La reunión mantenida entre las organizaciones sindicales, a petición de estas, y la consejería de educación, a la que no ha acudido el Consejero Javier Imbroda, ha finalizado sin que desde la administración se atiendan las demandas sindicales de medidas más ambiciosas para garantizar la seguridad y evitar la propagación del coronavirus.

Ante los últimos acontecimientos referentes al conjunto de medidas encaminadas a la apertura de los centros educativos en el mes de septiembre, desde las quejas de cientos de directivas de centros educativos en cuanto a la ausencia de recursos para implementar las medidas de seguridad, hasta todo lo referente a la contratación de personal docente y no docente, incluido el estrepitoso descenso de puestos de trabajo ofertados en la colocación de efectivos del cuerpo de maestros/as, desde USTEA, junto al resto de organizaciones sindicales presentes en la mesa sectorial, solicitamos la convocatoria urgente de una reunión, a fin de abordar estas cuestiones, que consideramos que son de enorme trascendencia en el momento actual. En este sentido, a juicio de USTEA, es incomprensible como, gran parte de las informaciones referentes al refuerzo de plantillas no han sido transmitidas de forma oficial a las organizaciones que somos representantes legales de los trabajadores, que hemos sido conocedoras de las mismas a través de la tergiversada información que se ha facilitado a través de diversas notas de prensa.

Ante esta realidad resulta del todo decepcionante comprobar cómo las cifras anunciadas no son más que una suerte de marketing político. A día de hoy, los centros aún no saben con qué refuerzo de las plantillas docentes van a contar, por lo que difícilmente podrán planificar el inicio de curso con la anticipación suficiente. Además, de las contrataciones anunciadas, sólo se incluirán en la colocación de efectivos definitiva los correspondientes a la reducción horaria para tareas de coordinación Covid, información que hemos conocido en la misma mesa y que, en cualquier caso, resulta del todo insuficiente (461 contrataciones en el cuerpo de maestros/as de la especialidad de primaria y 340 en el caso de secundaria).

En cuanto a la contratación de personal de refuerzo educativo, estas contrataciones se realizarán en septiembre por lo que, casi con toda seguridad, estos trabajadores y trabajadoras no estarán incorporados en sus centros desde el día uno de septiembre, ya que esos contratos se ofertarán en SIPRI como puestos voluntarios. Además, muy probablemente se ofertará tan solo un contrato hasta 31 de diciembre, sin que a día de hoy se tengan garantías suficientes para poder afirmar que estos puestos se mantendrán durante todo el curso. Si bien es cierto que sobre este último asunto la consejería asegura que su intención es prorrogar esos contratos más allá del primer trimestre, el gobierno andaluz no ha garantizado aún las partidas presupuestarias para ello. Además, es importante destacar que, estas contrataciones (en torno a 1800 maestros y maestras y 2100 profesores en el caso de los institutos) no están destinadas a un descenso de la ratio, si no a un refuerzo educativo de las áreas instrumentales. Del mismo modo, son insuficientes las contrataciones anunciadas en cuanto a personal de atención a la diversidad, obviando las enormes necesidades que la interrupción de la docencia presencial durante este último curso ha generado en este alumnado.

Desde USTEA se ha exigido que se haga todo lo posible para que se incluyan todas las contrataciones en la colocación de efectivos definitiva, insistiendo, además, en la necesidad de revertir la tendencia de ‘secundarización’ de los colegios, al no asignar por defecto las tutorías a la especialidad de primaria, con las consecuencias para los y las maestras de esta especialidad, que viene sufriendo un preocupante descenso de las vacantes, y para los procesos educativos, al desvirtuar y socavar el esencial papel del tutor o tutora en estos niveles educativos. 

Mención especial merece la contratación anunciada de personal de limpieza: entre una y dos profesionales más en función de las dimensiones del centro y recurriendo a empresas externas. Esta cifra ni siquiera vendría a corregir, en cientos de centros, el déficit estructural que se viene arrastrando durante años en estas plantillas, además de ahondar en el modelo de externalización de servicios que tan lamentables consecuencias tiene para las condiciones laborales de las y los trabajadores. Con estos recursos difícilmente se podrá dar cumplimiento a las medidas de limpieza y desinfección que desde la propia consejería de salud se han determinado para los centros educativos.

Por otro lado, desde la Consejería se alega, ante las quejas de los y las directoras, que no se les está pidiendo que ejerzan funciones para las que no están capacitados, ya que la elaboración del protocolo Covid para los centros no requiere de ningún tipo de formación específica, al tratarse, tan sólo, de implementar medidas organizativas. Ante esta afirmación, desde USTEA queremos dejar claro que, es precisamente la implementación de las medidas organizativas para el control de los riesgos derivados de la actividad laboral el ámbito de actuación de la prevención de riesgos laborales. En este sentido, traducir a las peculiaridades de cada centro el grueso de medidas incluidas en el documento “medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud” remitido por la Consejería de Salud, no es algo que se pueda realizar con, ni tan siquiera, una formación básica en Prevención de Riesgos Laborales, en virtud de la dispuesto en el RD 39/1997, que establece las funciones relacionadas con los distintos niveles de formación. Desde USTEA consideramos, por tanto, que estas instrucciones podrían incumplir la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales, al delegar funciones preventivas en trabajadores y trabajadoras sin que éstas cuenten con “la capacidad para ello, así como disponer del tiempo y los recursos necesarios”, tal y como establece su artículo 30.

Sobre este último asunto, ante la exigencia de una medidas más precisas y concretas, con un asesoramiento real a las directivas y que permitan una correcta implementación, la Consejería ha anunciado que elaborará documentos en este sentido. Si bien nos alegramos de que se atienda esta demanda, tenemos que señalar que esta iniciativa llega con demasiado retraso, máxime cuando venimos anunciando la necesidad de mejorar y concretar las instrucciones desde hace ya demasiado tiempo. 

Ante esta situación, desde USTEA consideramos inadmisible que, desde la administración educativa, se pretenda hacer creer que se están poniendo todos los recursos para una vuelta segura a las aulas, mientras que, en realidad, se siguen cerrando unidades con una ratio por encima de la máxima permitida, se siguen suprimiendo unidades públicas y no se garantiza la contratación de plantillas de refuerzo para todo el curso, bajo argumentos presupuestarios. Igualmente es incomprensible cómo se suprimen puestos de trabajo en los procesos ordinarios de contratación, mientras se anuncian contrataciones precarias a partir de septiembre.

A todo lo anterior hay que sumar que, cuatro meses y medio después de que se interrumpiese la actividad docente presencial, se nos anuncie que los dispositivos electrónicos presupuestados para el alumnado afectado por la brecha digital no se podrá garantizar hasta noviembre. ¿Qué sucederá si la situación sanitaria obliga a regresar a una docencia telemática en el mes de septiembre? Tiempo se ha tenido para planificar sobre esta cuestión.

Por todo ello, en USTEA entendemos que, si realmente el gobierno andaluz tuviera la voluntad política de garantizar una vuelta segura a las aulas y la planificación de un curso académico en el que no se dejase a nadie atrás, no estaríamos a 28 de julio con tantas incertidumbres, sin conocer las plantillas, sin asignar los recursos y sin tener unas instrucciones claras y viables que se puedan poner en práctica.