INFORME Y VALORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE FORMACIÓN PROFESIONAL

De manera general, USTEA no comparte ni la filosofía que inspira este anteproyecto, ni la metodología de trabajo que se viene adoptando para su desarrollo.

I.- Respecto a la metodología de trabajo.

1.- El anterior Equipo de gobierno de la Consejería de Educación, a través de la señora Secretaria General de Educación y Formación Profesional, Dª Guadalupe Fdez. Rubio, en el curso 2014-15, nos dio a conocer el primer Anteproyecto de Ley de la FP en Andalucía. Se hizo en una “mesa informativa”, a través de un PPT.

2.- En paralelo, se intentó, desde la misma Secretaría General, aunar la FPI y la FPE , intentó que solo alcanzó a sustanciarse, después de seis meses, en un documento de dos páginas, que proponía la apertura de los centros educativos por las tardes para formar a las y los desempleados…

3.- A finales del curso 2014-15, el Consejo Escolar de Andalucía emitió un informe, pidiendo a la Consejería de Educación que paralizara el proceso, que abriera un proceso de diálogo y que iniciara una nueva redacción.

4.- La Consejería ha retomado, en el presente curso, el proceso de elaboración de un nuevo Anteproyecto de Ley de FP, con la llegada del nuevo Secretario General de Educación, D. Manuel Alcaide, haciendo caso omiso a cuanto dictaminó en su día el Consejo Escolar de Andalucía.

5.- Los pasos dados en este sentido han sido los siguientes:

• En diciembre, se nos presenta un nuevo PPT, esta vez por la Directora General de Educación, Dª Purificación Pérez, en el trascurso de una mesa técnica para hablar de otro tema. Se nos dice que esta presentación es un adelanto de los planteamientos de la Consejería y la respuesta a nuestras demandas de datos y valoración de la marcha de la FP actual. Pero se nos dejan claras , según la Administración, dos cuestiones que son, en su opinión, indiscutibles: el sistema educativo andaluz de FP es poco flexible y está sobredimensionado. La resolución satisfactoria de ambas cuestiones pasa por asumir, se nos dice, que hay una plantilla muy grande y poco flexible… Pedimos los datos en los que se sustentaban tales afirmaciones. Nunca llegaron ni se han hecho públicos.

• El 13 de mayo, se nos cita a las OOSS de la Mesa sectorial de Educación a una mesa técnica, en la que, lejos de entrar a la discusión técnica del texto del Anteproyecto, el Coordinador General de la Secretaría General de Educación y FP, D. Álvaro Martín de Agar y Ruiz, pretende proyecta un nuevo PPT, para, se nos dice, facilitarnos la comprensión del Anteproyecto de Ley. USTEA protestó, indicando que era el tercer PPT que nos proyectaba al Administración, que no era este el objeto ni el modo de trabajar de una mesa técnica y que nuestros problemas con el Anteproyecto no venían por nuestras dificultades para comprender lo que se decía, sino porque, una vez conocido y trabajado, teníamos serias discrepancias.

6.- La Consejería, lejos de repensarse los tiempos y los métodos, desoyendo la petición unánime de negociación, ha convocado una mesa sectorial extraordinaria, con menos de 48 horas de plazo, el 23 de mayo, a las 11,46, para el 25 de mayo, a las 11 horas. El objetivo no puede ser otro que cumplir el trámite y superar lo más rápidamente posible esta fase.

7.- Sin solución de continuidad, el mismo 23, se ha cerrado el plazo de la comisión de dictámenes del consejo escolar, para presentar enmiendas al Anteproyecto.

8.- El 2 de junio, se reúne la Comisión de dictámenes del Consejo Escolar y el pleno, el 17 de junio.

EN RESUMEN.- USTEA denuncia esta metodología de trabajo, por llamarla de algún modo, consistente en quemar las etapas administrativas previstas para el Anteproyecto, de modo que se superen sin escollos apreciables. A continuación, mediante nota de prensa, se dirá a la ciudadanía, que se han utilizado los cauces habituales de participación y el Anteproyecto se convertirá en Proyecto y este en Ley.

