En un mundo donde se genera riqueza sin antecedentes para el 1% de la población, la pobreza es cada vez más extrema, intensa y crónica. Se hace cada día más necesario y urgente cambiar este sistema económico que condena al empobrecimiento a las mayorías populares, dentro y fuera del Estado español. Un sistema que fomenta la guerra para el control geoestratégico de los recursos, la destrucción de la naturaleza y  las desigualdades sociales y de género.
No podemos continuar haciendo  las cosas como hasta ahora, pues está claro que no es la solución, sino la mejor forma de agravar el problema. Por eso la ciudadanía sevillana salimos hoy a la calle para oponernos a los tratados comerciales, como el CETA, el TTIP o el TiSA, que ponen los intereses de las trasnacionales por delante de los derechos de la gente.
Hoy el Acuerdo Integral Económico y de Comercio entre la UE y Canadá, más conocido como CETA, está en la fase de ratificación, después de haber sido negociado en secreto durante más de cinco años. Los gobiernos europeos, con el nuestro “en funciones” a la cabeza, pretenden culminar esta negociación secreta de forma rápida sin consultar a los pueblos europeos, que son quienes tendrán que asumir las consecuencias de lo que las élites han negociado.
Hoy es urgente que mostremos nuestra oposición a la ratificación del CETA, del mismo modo que es necesario seguir oponiéndonos a las opacas negociaciones del TTIP o el TiSA, porque estos tratados comerciales socavan nuestras democracias, generan desigualdades a  nivel global y limitan nuestros derechos como consumidores así como el acceso a servicios públicos esenciales degradando el medio en el que se desarrollan nuestras vidas.
La ciudadanía sevillana está convencida de que existe una relación directa entre el cambio climático y un modelo económico como el actual, basado consumismo, en el despilfarro de combustibles fósiles y un crecimiento económico ilimitado en un planeta finito, por lo que exigimos la ratificación del Acuerdo de París contra el Cambio Climático, como señal de los países más contaminantes sobre su compromiso de poner freno al uso de los combustibles fósiles. A pesar de que consideramos que el Acuerdo de París es insuficiente para frenar el cambio climático e impulsar un nuevo modelo basado en las energías renovables y la justicia social y ambiental.

Por eso, salimos a la calle para reclamar soluciones basadas en derechos y justicia:

* Hay que poner en marcha políticas y presupuestos cuyo eje central sea la lucha contra la pobreza y la desigualdad, y que sean garantía de unos servicios sociales básicos de calidad. Para ello hay que ampliar los presupuestos de Educación, Sanidad, Igualdad, Dependencia, Servicios Sociales, Cooperación y políticas de promoción de empleo sostenible.
* Exigimos políticas coherentes con la defensa de los derechos humanos y la protección medioambiental en todo el  planeta: no se trata sólo de aumentar los presupuestos sino también la calidad de las políticas, sobre todo aquellas que tienen un impacto directo en la vida de las personas más vulnerables, con especial atención a las que mitigan las desigualdades estructurales de género.
* Demandamos una Justicia Fiscal a través de políticas tributarias justas, progresivas y suficientes. Es imprescindible acabar con los paraísos fiscales y poner en marcha una efectiva lucha contra el fraude fiscal, exigiendo mayor transparencia financiera a las empresas que operan en el Estado español, especialmente a la hora de contratar con la Administración Pública.
* Rechazamos los tratados comerciales como el CETA, el TiSA o el TTIP que, negociados a espaldas de la ciudadanía, amenazan la democracia, multiplican el poder de las empresas transnacionales y multiservicios, desreguladoras por antonomasia de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, y limitan los derechos de la ciudadanía y la protección del medioambiente. La entrada en vigor de estos tratados amenaza la aplicación en Europa de los convenios de la OIT en materia de derechos laborales, ya que se antepone la legislación laboral americana, en la que, en muchos Estados, no hay representación sindical que vele por las condiciones de empleo.

En 1998 ya conseguimos echar abajo el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) y si nos movilizamos podemos pararlos de nuevo: desde 2015 la Campaña No al TTIP ha conseguido que más de 1.600 localidades de la UE se declaren ya oficialmente contrarias a la firma de estos tratados comerciales, entre ellas el Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla y el Parlamento de Andalucía.

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