La Confederación Intersindical considera que el Acuerdo no aporta soluciones a la precariedad del mercado laboral.

Para el sindicato el texto del IV Acuerdo Estatal para la Negociación Colectiva, si no va acompañado de la derogación total de las reformas laborales, no pasará de ser una simple declaración de intenciones.

El preacuerdo al cual se llegó el pasado día 25 de junio, entre las patronales CEOE y CEPYME y los sindicatos CCOO y UGT, en el marco de las negociaciones del Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC), que tiene una vigencia de tres años, contempla, a grandes rasgos: unos incrementos salariales del 2%, más un 1% vinculado al cumplimiento de objetivos indeterminados, el establecimiento de un salario mínimo de 14000€ anuales, abordar la vigencia de los convenios colectivos en los periodos de negociación para su renovación, las condiciones laborales en el supuesto de contratación de trabajadoras y trabajadores y la alternativa de una reducción de la jornada laboral al despido en los casos de dificultades económicas de la empresa.

Unas propuestas que no pueden resultar positivas porque el acuerdo no es vinculante y lo supedita todo a la negociación de los nuevos convenios colectivos y es ahí, precisamente, donde radica el problema de su aplicación práctica.

Como ya es bien sabido, con la aprobación de la reforma laboral de 2012, los convenios colectivos vigentes dejaron de tener un carácter vinculante, ofreciendo a la empresa la posibilidad de descolgarse de los mismos y desregular la relación laboral, prioriza los convenios de empresa sobre los sectoriales o territoriales y no obliga a negociar la renovación de los convenios colectivos que han agotado su vigencia. Esta nueva situación en la regulación del mercado laboral ha dado pie, no solo a la precarización generalizada de las condiciones laborales, sino también a un bloqueo de la negociación colectiva, como así vienen denunciando públicamente en los últimos años los mismos agentes sociales que, ahora, firman este acuerdo a la espera de su ratificación por los órganos sindicales.

Si esta es la situación de partida, nada hace pensar que, si no hay una reforma en profundidad del marco legal impuesto por las reformas laborales, cambie la dinámica de la negociación colectiva y puedan hacerse efectivas las propuestas incluidas en el Acuerdo. Supeditar las mejoras laborales y la negociación a la predisposición y buena voluntad de la patronal, con todos los respetos, es un ejercicio de ingenuidad que raya el esperpento.

Es por eso que la Confederación Intersindical considera que este acuerdo es una simple declaración de intenciones que comporta, implícitamente, la renuncia de CCOO y UGT a abordar verdaderamente la precariedad del mercado laboral, atacando directamente los aspectos más negativos de las reformas laborales. Este Acuerdo escenifica una victoria de la patronal frente a las grandes centrales sindicales, en el que no se cuestiona la regulación laboral surgida de un momento extraordinario de crisis económica y que en la actualidad, con unos indicadores económicos más favorables, no tiene ninguna razón para perpetuarse.

Por último, entrando en el contenido concreto del Acuerdo y por lo que respecta a los aspectos salariales que han sido esgrimidos como estandarte por los interlocutores y los medios de comunicación, tampoco pensamos que sea una gran conquista sindical sugerir unos incrementos salariales fijos del 2%, sin una cláusula de revisión vinculada expresamente al IPC, ni tampoco aspirar a salarios mileuristas, cuando no hace tanto tiempo el término mileurista era sinónimo de precariedad. Todo eso, suponiendo que los nuevos convenios se hagan eco de las recomendaciones del Acuerdo.

Vistas todas las cuestiones expuestas, no podemos más que calificar este IV Acuerdo Estatal para la Negociación Colectiva como una renuncia sindical a mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores, superando el paradigma de la crisis económica como una justificación para el brutal recorte de los derechos laborales que hemos sufrido estos últimos años. Seguimos en un contexto en el que la patronal continúa imponiendo sus criterios, sin que el malestar social se canalice sindicalmente hacia una movilización general que sea capaz de acabar con la precariedad laboral, consiguiendo la derogación de las reformas laborales que constituyen, al fin y al cabo, el origen del problema.

Confederación Intersindical

28 de junio de 2018