SALUD LABORAL: USTEA exige regular el permiso por alertas meteorológicas y un protocolo claro para los centros educativos

USTEA ha registrado hoy, 4 de marzo, tanto a nivel andaluz como en cada una de las provincias, un escrito dirigido a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en el que exigimos la convocatoria inmediata de una reunión entre sindicatos y Administración para regular el permiso por alertas meteorológicas y establecer un protocolo claro de actuación que garantice la seguridad y la correcta información de docentes, familias y alumnado.

Aunque existe una regulación a nivel estatal introducida tras la DANA en el Estatuto de los Trabajadores, que contempla hasta cuatro días de permiso por emergencias climatológicas, su aplicación al profesorado andaluz requiere incorporarse de manera explícita a la Circular de Permisos y Licencias que regula las condiciones del personal docente. Desde USTEA consideramos imprescindible que esta medida se concrete normativamente para que el profesorado pueda ejercer sus derechos de forma efectiva y segura, evitando improvisaciones que pongan en riesgo su salud y la del alumnado.

La necesidad de un protocolo claro se ha hecho especialmente evidente en episodios recientes, como el denominado “tren de borrascas”, que mantuvo en vilo durante días a buena parte de la comunidad educativa andaluza. En muchos casos, centros educativos y familias recibieron notificaciones sobre la apertura o no de los centros bien entrada la madrugada, generando confusión e incertidumbre.

Desde USTEA entendemos que en un sector tan amplio y esencial como el educativo resulta imprescindible mejorar los mecanismos de comunicación y clarificar las actuaciones ante fenómenos meteorológicos adversos. El profesorado, el alumnado y sus familias merecen información precisa, coordinación efectiva y garantías de seguridad ante cualquier alerta.

Por ello, hacemos un llamamiento a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para que convoque de manera urgente a las organizaciones sindicales y se establezcan normas claras, homogéneas y garantistas que protejan a toda la comunidad educativa andaluza.

La seguridad del profesorado y del alumnado no puede seguir dependiendo de decisiones improvisadas ni de la ambigüedad normativa.

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