Hoy ha culminado la Mesa Sectorial de Educación para estudiar el inicio de curso, la cual se inició en el día de ayer pero se interrumpió a petición de la Consejería de Educación, que pidió un receso para una reunión con la de Hacienda, con objeto de negociar una mayor financiación educativa que posibilitara el aumento de las plantillas y la consiguiente bajada de ratios en los centros educativos andaluces. 

Si bien es cierto que desde USTEA no se albergaban grandes expectativas, la realidad las ha venido a confirmar y la Consejería tan solo ha puesto inicialmente sobre la mesa la contratación de 551 docentes más sobre la propuesta inicial, para posteriormente “subir la oferta”  en torno a los 800 docentes o incluso insinuando que algunos más, menos de 1000 en cualquier caso, una parte de la cual iría a los centros privados concertados; sin contemplar un aumento  de las plantillas no docentes, bajo mínimos en numerosos centros públicos desde tiempo inmemorial; sin plantear refuerzos para la insostenible situación de la Educación Infantil; sin dar solución alguna al personal sensible que será obligado a trabajar en aulas masificadas, sin garantizarse las medidas de seguridad y, en consecuencia, arriesgando su vida; sin presentar un estudio serio de los recursos necesarios para bajar la ratio y sin terminar con la vergonzosa, escandalosa e irresponsable realidad de las aulas con ratio ilegal: A estas alturas ni siquiera conocemos, ni por vía oficial ni extraoficial,  el número de unidades públicas que se suprimen este curso con respecto al anterior.

Ante este escenario, USTEA entiende que la Consejería ha roto de facto cualquier atisbo de negociación que se pudiese haber interpretado que existía, por lo que, como organización sindical responsable y que prioriza los derechos fundamentales a la salud y a la educación sobre cualquier otro elemento, no nos queda más remedio que llamar a la huelga y fijar un calendario de movilizaciones, haciendo un llamamiento a la mayor unidad de acción posible del conjunto de la comunidad educativa para revertir esta situación. 

Andalucía, 4 de septiembre de 2020