La nueva normativa que regulará los procesos de admisión del alumnado en los centros docentes contiene elementos preocupantes, cuando no inadmisibles. Es difícil hacer una valoración precisa de sus consecuencias sin conocer todavía las futuras áreas de influencia de los centros educativos, pero ya tenemos datos suficientes que muestran, una vez más, la deriva de esta Consejería hacia el progresivo desmantelamiento de la Enseñanza Pública, mientras se favorece el negocio de las empresas privadas a través de los conciertos educativos. Así por ejemplo, en todas las localidades con presencia de concertada, se pretende incluir un centro concertado en cada una de sus zonas, independientemente del criterio de cercanía geográfica.

Se desliza en el texto la falacia de la libertad de elección de centro bajo el eufemismo de la demanda social, que puede llegar a provocar el cierre de unidades por falta de alumnado solicitante. La experiencia nos dice que esas unidades serán de centros públicos. 

Por otra parte, se pierde la ocasión de mejorar la ratio alumnado/profesorado, un factor imprescindible en la mejora de la calidad en la educación, lo cual no resulta extraño si tenemos en cuenta que la Administración educativa incumple las actuales por exceso sistemáticamente.  

Además, se condiciona la admisión de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo a la existencia o no de recursos en el centro, con criterios de eficiencia económica que pueden atentar a la igualdad de oportunidades en el derecho a la educación, éste sí, un derecho reconocido en todos los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos.

En términos generales se trata de un proyecto de decreto que profundiza en las políticas neoliberales y que consideramos que abrirá la puerta hacia una mayor segregación socioeconómica del alumnado, promoviendo una lógica individualista y competitiva, sin venir a solucionar de forma decidida aspectos o carencias del anterior decreto de escolarización. 

Desde USTEA exigimos un proceso de admisión que sea garantista y transparente, participado por la comunidad educativa en la toma de decisiones y la gestión democrática del centro educativo, respetuoso con los derechos de las niñas y los niños y sus progenitores, al servicio de una educación pública de calidad.

Asimismo exigimos un blindaje de la Escuela Pública, que impida el cierre de unidades en los centros de titularidad pública mientras existan otras unidades equivalentes en centros de titularidad privada.

Andalucía, 10 de octubre de 2019