Después de la ruptura de negociaciones, en el marco de la Mesa Sectorial de inicio de curso que se cerró sin acuerdo, y tras diversas movilizaciones, que confluyeron en la jornada  de huelga del 18S, secundada por un sector considerable de la comunidad educativa (profesorado, estudiantado, AMPAS…), la Administración nos ha vuelto a citar hoy con objeto de intentar retomar las negociaciones, e incluso de firmar un acuerdo relativo al incremento de plantillas necesario para hacer frente a la crisis sanitaria desde el ámbito escolar. 

Una vez más asistimos a una mesa sectorial de este calado sin que desde la administración se ponga sobre la mesa un estudio serio del alcance y repercusión de sus propuestas sobre las necesidades del sistema educativo en las actuales circunstancias, a pesar de que se aseguró, por parte del Director General de Ordenación Educativa, José María Ayerbe, que para esta mesa sectorial este estudio sería presentado. Tanto si el estudio no se ha hecho como si realmente se ha realizado pero se oculta porque las conclusiones no son favorables a la administración, se trata de un insulto a la negociación esta forma de proceder. Por otro lado, una vez más se nos niega el dato de cuántas unidades y puestos de trabajo se han suprimido este curso, ahondado esta consejería en las prácticas de oscurantismo y falta de transparencia en lo que, tristemente, ya se ha convertido en su costumbre.

Así, la Administración considera que la evolución de la pandemia le ha obligado a ir reconduciendo su objetivo,  desde el refuerzo Covid planteado desde una perspectiva más pedagógica (instrucciones de julio)  hacia un enfoque más preventivo o sanitario, poniendo ahora el objetivo y la prioridad en una bajada de la ratio (Circular de 3 de septiembre) Sin embargo este objetivo ya se incumpliría incluso respecto a la propia normativa anterior al COVID, según datos de la propia Administración, en aproximadamente 5.000 de las 20.000 unidades de primaria, lo quiere decir que en una cuarta parte de estas aulas las ratios están sobrepasadas por encima del marco máximo legal.

La Administración hizo a última hora de ayer una propuesta por escrito, consistente en sumar a la anunciada tasa COVID (algo más de 4.000 docentes para las etapas obligatorias), una cifra extra de 675 docentes más para  estas etapas obligatorias de primaria y secundaria, junto a 140 efectivos para el segundo ciclo de infantil, 30 para centros Específicos de Educación Especial y 72 para Residencias Escolares. En un primer borrador de esta propuesta de acuerdo la propia administración afirmaba que la pretensión de este incremento era la de no superar la ratio de 25 y 30 alumnos y alumnas en primaria y primero y segundo de la eso respectivamente, lo que supone reconocer, una vez más, la existencia de ratio ilegal en ambas etapas. 

Sobre esta oferta, USTEA, en su turno, plantea a la Administración que debe hacer una oferta mucho más ambiciosa; y aunque valoramos positivamente su intención de volver a negociación o de sumar recursos también para la etapa de educación infantil y educación especial, la oferta de aumento de plantillas debe garantizar un número sin duda mayor de efectivos docentes (pero también no docentes), para poder garantizar una bajada generalizada de ratio máxima, dadas las circunstancias excepcionales, que permitan el mantenimiento de condiciones de seguridad en la vuelta a  las aulas. Además, desde esta organización sindical hemos planteado lo inaceptable que supone plantear un acuerdo en el que tan solo se propone cumplir la legalidad anterior a la pandemia y solo hasta segundo curso de la ESO, obviando que el cumplimiento de la Ley es obligado para todas las etapas y sin necesidad alguna de acuerdos. 

Por todo ello, desde USTEA seguiremos defendiendo la necesidad de adoptar medidas extraordinarias que den respuesta al deber y obligación del gobierno de Andalucía de garantizar el derecho a la salud y a la educación de la población. Seguiremos reivindicando un aumento de las plantillas docentes y no docentes hasta que se garantice el mantenimiento de la distancia interpersonal recomendada por las autoridades sanitarias y el cumplimiento del resto de medidas de seguridad, un refuerzo más amplio de la educación infantil, el fin de la ratio ilegal en las aulas andaluzas y el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para la efectiva protección del personal vulnerable a la exposición al Covid-19.