Es evidente que los resultados de las elecciones de diciembre certificaron la quiebra de uno de los pilares del régimen político construido en la transición al posfranquismo: el bipartidismo de la alternancia (UCD-PSOE en los primeros tiempos y luego PP-PSOE), que ha sido el núcleo central de las instituciones junto con la monarquía borbónica y la visión de España como “Una” (negando legitimidad a la definición plurinacional del Estado que hasta la transición política era parte importante de los programas de los partidos de izquierda, incluidos el PSOE y el PCE).

Durante casi cuarenta años, con mayoría absoluta o con el apoyo de alguna fuerza de las derechas catalana o vasca, los dos partidos se han alternado en el Gobierno dando lugar a un régimen de democracia de baja intensidad que cerró en la práctica toda otra forma de participación política ciudadana que no sea a través de los partidos. Una ley electoral ad hoc favoreció y consolidó este bipartidismo, que ha invadido todas las esferas institucionales y muchos ámbitos de la sociedad civil, incluido el poder judicial, teóricamente independiente, pero donde PP y PSOE colocaron a sus peones o simpatizantes sin rubor alguno. Todo ello ha tenido como consecuencia el altísimo nivel de corrupción que se extiende desde miembros de la Familia Real hasta pequeños ayuntamientos, basado en la prepotencia y en la sensación (o certeza) de impunidad, y también la obscena generalización de las “puertas giratorias” por las que personajes y personajillos políticos pasan directamente a ocupar asientos en consejos de administración o puestos de asesores bien pagados de empresas multinacionales, como ocurre con Felipe González, Aznar y un larguísimo etcétera.

En las últimas elecciones, entre los dos partidos no llegaron al 50% de los votos, lo que es insuficiente para la continuidad de la alternancia, ni siquiera si alguno de ellos sumara los del partido “emergente” más cercano, Ciudadanos en el caso del PP (o también del PSOE, que gobierna gracias a este partido en Andalucía) y Podemos en el del PSOE. Necesitarían, además de ello, contar con el apoyo directo (con los votos) o indirecto (con la abstención) de otra u otras fuerzas. Lo realmente importante es que el régimen político bipartidista no garantiza ya el mantenimiento eficaz del sistema y por eso la actual situación es definida como de “inestabilidad” por las fuerzas fácticas de éste –la banca, las grandes corporaciones empresariales, las instancias supraestatales de la globalización como el FMI, el Banco Central Europeo o la Troika-, por los mass-media y por los partidos que son los administradores políticos de sus intereses, como el PP, Ciudadanos (para muchos, la nueva expresión política del Íbex-35) y los sectores más determinantes del PSOE, encabezados por González, Guerra, Bono, Rodríguez Ibarra, Corcuera y sus patrocinados más jóvenes, como Susana Díaz.

La tan temida “inestabilidad” consiste precisamente en que el régimen político que fue creado para garantizar la perpetuación del sistema no es capaz ya de cumplir ese papel. Entendiendo por sistema el conjunto de intereses económico-sociales e ideológicos que conforman la verdadera estructura de nuestra sociedad. En él radica, y no en las instituciones del régimen político, el verdadero poder. Por eso, los regímenes políticos están organizados de tal manera que siempre gobiernen los partidos o alianzas de partidos que, aunque puedan estar enfrentados, no van a tocar ninguno de los componentes estructurales del sistema. Parafraseando a Lampedusa, podríamos decir que todo, o casi todo, puede cambiar en el régimen político siempre que ello no cuestione el sistema.

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