular Europeo y autora del texto, la excomisaria luxemburguesa Viviane Reding. “Si no, el Parlamento ejecutará su veto sin dudar”.
Fuente: Iniciativa Debate La otra información