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Cuando queda algo más de un mes para que acabe el curso, buena parte de los centros docentes, especialmente los institutos, no han recibido la tercera de las entregas que la Consejería de Educación debe realizar como capítulo de gastos de funcionamiento. No es un asunto de menor importancia ya que de esa partida depende el pago de facturas como la luz, proveedores, reparaciones o adquisición de material escolar. Para ello, los institutos y colegios públicos reciben 10 millones de euros cada trimestre.

Aunque ya a finales de año se dio la voz de alarma desde distintos estamentos docentes, ahora ha sido la Asociación de Directores de Institutos de Andalucía (Adian) la que ha señalado una situación que dificulta la actividad de la enseñanza. Tras la última reunión provincial, mantenida en Bollullos, Adian denunció que “a dos meses de la finalización del curso, no todos los centros han recibido la cuantía económica de los gastos de funcionamiento que les corresponden poniendo en serias dificultades la gestión económica de los centros”. A ello hay que sumar, que este año ha habido una reducción que oscila entre el 10% y el 20% de esa cantidad establecida como gastos de mantenimiento.

Según los datos recabados por este periódico, esta misma semana varios institutos han recibido partidas correspondientes al segundo trimestre.

Los centros docentes de la provincia tienen que recibir una suma de casi 30 millones de euros para todo el curso. Aunque la cantidad se reparte en tres entregas, cada centro ya sabe lo que va a recibir desde principio del curso, lo que le es válido para hacer sus estimaciones de gasto.

Desde la Asociación Andaluza de Directores de Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria (Asadipre), su presidente provincial Enrique Jabares indica que la mayor parte de los colegios ha recibido menos del 50% del total, de modo que “hemos solicitado a Educación que se establezca un calendario de pagos cada trimestre”. Jabares reconoce que la situación de los institutos es peor que la de los colegios, ya que “ellos tienen gestión propia”, mientras que los ayuntamientos están obligados a sostener aspectos como el mantenimiento de los centros o la calefacción”. Así, la dependencia que los institutos tienen con la Administración autonómica es mucho mayor que las de los colegios. Esto no es obstáculo para que haya ocasiones en las que surjan conflictos con los ayuntamientos, mostrándose algunos de ellos reticentes a cargar con unos gastos que no les vienen nada bien en épocas de crisis. Jabares subraya, no obstante, que no es el caso de la provincia de Huelva donde la responsabilidad municipal está a la altura de los requerimientos que se les van planteando. Pese a ello, algunos han tenido que prescindir de los conserjes cuya nómina también dependía de arcas municipales.

No hay una partida igual para todos los centros. El dinero que se va a recibir depende de muchos parámetros que están sujetos a una baremación. Dado que la situación de los colegios es más sencilla, Jabares indicó que uno de 21 unidades suele tener asignados 11.000 euros al año.

Los institutos tienen más gastos sobre sus espaldas. Aparte de los ya referidos tienen una oferta docente más compleja cuyo punto álgido es ciclos formativos, una propuesta de mucha demanda pero que no cuenta con el respaldo necesario por parte de las Administraciones, a causa precisamente de su coste. Es evidente que no falla la ecuación que plantea que a cuantos más ciclos formativos, más dinero deben recibir los institutos en cuestión. Pero no es solo este el parámetro que hay que tener en cuenta. Hay otros también importantes como el número de unidades o si un instituto es de reciente construcción o antiguo. En este último caso se entenderá que tendrá, al menos potencialmente, más gastos de mantenimiento.

Uno de los problemas que surge a raíz de los retrasos, tal y como indica el director de un instituto de la provincia, es el pago a proveedores especialmente en lo que respecta a aquellos ciclos formativos que han de abastecerse, de manera periódica, de material para sus actividades. Tal es el caso que algún instituto ha tenido que optar por hacer frente a esos pagos o no abonar facturas como la de la luz con el consiguiente peligro de corte lo que afortunadamente, hasta el momento, no ha sucedido.

Los retrasos se ven complementados con un descenso en las aportaciones para gastos de funcionamiento. Dada la baremación no todo el mundo se ve afectado de la misma manera aunque la rebaja ha oscilado entre el 10% y el 20%. A ésta hay que sumar la que se aplicó en el curso 2014/15 que fue del 11%. Con ello todo ello, se considera que las cantidades que se reciben son insuficientes.

Los retrasos empezaron a surgir en el curso 2011/12. El pasado fue el peor en este aspecto ya que hubo casos en los que las últimas asignaciones llegaron en octubre del curso siguiente. La situación se va solventando si se cuenta con un remanente de años anteriores o pidiendo créditos a alguna entidad bancaria.

Ante los retrasos registrados en el presente curso, la Delegación Territorial de Educación indicó que “la consejería está atendiendo con normalidad a todos los centros en función de las necesidades detectadas en los mismos”. Con ello se da a entender que Educación da prioridad a los casos más urgentes.

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Otro de los colectivos que depende de los pagos procedentes de la Junta de Andalucía, es el de los centros docentes concertados que, no obstante, presentan algunas diferencias en relación al sector público. Así, el capítulo de gastos de mantenimiento que tienen asignados los centros de carácter público se convierte, en el caso de los concertados, en algo similar pero con el nombre de otros gastos. Según explicó el presidente provincial de Escuelas Católicas de Andalucía (ECA), Joaquín Gómez, la partida de otros gastos ha experimentado un incremento, en este curso, de un 1% que viene estipulado por la Ley de Presupuestos del Estado.

Según el representante de ECA en la provincia, entidad que engloba a la mayor parte de los centros concertados onubenses, los pagos por parte de la Junta han mejorado notablemente durante este curso en relación al anterior, en el que “se tuvieron que poner varias reclamaciones”.

Respecto a este curso, los pagos llegan dentro de los plazos estipulados aunque apurando los tiempos. La partida de otros gastos es más amplia que la que reciben los colegios y los institutos públicos ya que, con ella, hay que hacer frente a la nómina del personal de administración aparte de otros servicios prestados como es la limpieza y el mantenimiento de los centros. Joaquín Gómez reiteró que la dinámica de los pagos, este curso, “está siendo muy distinto al anterior”.

Aunque las cosas han dado un gran salto en positivo, la demora en algunas ocasiones, provoca que los centros tengan que recurrir a las entidades financieras a la búsqueda de dinero para afrontar, preferentemente, las nóminas de los trabajadores.

Gómez quiso recordar que a pesar de estos gastos, “hay estudios que indican que la enseñanza concertada supone un 40% menos de gasto para la Administración”. Con ello, el representante de ECA en Huelva abogó por la convivencia de las enseñanzas concertada y pública, ya que entiende que son complementarias por lo que no deben ser confrontadas.

Otros gastos se calculan por el número de unidades con que cuenta cada centro si bien ese cálculo varía conforme sube el nivel educativo. El más caro es ciclos formativos y los más baratos Infantil y Primaria.

La aportación anual para una unidad destinada a los más pequeños es de 5.800 euros anuales. Una unidad del primer ciclo de la ESO tiene una asignación de 7.600 euros y así va subiendo hasta llegar a los 14.814 euros de los ciclos Formativos que se encuentran en la cúspide del gasto y supone nada menos que el doble que una unidad de ESO.