La Consejería de Educación destina los fondos europeos asignados a Andalucía a la implantación de programas para la privatización de la atención educativa al alumnado más vulnerable, aquel con necesidades educativas especiales y al que se encuentra en situación de pobreza. Al mismo tiempo, la Junta ha renunciado a la partida presupuestaria asignada por el gobierno central para la creación de plazas públicas de guardería, reforzando un modelo de educación infantil masivamente concertada.

La semana pasada la Consejería de Educación publicó la convocatoria del Programa PROA+. Se trata de un programa financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea que debe ir dirigido a la dotación de recursos materiales y humanos, especialmente de orientación educativa, a los centros públicos en zonas en situación de vulnerabilidad económica. La resolución publicada establece que estos fondos, asignados a Andalucía a través del Ministerio de Educación, se destinarán a los centros a través de la subcontratación del servicio con empresas externas.

El modelo de subcontratación de la atención educativa de financiación europea se está generalizando en Andalucía desde inicios de la legislatura. El Programa Impulsa, establecido en 2019, se enmarca dentro de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS) y tiene como objetivo prevenir el absentismo y el abandono escolar temprano, así como mejorar la respuesta educativa en los centros públicos de entornos socio-económicos vulnerables y en los centros de educación especial. La implantación de este programa, financiado por el Fondo Social Europeo a través del Ministerio de Educación, se realiza también a través de empresas subcontratadas.

En la misma línea de privatización y subcontratación de la atención educativa, a principios de octubre la Consejería de Educación aprobó un nuevo decreto por el que se establece que la asistencia para alumnado con necesidades educativas especiales por parte del profesional técnico de integración social (PTIS) y de interpretación de lengua de signos española (ILSE) es un “servicio complementario” que será prestado por empresas externas subcontratadas, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE).

El modelo de subcontratación y conciertos educativos se afianza también en la educación del alumnado de 0 a 3 años. Hace tan solo unos días, la Junta de Andalucía fue la única comunidad autónoma que rechazó recibir los 123 millones de euros de los fondos europeos que le corresponden del plan aprobado por el Consejo de Ministros para la universalización de la educación infantil de 0 a 3 años. Esta dotación hubiera permitido crear 12.000 plazas públicas de guardería. El único motivo alegado por el gobierno andaluz para rechazar estos fondos europeos es salvaguardar la red de guarderías privadas que abarcan el 62% de las plazas de primer ciclo de infantil en Andalucía.

La progresiva sustitución de profesionales públicos en plantillas consolidadas por contratos más o menos temporales con entidades privadas se traduce en una alarmante disminución de la calidad educativa, así como en un aumento de la precariedad laboral en el sector educativo. El adelgazamiento de la red de centros públicos y la subcontratación masiva de servicios educativos esenciales supone un grave menoscabo del sistema educativo andaluz. 

Andalucía, 1 de diciembre de 2021