Desde USTEA, denunciamos esta forma antidemocrática y no participativa de proceder, por parte de la Administración educativa. Si la Administración educativa ha renunciado, como confiesa, a tener protagonismo en la elaboración de esta Ley de FP, USTEA y el profesorado andaluz de FP quieren participar y ser tenidos en cuenta.

USTEA EXIGE:

1.- La paralización del Anteproyecto.

2.- El establecimiento de un calendario negociador para diseñar las líneas básicas de la futura Ley de FP.

3.- El diseño de un proceso de participación real de la comunidad educativa en la elaboración de la futura ley de FP.

II.- Respecto a la filosofía que inspira el actual Anteproyecto:

1.- Se aduce la necesidad de gestionar la FPI y la FPE de manera global y coordinada.

• Cuando menos, sorprende que, si esto era tan necesario y razonable, ni el gobierno ni las consejerías competentes lo hayan acometido hasta ahora. Habría que concluir, que, de manera insensata, el gobierno andaluz, y las consejerías competentes, a pesar de las insostenibles tasas de desempleo, han tardado muchos años en aplicar la receta.

• Quizás esta justificación sea solo un intento de ocultar las verdaderas razones políticas que inspiran este anteproyecto, objeto, sin duda, de una exposición de motivos paralela. De todas estas razones políticas, unas son inconfesables y otras, no. Entre las últimas, queremos hacer referencia a la necesidad de la Presidenta Díaz de empezar a devolver a C’s el apoyo prestado para su investidura. En ese acuerdo de gobierno figuraba la elaboración de una Ley de FP, de la que este Anteproyecto es su paso obligado. Y, al parecer, hay prisa.

• En la medida en que se habla de otra cosa, se oculta a la ciudadanía las verdaderas razones del desempleo andaluz, que, a juicio de los economistas críticos con el actual sistema productivo, no son otras que un tejido productivo débil e insuficiente, la subalternidad de la economía andaluza, respecto a la economía estatal y a la europea, un modelo de desarrollo basado en el extractivismo, el agotamiento de los recursos y la degradación ambiental, la ausencia de políticas de reversión del paro estructural y la desviación de los fondos para empleo a todavía no sabemos dónde con certeza, aunque sí sabemos a dónde no han ido: a formar a las personas desempleadas y a generar empleo.

2.- Se habla de que la condición indispensable para acceder a la empleabilidad en la formación profesional.

• Esta es una afirmación tramposa, por cuanto se da a entender -o se deja que la ciudadanía crea- que empleabilidad (posibilidad de ser empleado) y empleo son la misma cosa.

• Hay otra trampa en este planteamiento, cuando se afirma que el objetivo de la FP es adaptar los recursos humanos a un “renovado” tejido productivo”. El tejido productivo andaluz no se distingue precisamente, a juicio de los expertos, por ser “renovado”; por tanto, nos preguntamos si la FP va a formar a trabajadores para un tejido productivo que “ya” no existe – obsoleto y en descomposición- o para el que no existe “todavía”.

3.- Respecto a la FP como configuradora de una identidad profesional que no dificulte la movilidad.

• Se hable de la movilidad como una necesidad -de quién?- a la que hay que dar respuesta. Este enunciado apenas logra ocultar que la ley pretende formar a un/a trabajador/a que pueda buscar trabajo en otro lugar, fuera de Andalucía. La movilidad no es tal, sino emigración, precariedad y desarraigo.

• Se trata de configurar identidades profesionales acordes con el papel subalterno de la economía andaluza: trabajadoras y trabajadores flexibles, recortables y, además, exportables.

4.- Andalucía, a pesar de contar con una red formativa territorial importante, debe afrontar “nuevos retos”.

• El planteamiento, contenido en este párrafo del preámbulo, no puede ser más falaz. Una vez más, sin el más mínimo sentido de la autocrítica, se dice que Andalucía ha hecho las cosas bien en materia de formación – las tasas de desempleo y pobreza, al parecer, no indican nada-, pero que han cambiado las exigencias y los “retos”; este parece ser el problema del sistema de formación, por lo que esta ley sería la solución. O sea, se hacen trampas en el planteamiento del problema, para mostrar como acertada la solución.

