El anuncio de la entrada en vigor de un nuevo Real Decreto por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la Educación no Universitaria, vuelve a poner de manifiesto la desconsideración que ejerce, prácticamente de forma continua, el Ministerio de Educación hacia el profesorado y sus representantes. Habiendo tenido una Mesa de negociación el lunes, día 28 -el día previo al anuncio de este nuevo Real Decreto- es impresentable que no se dijese nada. La mínima cortesía exige que se nos hubiese, al menos, informado, cuando no negociado los aspectos incluidos en esta nueva ley. Con todo ello demuestran un desprecio hacia las organizaciones sindicales representativas del profesorado impropio de un Ministerio que forma parte de un gobierno teóricamente progresista y de izquierdas.

El contenido del Real Decreto tampoco mejora las cosas. Varias son las novedades que nos llenan de preocupación, ya que se exime al profesorado que ocupe plazas derivadas directamente de las medidas necesarias para hacer frente a la pandemia de la COVID 19, de la formación pedagógica necesaria para impartir docencia (Máster de Educación, antiguo CAP, y equivalentes). Desde USTEA entendemos que esta postura que degrada el trabajo docente, en la medida que establece que para ejercer esta profesión basta con tener los contenidos teóricos de la asignatura o área en la que se imparte docencia, pero sin tener ningún tipo de formación pedagógica; este sinsentido lo puede entender perfectamente la opinión pública: se puede ejercer la docencia sin tener conocimientos de pedagogía, didáctica, psicología, legislación escolar, etc. Si este asunto hubiese sido negociado con las organizaciones sindicales se podían haber acordado medidas excepcionales, como por ejemplo: asegurar unos cursos de formación pedagógica obligatoria organizados por las administraciones educativas a lo largo del año para todo este personal docente; pero ni siquiera esto.

Por otra parte, se prorroga el actual sistema de acceso transitorio a la función pública docente mediante el cual se hicieron las ofertas de empleo público docente de 2017 y 2018 que se ejecutaron en las oposiciones convocadas en 2018 y 2019. Es evidente la falta de voluntad política del Ministerio de Educación a la hora de abordar un asunto como es el acceso a la función pública docente, las ofertas de empleo público y su directa relación con la consolidación del empleo interino. El sistema de acceso que está prorrogando es el que puso en su día el gobierno del Partido Popular en 2017. Queremos recordar que en aquel momento la Confederación de STEs-i, de la que forma parte USTEA, criticó esta medida del Gobierno de Rajoy y que entonces el PSOE, en la oposición política, se posicionó también en contra de este sistema, comprometiéndose a cambiarlo en el momento en el que estuviesen gobernando, incluso llegó a proponer medidas como suprimir el carácter eliminatorio de las pruebas que conforman la oposición; presentó una PNL en el Congreso de los Diputados, etc. Ahora continúan con el mismo sistema que criticaba hace tres años y que la Confederación de STEs-i, de la que forma parte USTEA, también criticamos (entonces y ahora) porque no arregla el problema de decenas de miles de interinos e interinas que ven peligrar sus puestos de trabajo y que corren el peligro de quedar fuera del sistema educativo por mucho tiempo cuando no de forma definitiva.

Asimismo, se establece en el Real Decreto según lo anunciado tras el Consejo de Ministros, que se deja en manos de las administraciones educativas, es decir, de las Consejerías de Educación de las CC.AA., la posibilidad de modificar los criterios de evaluación, promoción y titulación. Se trata de una medida, tal y como está redactada, enormemente polémica. Seguramente que puede haber un consenso general a la hora de admitir que con motivo de la pandemia se flexibilicen (“abrir la mano” en términos coloquiales) todos los criterios que tienen que ver con la evaluación, la promoción y la obtención de títulos académicos. El problema está en que el Ministerio, haciendo otra vez gala de su falta de liderazgo, traslada a las CC.AA. una competencia que, en lo que estrictamente tiene que ver con la promoción y la titulación, es suya. Dejarlo en manos de las CC.AA. lo único que genera es una gran confusión normativa y una inseguridad jurídica enorme en un terreno tan sensible como es éste. Pensemos por un momento que en una comunidad autónoma el criterio a la hora de obtener el título de graduado en ESO o en Bachillerato es uno, y en otro territorio es otro; o que la repetición de curso en unos territorios se hace con un número de asignaturas suspensas y en otros territorios con un número mayor o menor… Ya a lo largo del curso pasado el Ministerio dictó indicaciones en este mismo sentido (entonces eran sólo recomendaciones que no se sustanciaron en una norma de ningún rango legal). En realidad, lo único que generó con aquello fue un lío monumental sin ningún efecto práctico, excepto la confusión que provocó en la opinión pública a la que se hizo creer que iba a haber una mayor flexibilidad en todo lo relativo a evaluación, promoción, etc. que luego no se sustentó en ninguna norma legal autonómica sino en el voluntarismo del profesorado. Nos tememos que ahora vuelva a pasar lo mismo.

Por último, se suprimen las evaluaciones finales de Primaria y ESO; y se hace no transitoriamente mientras dure la pandemia, sino con carácter permanente. En el caso de la ESO, al derogar con carácter permanente el artículo 29 de la LOE implicaría, según nuestra interpretación, la vuelta a la evaluación continua y el fin de la prueba final tanto ordinaria como extraordinaria (la que en unos territorios se hacía en junio y en otros en septiembre). Es la única buena noticia que trae este Real Decreto-Ley. Se pone fin, y con carácter permanente, a las pruebas finales de Primaria y ESO que siempre valoramos muy negativamente desde el punto de vista pedagógico. En el caso de la ESO era doblemente polémica por el hecho de que tuviese dos convocatorias anuales (ordinaria y extraordinaria) con lo que esto implicaba de introducción de elementos de complejidad organizativa en la vida de los centros.

Andalucía, 1 de octubre de 2020