Como es sabido, la prueba práctica de PT ha sido anulada, convocándose a los y las candidatas el próximo viernes a las 9h en los centros asignados a los tribunales.

El diseño de esta prueba está lleno de errores: hay terminología desfasada o errónea en todos los supuestos: “discapacidad psíquica” y “retraso mental” (en lugar de discapacidad intelectual), “trastorno grave del desarrollo” (en lugar de trastorno general del desarrollo), “cociente intelectual” o “minusvalía” (términos en desuso)…

Por otro lado, hay errores de bulto en la formulación de algunos supuestos: por ejemplo, un alumno con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA), que según el Equipo de Valoración y Orientación (EVO) presenta una Discapacidad intelectual, no puede estar escolarizado en la modalidad A (como propone el supuesto 1) sino en la modalidad B, según se establece en el Decreto 147/02 . Además, encontramos planteamientos que presuponen un tiempo de respuesta mayor que el disponible, como en el supuesto 2, donde se precisaría realizar 3 adaptaciones curriculares significativas. El resultado de todo esto es un conjunto de supuestos erróneos, confusos e incongruentes, completamente inaceptables. La decisión lógica era anular la prueba.

Ahora bien, la repetición de la prueba práctica exige salvaguardar los derechos, tanto de los candidatos como de los tribunales.

• En primer lugar, es necesario que el diseño de la prueba se adecue correctamente al tiempo establecido (1:45h) y que sea realizado por profesionales con un conocimiento actualizado de la especialidad y la legislación correspondiente.
• En segundo lugar, para que a l@s candidat@s se les pueda garantizar una corrección justa y para que los tribunales no trabajen bajo presión, ni en fin de semana, es preciso retrasar la publicación de las notas de esta especialidad varios días; de ser así, esto debería comunicarse cuanto antes para propiciar la planificación y conciliación familiar.
• Por último, aunque no menos importante, el sindicato USTEA exige el cese inmediato de las personas responsables de esta prueba en la administración. Además, consideramos que la CEJA debiera resarcir de oficio los daños y perjuicios económicos provocados a los y las candidatas, dado que deberán realizar nuevos viajes y estancias. A este respecto es preciso señalar nuestro rechazo a la inexplicable “deportación interprovincial” de tribunales (de Cádiz a Granada, de Granada a Almería…) que se ha producido este año. Por todo ello, tanto más justo que la CEJA se haga ahora responsable subsidiaria de esta decisión.”

Nos han llegado quejas de opositores de la especialidad de PT por cientos a las sedes de USTEA y nos consta que también a las distintas Delegaciones Territoriales de Educación. Además de los errores en la prueba antes descritos, según los propios opositores. Hubo tribunales que advirtieron de un error, otros de dos y dieron distinto margen de tiempo para subsanarlo-s, desde 25 minutos a una hora, según los casos.

ACLARACIÓN: la disparidad de criterios aplicados en los tribunales no fue responsabilidad de las personas que lo integran sino de las Comisiones (una occidental y una oriental) que no se pusieron de acuerdo entre ellas. Pedimos disculpas por no haberlo explicado correctamente.

Esto confirma la incapacidad de esta Consejería para haber resuelto el problema en el momento de su detección.

Andalucía, 27 de junio de 2019.