El compromiso pedagógico de la concertada llega hasta donde el negocio llega, lisa y llanamente

En torno al tema de los conciertos educativos es necesario realizar una serie de precisiones para contrarrestar las informaciones tendenciosas y muy exageradas que desde los ámbitos de la patronal educativa se han dado en estos días. Aunque, para ser justos, no solo desde la patronal, sino que desde algunos sindicatos de la enseñanza, que creíamos progresistas, también se han expresado valoraciones realmente sorprendentes.

En primer lugar hay que decir que nadie está abogando por cerrar centros educativos privados, concertados o no. Lo que se ha propuesto ha sido dejar de financiar 29 de las miles de clases que estos centros imparten. Dejar de financiar no quiere decir cerrar. Los centros las pueden mantener abiertas, eso ya dependerá de si les resulta rentable o no. Por ejemplo, la no presencia de la escuela concertada en el medio rural no es fruto de ninguna prohibición, nadie les impide abrir un centro algo alejado de grandes núcleos de población. Si miramos el mapa escolar, vemos que no los hay. Es consecuencia de que el compromiso pedagógico de la concertada llega hasta donde el negocio llega, lisa y llanamente. Pero lo sorprendente es que una patronal, de estas que se llenan la boca hablando de libre mercado y liberalismo, a la hora de la verdad quiera que sea el estado quien se haga cargo de su financiación.

En segundo lugar, la concertada es más cara, tanto socialmente como para los padres y madres que optan por ella. El gasto en la concertada es de 5.733 euros por alumno, mientras en la pública es de 5.007. A ello hay que añadir diferentes consideraciones: 1/ El gasto familiar anual, que en la pública es, según el INE, de 822 euros, mientras en las concertada es de 1.549, es decir, no solo le sale más caro al Estado, sino a las familias; 2/ La pública es más barata a pesar de que tiene una ratio por aula inferior a la de la concertada y una ratio de profesores aula superior; 3/ La pública es más barata a pesar de que atiende a un porcentaje muy superior de alumnos con necesidades especiales (acnee); 4/ La pública es más barata a pesar de que se implanta en todas las zonas geográficas, y no solo allí donde el negocio puede ser mayor.

En tercer lugar, dejar de subvencionar a la concertada no supone una pérdida de empleo, más bien al contrario, por dos razones. La primera es que la concertada carga a su profesorado de más horas de tiza que la pública, con lo que la posible reducción de empleos en la concertada generaría más empleo y de más calidad en la pública. La segunda es que, por la vía de los hechos, en muchos centros religiosos no se cursan las asignaturas que compiten con la Religión. Haciendo gala de esa libertad que exigen, obligan a cursar Religión a todo su alumnado, materia que no es impartida por profesorado, sino por personal designado por los obispados. Si se reducen conciertos, las asignaturas con las que compite la religión, casi todas del ámbito de la Filosofía, contarían con más alumnado y por tanto exigirían más profesorado. Los sindicatos debieran preocuparse de defender más empleo y de calidad, dos datos para defender la pública. La defensa del empleo nunca puede hacerse con nombres y apellidos.

Por otro lado, no hay ningún ataque a la libertad de elección de centro ni a la libertad de enseñanza. Tenemos garantizada la libertad de acudir a un centro médico público o privado. Al público vamos sin desembolso económico adicional, pero si vamos al privado, tenemos que pagar. A nadie se le ocurre exigir que le paguen el médico privado teniendo uno público a su disposición. Pues en la educación debería ser igual. Hay una red pública, más eficaz, igualitaria y con mayor calidad. Quien quiera elegir fuera de ella, siempre podrá hacerlo. Por eso, argumentar, como hacen CCOO y UGT en un cartel firmado con otros sindicatos de la privada que se «se pretende obligar al 30% de familias aragonesas a acudir a otro modelo de colegio que no desean» es pura demagogia, tanto más sorprendente por proceder de donde procede.

En resumidas cuentas, que la enseñanza privada no está en peligro. Seguirá existiendo mientras sus gestores consideren que es un negocio rentable. Pero lo que no se puede pretender es que con dinero público se sostengan los beneficios privados.

Juan Manuel Aragüés. Profesor de Filosofía. Universidad de Zaragoza

Publicado en El Periódico de Aragón