“A estas alturas ya puede afirmarse que, salvo milagro, los alumnos de este curso van a ser los paganos de la Lomce y de la errática negociación del Gobierno y el PSOE”

La publicación en el BOE del pasado 23 de diciembre de la orden del Ministerio de Educación que establece las características, diseño y contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad, sigue dejando en el aire muchas incógnitas. A estas alturas ya puede afirmarse que -salvo milagro de última hora- los alumnos de este curso van a ser los paganos de la Lomce y de la errática negociación del gobierno y el PSOE, negociación que parece pensada más para producir titulares en la prensa que para afrontar problemas reales de la educación. Con todo tipo de recursos se ha publicitado la consecución de un acuerdo para paralizar la implantación de las reválidas en segundo de bachillerato y para modificar el acceso a la universidad, sin embargo, un atento examen de las disposiciones legales revelan que se trata de una verdad inventada, de esas del régimen de la posverdad en la que vivimos hoy. Efectivamente, si bien es cierto que en este curso no se van a hacer pruebas de evaluación (o reválidas) para la obtención del título de Bachiller, es igualmente cierto que esto ya estaba previsto en la Lomce, concretamente en el apartado 3 de la disposición final quinta. Es decir, se nos ha vendido como un logro en la paralización de la Lomce ¡conseguir que se cumpla una de sus disposiciones! Concretamente, en el párrafo tercero de ese apartado de la disposición adicional quinta, se establece claramente que la prueba de evaluación del Bachillerato no será necesaria para obtener el título de bachiller y se realizará exclusivamente para el alumnado que quiera acceder a estudios universitarios…que es exactamente lo que va a ocurrir.

Lamentablemente, este juego de apariencias no ha hecho sino retrasar la regulación de la prueba de acceso, de una prueba que debe realizarse antes del 16 de junio y que al día de hoy no está todavía perfilada, pues falta su concreción en el ámbito autonómico. Suponiendo celeridad en esta segunda instancia, resulta que alumnos y profesores disponen para prepararla escasamente de cuatro meses con sus correspondientes períodos vacacionales.

El problema no es sólo de tiempo sino también de sustancia, pues, mientras se nos ha hecho creer que se ha paralizado la aplicación de la Lomce, la realidad es que la fórmula de la prueba de acceso que se desarrolla en la orden se atiene cabalmente a la ley cuya aplicación parecía paralizada, lo cual plantea novedades e inconvenientes muy importantes. Es verdad que el formato, en cuanto a duración de las pruebas o materias que serán objeto de examen, es muy similar al de la extinta PAU, sin embargo, el tipo de prueba y la dificultad van a ser muy distintos. De entrada y a modo de ejemplo, hay que hacer notar que asignaturas como Historia de España -de examen obligatorio, pues desaparece la alternativa con Filosofía-, ha aumentado considerablemente sus contenidos, sin que hayan aumentado las horas semanales; es decir, el profesorado tendrá que enseñar mucha más materia en el mismo tiempo y, ello, sin disponer todavía de orientaciones precisas sobre la prueba de acceso. No es difícil imaginar los problemas que tendrán los alumnos para engullir (aprender será mucho más difícil) tanto contenido en tan poco tiempo.

Otra cuestión es el asunto de las matrices de especificaciones al que se refiere el artículo quinto de la orden recién publicada en el BOE. Elaboradas para cada una de las materias, en ellas se concreta -hasta un límite casi ridículo- qué es exactamente lo que los alumnos tienen que demostrar que saben de cada bloque de contenidos. Son estas matrices y, en definitiva, los denominados estándares de aprendizaje, los que se convierten en el núcleo central de la prueba de acceso, lo que aboca a los profesores no ya a enseñar una materia sino a preparar a los alumnos para responder a cada uno de esos estándares. La cuestión -cuyo tratamiento requeriría más espacio del disponible en este artículo- es fundamental. De haberse paralizado en algo la aplicación de la Lomce hubiera sido preferible esto y no otras cuestiones meramente formales.

Bien, pero el problema es que en el currículum establecido por nuestra Consejería de Educación -a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades-, en un alarde de ingenuidad o incompetencia, han desaparecido los estándares de aprendizaje, de manera que el mensaje que tardíamente trasladó a los profesores es que tal cosa no tiene más importancia. El galimatías es tremendo, pues la prueba de acceso pivota sobre unos estándares de aprendizaje ¡que no figuran en el currículum de Andalucía!

Por el bien del alumnado que se va a presentar a las pruebas y para no volver más locos a los docentes, algo habrá que hacer, pues semejante entuerto puede producir daños irreparables. Lamentablemente, otra vez, parece que los asuntos de la educación se manejan en términos meramente publicitarios, muy de espaldas a la realidad.

Publicado en Diario de Sevilla

Javier Merchán. Catedrático de Secundaria y Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Sevilla