El artículo 31.1 de la Constitución dice:
“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.”

Obviamente los funcionarios no son “todos” y obviamente, y si sólo se priva a una parte de la población de su renta para sostener gastos públicos, estamos hablando de confiscación