5.- Se concluye que la integración del sistema de formación y la necesidad de formar durante toda la vida, ambos hechos “aconsejan” hacer una nueva regulación del sistema de formación profesional. Un marco regulador “flexible” y coherente, que posibilite la adquisición de las competencias que requiere el mercado de trabajo.

• Se oculta, con este tono aparentemente didáctico y objetivo, que esta decisión es política y responde, antes que a nada, a necesidades políticas: las que tiene el partido en el gobierno y el gobierno andaluz de dar respuesta a lo pactado, el peaje que pagó para que la señora Díaz fuera investida presidenta.

• En la segunda parte del enunciado, se nos dice, ya sin disimulos, que el elemento regulador y organizador de la formación, sin matices, será el mercado de trabajo.

6.- La oferta formativa próxima al territorio.

• Lo que, en principio, podría resultar una ventaja, descubrimos que no lo es. Porque la palabra clave es “adaptada”. Ello significa que todas las decisiones, por necias, inviables o contraproducentes que sean para la ciudadanía  -se habla de “población”-, no se podrán poner en tela de juicio, puesto que se habrán tomado para “adaptar” el sistema formativo…

• ¿Qué ocurrirá cuándo se organice un ciclo formativo, o incluso una familia profesional entera, próxima al territorio, o sea, a demanda de una empresa local, y esta se deslocalice a los dos o tres años?

• Sabemos lo que significa exactamente “una oferta formativa próxima al territorio”, porque la FP Dual lleva practicando esta política formativa en los últimos cursos. Significa organizar la oferta en función de las demandas de las empresas cercanas. Ni más ni menos. Y ni siquiera la Consejería de Educación ha tenido la honradez de hacer una valoración de la incidencia de esta formación en la consecución de empleo, por parte del alumnado, así como en su durabilidad y estabilidad laboral. Y eso que en los tres últimos cursos se ha venido hablando de la Formación Profesional en Alternancia como una formación experimental.

7.- El “nuevo concepto de centro integrado”.

• Hay que decir que este concepto no es nuevo, ni lo es el modelo de centro que configura.

• La colaboración con las empresas ha sido una constante de la FP, en el sistema educativo, llevada a cabo con el esfuerzo y la participación del profesorado, a veces sin horas, a veces sin medios, teniendo que buscarse el centro las empresas para las prácticas, etc. Se presenta como novedad la colaboración con las empresas, cuando la novedad es este modelo de colaboración, entreguista y sumiso con la empresa.

• Los centros integrados ya existen en el sistema educativo andaluz, y es precisamente por su modelo de gestión antidemocrática, entre otras cosas, por lo que los rechazamos.

• Respecto a que estos centros deberán organizar “flexiblemente” su oferta formativa, esto no es sino decir abiertamente lo que en otros lugares se insinúa: la sumisión y supeditación de la oferta formativa a los intereses de las empresas.

8.- La necesaria participación de “todos los actores”.

• Entre los actores, citados de manera pormenorizada, no se encuentra el profesorado, ni el alumnado -mutado en trabajador, en masculino-, ni las familias, transformadas en población…

• Si el problema del alto índice de desempleo andaluz se resolviera con la concertación y la confluencia, no iríamos por el VIII Plan de concertación por el Empleo, sin que los siete anteriores no hayan servido para mejorar lo que se pretendía.

• Fiar la participación al CAFP es un sarcasmo, si miramos sus objetivos y su composición.

• En definitiva, a la Consejería de Educacion, en esta participación, ni va a estar ni se la espera, salvo por una pequeña cuestión: se usará a los miles de docentes de FP como personal recortable, reciclable y, llegado el caso, prescindible.

EN RESUMEN.- Se dan por ciertos e incuestionables una serie de principios del sacro del mercado, que suponen destrucción de derechos y precarización de la vida de las personas.

