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Resolución PLENO FEDERAL DE USTEA, ante el acuerdo de 2 de junio de 2016
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El 2 de junio de 2016, se acaba de firmar un acuerdo entre la Junta de Andalucía y los sindicatos CSIF, CCOO y UGT, que, en palabras de la administración andaluza, “abre un horizonte positivo de recuperación en la calidad de los servicios públicos y de creación de empleo”. En la misma línea, grandilocuente y retórica, la presidenta Díaz señala: “hoy hemos cumplido”.
El sindicato USTEA, reunido en su Pleno Federal, quiere hacer pública la presente RESOLUCIÓN, en un ejercicio responsable de información y análisis, valorando, mediante una lectura política y sindical, el alcance de este acuerdo.
1.- USTEA interpreta que la Presidenta Díaz, con la colaboración de los sindicatos firmantes, trata de confundir a la ciudadanía andaluza, cuando identifica la firma del citado acuerdo con “cumplir”. Cumplir no es precisamente firmar un acuerdo, como diseñar un puente, no es construir un puente. La gran noticia no es, en ningún caso, la firma de un acuerdo, y menos cuando se fía tan largo el cumplimiento de lo acordado. USTEA se propone seguir reivindicando y actuando sindicalmente, para recordar a los alegres y optimistas firmantes de una y otra parte, así como a la Presidenta Díaz y a su gobierno, que se “habrá cumplido” cuando todos y cada uno de los 260.000 trabajadoras y trabajadores de la Administración Pública andaluza hayan recuperado los derechos perdidos, unos a manos del gobierno estatal y otros a manos exclusivas del gobierno andaluz.
2.- El acuerdo se declara una extensión del de 16 de julio de 2015, gracias al cual, las y los empleados públicos andaluces hemos recibido solo el 25% de la paga extra que se nos había sustraído por el gobierno central. Mientras tanto, en la mayoría de las Comunidades Autónomas, las y los empleados públicos han cobrado la totalidad de lo adeudado y hace incluso un año que cobraron este 25%. Es más, gracias a los mismos sindicatos firmantes, ni en el acuerdo anterior ni en el presente, se ha incluido la recuperación del tramo autonómico de las pagas extras de 2013 y 2014, detraídas en exclusiva a los empleados y empleadas públicas andaluzas. Al parecer, para los sindicatos firmantes, la devolución de lo recortado es reivindicable solo en función de quien recorta.
Visto que la cercanía de un proceso electoral trae aparejado un acuerdo, quizás haya que esperar a ver si, dadas las circunstancias, con el próximo acuerdo, tienen a bien considerar cuándo y cómo devolver estas cantidades, algo que USTEA va a seguir exigiendo con rotundidad, junto a los trabajadores y trabajadoras de la Administración pública andaluza.
3.- USTEA no acepta que los derechos perdidos de las y los empleados públicos se identifiquen exclusivamente con aquellos que los firmantes del acuerdo nombran. En un nuevo intento de manipulación, se elimina toda referencia a los derechos perdidos a manos del gobierno andaluz y del partido que lo sustenta.
Desde USTEA, denunciamos muy especialmente, que el acuerdo de 2 de junio no contenga ni una sola medida que garantice la recuperación de empleo público. Excepto la alusión, vaga e imprecisa, en el punto 2, en relación a la recuperación del horario semanal de 35 horas, a que “las partes entienden que esta medida, adecuadamente implantada en el sector público andaluz, permitirá la creación de empleo”. Pero las partes no han tenido ni el rigor ni la decencia política y sindical de explicitar, al menos, que entienden por “adecuada implementación”, ni la elaboración de un calendario, siquiera sea a tan largo plazo como el acordado, para recuperar y afianzar el empleo público, de modo que se admita al personal despedido y se aleje de la precariedad a los servicios públicos y a una buena parte de sus trabajadoras y trabajadores. Por no exigir, ni siquiera se han acordado de exigir la aplicación real del 100% de la tasa de reposición en los sectores prioritarios, y del 50% en el resto, algo ya permitido por el gobierno central, pero sistemáticamente ignorado por el gobierno andaluz.
4.- En cuanto al calendario, la recuperación completa de lo contemplado en el acuerdo se fía a 2019. USTEA quiere recordar que los recortes se hicieron de un tajo, por lo que no aceptamos que lo que se quitó de golpe se devuelve en diferido y con un aplazamiento de 3 años. A esto es a lo que la Presidenta Díaz, con su habitual retórica, llama un “horizonte positivo”.
