El curso que ahora termina ha estado marcado, en Andalucía, por la dinámica de los despidos y el mantenimiento y la profundización de la precariedad laboral y profesional. Esto es tanto como decir, por la persistencia en el deterioro y desmantelamiento de la educación pública.

La Consejería inició el curso despidiendo a 300 docentes, profesorado técnico de FP, y lo ha terminado eliminando 250 puestos docentes de Educación Infantil y 800 de Educación Primaria. Si fuera cierto, como dice el discurso oficial, que en los cursos precedentes se habían recuperado 1400 puestos docentes, de los 4502 eliminados en 2012, en el curso que ahora acaba habríamos vuelto al punto de partida, cuantitativamente hablando; en términos cualitativos, la situación ha empeorado, por el deterioro sostenido de la educación pública andaluza.

En dicho deterioro, además, han influido otros elementos:

1.- Sustituciones sin cubrir y mantenimiento del sistema de cupos. La Consejería reconoce que el 10% de las sustituciones no se cubren; a pesar de ello, ha optado por desoír, de momento, la petición del Parlamento andaluz y mantener el sistema de cupos para sustituciones.

2.- Insuficiente oferta de empleo público docente. Las plazas ofertadas no han llegado al 75% de la tasa de reposición, aunque este curso se podía ofertar tantas plazas como jubilaciones hubieran tenido lugar.

3.- Mantenimiento, en Educación Secundaria – ESO, FP y Bachillerato- de horarios regulares de más de 25 horas, lo que los convierte en ilegales. Aunque para ello se hayan manipulado los horarios, intentando evitar así las actuaciones del TSJA, a demanda de USTEA.

4.- Implantación precipitada y no planificada de la LOMCE, usándola como coartada para encubrir y propiciar recortes solo achacables a la Consejería de Educación andaluza. En Andalucía tenemos ya la implantación completa de los currículos LOMCE, en todos los niveles; también se ha implantado, sin garantías, la FPB. Y, lo último, se aprovecha la implantación, de manera atropellada, sin consenso y sin recursos, del segundo idioma en Primaria, para suprimir 800 plazas de profesorado de Primaria.

Así pues, el nuevo curso se presenta como una coyuntura crítica para la educación pública andaluza: 1000 puestos docentes menos en las aulas de Infantil y Primaria, el horario regular de Secundaria reorganizado por unas instrucciones fraudulentas, un proyecto de Ley de FP liquidadora del sistema actual, un plan de aprendizaje de las lenguas extranjeras devaluado e ineficaz, el profesorado de apoyo destinado a cubrir sustituciones, un sistema de sustituciones perverso, unos servicios educativos complementarios privatizados, que generan mala calidad del servicio y precarización laboral. Y, por si ello fuera poco, casi la mitad del alumnado andaluz, en edad de educación obligatoria, en riesgo de exclusión social.

Lejos de enfrentar estos problemas en bien de la comunidad educativa, la Consejería se mantiene en una realidad virtual, elaborada a base de notas de prensa, que intenta acomodar la realidad a los intereses de Susana Díaz, su partido y su gobierno.

La presidenta – no hablaré de la prescindible y sumisa Consejera de Educación- está contando para ello con algunas colaboraciones necesarias. Parece pertinente preguntarse qué fue del acuerdo  PSOE- C`s, “Educación para todos en igualdad de oportunidades”. ¿Qué ha pasado con la contratación prevista de entre 400 y 500 profesores de Educación Infantil, Primaria y Secundaria? ¿Para cuándo y dónde el incremento de 2000 plazas de E. Infantil? ¿Para cuándo la oferta de ciclos formativos con mayor demanda? ¿Era este el pacto para blindar “un sistema público de calidad”?

Con el acuerdo de 2 de junio, también los sindicatos firmantes se han convertido en colaboradores de la actual situación. USTEA denunció este acuerdo nefasto, que ha permitido el aplazamiento, durante un año, de cualquier medida de recuperación del empleo y las condiciones laborales dignas para el profesorado. Es más, los actuales despidos contribuirán a financiar los puestos docentes que se creen en el curso 2017-18, si la disponibilidad presupuestaria lo permite.

El profesorado andaluz tiene ante sí un curso difícil. USTEA estará donde siempre: trabajando para articular las legítimas demandas del profesorado y de las familias; defendiendo y construyendo una escuela pública de calidad. Pensamos que las soluciones llegarán, a corto y medio plazo, por la solidaridad entre los y las docentes, por la conexión de las luchas y las reivindicaciones entre sí y con las reivindicaciones sociales y políticas de la sociedad andaluza. Y, a largo plazo, por la configuración de una institución escolar andaluza transformada y transformadora.

Publicado por El Topo nº 18