Esta mañana USTEA ha mantenido una reunión por videoconferencia con el Consejero y la Viceconsejera de Educación y Deporte para estudiar medidas organizativas de cara a la finalización del curso.

Al inicio de la reunión, el consejero Imbroda ha manifestado que cualquier movimiento en el sentido de retomar la actividad docente presencial en los centros educativos se regirá por dos principios:

1. La garantía  de la seguridad de los profesionales y la provisión de las medidas de protección y de higiene.
2. Los centros educativos no tienen carácter asistencial.

A continuación ha expresado que están en la línea de no retomar la actividad presencial en los centros hasta septiembre y su voluntad de conocer tanto la opinión de las organizaciones sindicales en relación a las medidas a adoptar hasta final de curso como nuestro punto de partida para la negociación en la Mesa Sectorial correspondiente, que convocarán a la mayor brevedad.

En el transcurso de la videoconferencia ha manifestado la Viceconsejera que Andalucía tiene la competencia exclusiva en Educación y que la decisión sobre la reincorporación o no a las aulas se toma en nuestra Comunidad. Asimismo manifiesta que ampliar la reescolarización a otros grupos y niveles distintos de los previstos por el Gobierno es solo uno de los escenarios posibles.

Asimismo, la Viceconsejera nos comunica que van a proceder a levantar la suspensión de los plazos de los procedimientos, fundamentalmente, los plazos de escolarización, a partir del 11 de mayo. La idea es hacerlo por Decreto Ley, para ajustar los procedimientos, y poder llegar a tiempo para la planificación del curso que viene. En principio, serán con tramitación telemática, que será simultánea con la presencial si finalmente se abren los centros para labores administrativas a partir del día 11 de mayo.

En el turno de USTEA hemos manifestado nuestra oposición rotunda a la reanudación de la actividad presencial en los centros y nuestra propuesta de que esto no tenga lugar hasta septiembre, con un diagnóstico actualizado de la situación de la epidemia y la garantía de las medidas sanitarias y de seguridad y salud laboral.

Esta posición la hemos argumentado con razones de diversa índole:

• Razones sanitarias: 
  • Hay una práctica unanimidad en la comunidad científica sobre la inconveniencia de la reincorporación del alumnado a las aulas.
  • No hay evidencias científicas que hagan suponer que la población escolar es un foco menos infectivo que las personas adultas, solo es una población menos testada y que presenta cierta sintomatología diferente.
  • Hay estudios (una encuesta del instituto Louis Pasteur) que señalan una alta incidencia de la COVID entre el personal docente.
  • A la potencialidad como foco de contagio del alumnado se une la diversidad y la cantidad de las relaciones sociales y los contactos múltiples que se establecen.
  • La precariedad sanitaria de nuestros centros educativos es evidente: no hay siquiera suficientes puntos de agua, por no hablar de personal de atención sanitaria o recursos materiales.

• Razones sociales:
  • La necesidad asistencial no debe recaer en el sistema educativo. Habría que estudiar otros mecanismos para atender esta necesidad.
  • No se puede argumentar una supuesta labor en favor de la igualdad de oportunidades del alumnado más vulnerable o que haya podido quedar desfasado en la enseñanza online, puesto que la propia voluntariedad de la medida lo contradice, un carácter voluntario que más bien responde a la evasión de responsabilidades por parte de la Administración en caso de contagio.
  • Realizar el proceso con todas las garantías supone un esfuerzo titánico en recursos materiales y en dotación de personal para conseguir reanudar unas escasas semanas de actividad docente en el mejor de los casos.

• Razones pedagógicas:
  • El aprovechamiento pedagógico de la reanudación de la actividad docente presencial sería bastante exiguo.
  • Los objetivos prioritarios en la actualidad son los de recuperación física y emocional del alumnado antes que la continuación del desarrollo curricular.
  • La vuelta a las aulas en los plazos y condiciones conocidas puede suponer una doble o triple jornada laboral del profesorado, para atender la enseñanza online y la presencial en grupos divididos.
  • No hay una previsión de apoyo específico para alumnado que presente situaciones de estrés, miedo, pérdidas, violencia, abusos, inadaptación a las restricciones de interacción social…

Por todo lo cual, USTEA ha reiterado su oposición a la reanudación de la actividad docente presencial y se han lanzado algunas propuestas:

• Continuar negociando en Mesa Sectorial las medidas a adoptar desde ahora hasta el final del curso.
• Elaborar un plan conjunto con otras administraciones (Aytos., Servicios de atención a la dependencia, Diputaciones…) para la atención a las necesidades de conciliación de las familias y otras cuestiones socioeconómicas urgentes.
• Elaborar un plan de acción para el inicio del próximo curso.
• De ponerse en marcha el Plan Estival, al que USTEA ya se opuso el pasado curso, este debe de estar desprovisto de todo carácter académico o de recuperación.
• Impulsar de nuevo el acuerdo estatal en unos criterios mínimos comunes y establecer acuerdos locales para su desarrollo y la implementación de medidas complementarias.
• Establecer un calendario de las actuaciones del sistema educativo que restan o están en proceso: escolarización, pruebas de acceso a ciclos, etc.

Si finalmente la decisión fuera la reincorporación a la actividad presencial desde USTEA exigimos:

• La constitución del Comité Sectorial de Seguridad y Salud de la CEyD, así como los respectivos comités de las Delegaciones Territoriales y la designación de responsables en los centros educativos.
• Máximas garantías sanitarias, tanto en equipos de protección como en pruebas de detección o medidas de higiene y desinfección.
• Definición de los grupos de riesgo (personas mayores de 60 años, embarazadas, que hayan convivido con personas que hayan dado positivo en COVID, etc.)
• Previsión de medidas de apoyo específico para el alumnado más vulnerable, el de NEAE, la escuela rural y el transporte escolar.
• La adopción de medidas de organización escolar que garanticen la formación de grupos reducidos y la minimización de contactos: reducción de la ratio al 25-30% de la actual, dotación de personal docente de refuerzo que haga posible la atención presencial del alumnado y la enseñanza online, la colocación de barreras físicas y otras medidas de seguridad como itinerarios separados, horarios alternos, etc.