Pensamos que la actual coyuntura, de paro, crisis y degradación de las condiciones de vida de la ciudadanía, se va a aprovechar por el gobierno andaluz, con sus dos consejerías, para justificar un cambio en el sistema formativo, que pondrá a los centros educativos al servicio de los intereses de las empresas, a base de desregularizar el sistema formativo reglado, cediendo la gestión a instancias fuera del mismo y eliminando el ya de por sí debilitado funcionamiento democrático de los centros docentes.

Se intenta configurar una ley pretenciosa, que quiere cambiar la realidad a base de modificar su relato sobre la misma. Que obvia hacer un análisis del rendimiento del actual sistema de formación. Que pretende, de manera insensata, por la supuesta coordinación entre dos consejerías, haber encontrado una receta, que se dice nueva y se supone mágica.

Aspectos concretos del Anteproyecto de Ley a los cuales nos oponemos

1. El Consejo Andaluz de la Formación Profesional.

A través de este órgano, la administración pretende coordinar y planificar todo el sistema de formación profesional: la planificación de la oferta, la toma de decisiones, etc.

Esto hace que la administración pase a tener el control absoluto en la toma de decisiones. La representación sindical es mínima y paradójicamente solo hay consejeros de las dos organizaciones sindicales con los peores resultados en las pasadas elecciones.

Por tanto, la representación del profesorado andaluz, la posibilidad de que se le escuche y se le tenga en consideración, se anula completamente.

2. Planificación de la oferta educativa con un plan cuatrienal.

La Ley dedica todo el Título II a la planificación de la oferta formativa, que se elaborará por las consejerías con competencias en educación y FP para el empleo, con la aprobación de un Plan de la Formación Profesional de Andalucía con carácter cuatrienal, previo informe del Consejo Andaluz del Formación Profesional.

No concebimos cómo se puede hacer una planificación tan cortoplacista y con la mera intervención del citado consejo, garantizándose la administración la ausencia de oposición y rechazo ante lo que podría ser el cierre de numerosos ciclos formativos.

Pedimos a la administración que no se esconda y nos diga cuál sería el mapa de la oferta formativa de FP en Andalucía a día de hoy si esta Ley estuviera en vigor, estamos convencidos de que lo tienen previsto y estudiado.

Hay muchas cuestiones e incógnitas que se plantean con este plan, algunas pueden ser:

• ¿La entrada y salida de un ciclo de la oferta es inmediata?

• ¿Qué ocurre con el profesorado?

• ¿De qué manera y con qué medios se van a adaptar los centros a la nueva oferta?

• La Ley establece mecanismos a través de incentivos a las empresas para que estas colaboren activamente en los procesos formativos. ¿Estos incentivos serán económicos? ¿De dónde saldrán?

3. La red de centros.

La oferta formativa será impartida por los centros incluidos en la Red de Centros de Formación de Andalucia. Se crea este registro con los centros de FP autorizados para impartir estas enseñanzas (públicos, privados y concertados) y que podrán impartir, tanto FP inicial como FP para el empleo.

En la práctica, esto supone privatizar la oferta educativa, publicitando aún más las plazas en los centros privados y concertados con el consecuente trasvase de alumnado, algo que ya viene ocurriendo en otros niveles educativos.

4. Los centros integrados.

La Ley también recoge a los Centros Integrados de FP y establece una red de este tipo de centros que sea representativa de las distintas familias profesionales. La dirección de estos centros se realiza por libre designación lo que acrecenta la sumisión y control de la administración, mermada además por la ausencia de Consejo Escolar, y por tanto la no presencia de profesorado y alumnado en el gobierno del centro.

Más aún, la dirección de estos centros tendrán potestad para despedir y contratar personal, lo que en la práctica los convierte en pequeñas empresas públicas.

