Desde el Sindicato USTEA llevamos denunciando cómo la escuela concertada, bajo el amparo de las diferentes administraciones, regula sus centros de manera privada, eso sí, usando dinero público para su organización y su funcionamiento.

El último movimiento ha sido implementar un sistema “de renovación del proyecto educativo de los centros” en el que se insta a las y los familiares de colegios de la red de centros concertados a comprar tablets para el alumnado, de una marca determinada, con su correspondiente app que tendrán que ir renovando cada 2 años, pasando por caja también, como no. Es decir, todo un negocio con una dudosa ventaja educativa para el alumnado en cuestión.

¿Es ésta la concertada que el gobierno andaluz y central defiende como la alternativa barata a la pública?
La educación con certada es un despilfarro para el erario público y para todas las familias:la inversión pública por alumna y alumno en la educación pública es de 3.214,4€ y la de la privada concertada es de 3.028,9€. A esto tenemos que añadir que las familias que llevaron a sus hijos o hijas a la escuela pública tuvieron un gasto de 822 euros por alumno, mientras que en el caso de optar por un centro privado concertado el gasto ascendió a 1.549 euros por alumno o alumna al año. Además, los centros privados concertados están exentos de pagar el IBI a los Ayuntamientos, siendo las administraciones educativas quienes después lo tienen que reembolsar a los consistorios, por lo que no deja de ser un gasto a cargo del erario público.

¿Es una medida que ayudará al alumnado y a su educación?
La mejora de la calidad de la enseñanza no puede depender de la capacidad económica de las familias, porque si no estaríamos creando un sistema educativo elitista y desigual financiado con fondos públicos.
Se trata, en definitiva, de conseguir que todas las escuelas públicas o que disponen de fondos púbicos estén dotadas de los mejores recursos y posibilidades, en vez de incitar a elegir, seleccionar y competir por las que supuestamente den mayores ventajas competitivas futuras a nuestros hijos e hijas, ya que no solo es menos costoso y más equitativo, sino que preserva los fines sociales de la educación.

La obligación de la comunidad debe ser garantizar el derecho a la mejor educación pública de calidad que tienen todos los niños y niñas. Y eso solo es posible con una red pública única, que no derive recursos públicos de nuestros impuestos a financiar opciones privadas, que garantice una oferta de plazas públicas suficientes en todos los niveles y modalidades educativas desde los 0 años, que respete criterios pedagógicos y equitativos que beneficien a los menores y que ofrezca igualdad de oportunidades.

Es urgente e imprescindible, por tanto, la apuesta por una red única de centros de titularidad y gestión pública que, progresivamente, y de manera voluntaria y negociada, integre los centros privados concertados. Mientras tanto, no debe haber ni un solo concierto más para la educación privada y debe suprimirse de inmediato la financiación a centros que practiquen cualquier tipo de discriminación o no aseguren la gratuidad.