5.- USTEA denuncia lo que este acuerdo no tiene. Todo acuerdo, para ser creíble y factible, debe incluir una memoria económica, en la que se cuantifique el coste de lo acordado y en la que se haga referencia explícita a las partidas presupuestarias que lo soportarán.
Del mismo modo, el acuerdo tampoco contempla medidas transitorias, que muestren el compromiso de la Administración de cumplir lo acordado, así como la constatación de que el acuerdo no es un trágala. En este sentido, lo único que recibirán las y los empleados públicos andaluces, en 2016, cuando acumulamos un retraso de un año, es un nuevo 25% de la paga extra de 2012 y, a quienes corresponda, 2 días adicionales de vacaciones. Nos preguntamos en qué partida presupuestaria estaba incluido este 25% de la devolución. Y, si no está contemplada presupuestariamente, de dónde se sacará el dinero. Al parecer, esto tampoco ha inquietado a los alegres y optimistas firmantes.
6.- USTEA rechaza y denuncia la actitud triunfalista y tramposa de las organizaciones sindicales firmantes, que intentan hacer creer a las y los empleados públicos andaluces que el presente acuerdo es fruto de “sus” movilizaciones. De este modo, pervierten el sentido legítimo de la movilización de las y los trabajadores, en pos de sus derechos, identificándola con concentraciones de liberadas y liberados sindicales, perfectamente planificadas, en las que se agitan banderas y se hacen selfies, para asegurarse un espacio mediático.
USTEA ha sido la única organización sindical que ha entregado, en noviembre de 2015, 15.000 firmas en el Parlamento de Andalucía, recogidas en un tiempo record, en apoyo de la recuperación de los derechos económicos, laborales y sociales que han ido perdiendo las y los empleados públicos andaluces, claramente discriminados respecto a los de otras comunidades autónomas. Del mismo modo firme y en el mismo sentido, exigimos, en nuestra comparecencia en la Comisión de Presupuestos, que las devoluciones se contemplaran en su totalidad, y de manera clara y precisa, en los presupuestos de 2016.
EN RESUMEN, USTEA considera que devolver a las y los trabajadores de la Administración pública andaluza lo que legal y legítimamente les corresponde, mediante un acuerdo tan pobre y poco ambicioso, solo puede interpretarse en términos de demagogia y oportunismo político. Desde luego que las y los empleados públicos andaluces deben ser tratados dignamente y les debe ser devuelto lo sustraído, tanto a nivel económico como social y laboral, y nos alegramos de que así sea. Pero no de esta forma cicatera, en cómodos plazos y siempre en función de “las posibilidades reales que permite el necesario equilibrio presupuestario”.
Lo cierto es que, con este acuerdo, el gobierno andaluz se asegura la “paz social”, con o sin la Presidenta Díaz a la cabeza, hasta las nuevas elecciones andaluzas, que coincidirán, presumiblemente, con el final del calendario de devoluciones acordado. Esta “feliz” coincidencia, qué duda cabe, procurará réditos en votos contables para el partido en el poder y sus colaboradores necesarios.
Respecto a los sindicatos firmantes, no han tenido impedimento alguno en aceptar, de manera acrítica y sumisa, el discurso sobre los recortes que viene difundiendo la Administración andaluza, desde la publicación de la Ley 3/2012, llamada de manera perversa “de reequilibrio presupuestario”. Por eso, ni siquiera se nombran los recortes efectuados en exclusiva por el gobierno andaluz. Es más, en el preámbulo del acuerdo, adjetivan su actuación sindical frente a los recortes como leal y corresponsable, lo que es tanto como decir que, en el proceso de recortes feroces contra la ciudadanía andaluza, ellos han sido partícipes y consentidores. Y eso es precisamente lo que se les premia en este acuerdo, haciéndolos aparecer como los únicos y exclusivos hacedores del mismo y dándoles la ocasión de que orquesten una puesta en escena, con la que intenten borrar las huellas de su sumisión. Quid pro quo.
Está por ver si, las empleadas y empleados públicos andaluces, llegado el momento, con la pérdida de sus derechos sociales y laborales, habrán perdido también la memoria.
En Andalucía, a cinco de junio de 2016.
ANEXOS