5. FP y Universidad.

El Artículo 25 se refiere a movilidad, el punto 1 a la promoción de la movilidad del alumnado con otras comunidades y otros países; el punto 2, a promover la colaboración con las Universidades a fin de impulsar la generación de centros integrados de educación superior y establecer el reconocimiento de las enseñanzas de FP en la Universidad. Están poco claras las intenciones de esta colaboración, dónde van a estar ubicados estos centros, quién los va a gestionar, quiénes van a impartir docencia, etc. Y, sobre todo, dada la autonomía universitaria, de cada universidad, y dado que la institución universitaria queda fuera de esta ley -como agente impulsor-, ¿qué garantías se tiene de esta colaboración? ¿Se tratará de universidades públicas de manera exclusiva? ¿De manera preferente? …

6. El alumnado de la FP Inicial

Lla Ley contempla una novedad importante, y es que la actividad docente y el módulo profesional de FCT se organizarán de forma que el alumnado pueda entrar en contacto lo antes posible con la empresa. Esto significa una orientación total de estas enseñanzas al trabajo en la empresa, dejando de lado la importancia de los contenidos teórico-prácticas que los docentes aportan en sus clases.

Además, se limita la oferta de plazas de este tipo de enseñanzas a personas de veinticuatro años o menos y solo en caso de que haya plazas vacantes, se ofertarán a la población mayor de esta edad.

7. La FP para el Empleo y el profesorado de FOL

La ley pone a disposición de empleo a los profesionales de la especialidad de FOL y a los departamentos de orientación de los IES, así como los centros públicos de secundaria y educación permanente de personas adultas. Una muestra más de la sumisión y el trasvase absoluto de las competencias y recursos de educación en favor de empleo.

8. La FP Dual

Es necesaria una reflexión de este modelo de enseñanza después de varios años en funcionamiento y hacer y dar a conocer su evaluación y datos más relevantes. Los centros educativos no pueden someterse a los intereses empresariales o económicos, más bien debe ser al contrario; los centros educativos deben ser el punto de referencia de la formación profesional y colaborar conjuntamente con las empresas respetando los derechos del alumnado.

9. Zonas educativas y profesorado.

Los profesores PES y PTFP podrán ejercer sus funciones en todos los centros públicos autorizados para impartir FP inicial o para el empleo e impartir docencia en cualquiera de estas enseñanzas. Esto hace que la carga de trabajo para el profesorado aumente, así como el número de módulos y enseñanzas que deba impartir, todo ello sin ningún tipo de reducción horaria. Además, las enseñanzas pueden pasar a ser impartidas en función del perfil académico y profesional del docente.

Lo más preocupante es que la estabilidad del profesorado puede verse muy afectada con esta Ley, debido a la creación de las zonas educativas, lo que posibilita la movilidad del profesorado de un día para otro.

10. Catálogo Andaluz de Cualificaciones Profesionales

La Ley permitirá crear, a través del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales cualificaciones o unidades de competencia propios de Andalucía, y que no tengan reflejo en el catálogo nacional.

Esto en la práctica significa crear titulaciones/cualificaciones que solo serían válidas en el ámbito de la comunidad andaluza y que no tendrían ningún reconocimiento fuera de ella. Creemos que el proceso debe hacerse a la inversa.

11. Certificados de profesionalidad y acreditación de competencias

La Ley abre la puerta a la privatización y/o externalización de las pruebas de evaluación y acreditación de competencias. Nos oponemos rotundamente a esto y no entendemos por qué no puede llevarse a cabo con los recursos públicos.

USTEA Propone: Bases para una nueva Ley de Formación Profesional en Andalucía

USTEA rechaza el nuevo Anteproyecto de Ley de Formación Profesional que se ha elaborado de espaldas a la comunidad educativa y a las organizaciones sindicales. La administración demuestra una falta de diálogo y voluntad negociadora tan necesarias en un tema tan importante como el desarrollo de una ley educativa.

Por esto, desde USTEA pedimos a la administración que se siente a la mesa con todas las organizaciones sindicales para consensuar las líneas generales que sirvan de guía para la redacción de la ley.

En USTEA consideramos que estas serían las líneas fundamentales de la futura Ley de Formación Profesional:

• Que se vertebre en torno a los centros educativos, el alumnado y el profesorado, que mejore la calidad de las enseñanzas y la inversión económica para la renovación o adquisición de nuevo material.

• Que permita a los centros ofertar familias profesionales completas, desde FP Básica a FP de Grado Superior.

• Que disminuya la ratio del alumnado y aumente la estabilidad del profesorado proveyéndolo de una formación de calidad en horario laboral.

• Que se establezca un sistema de colaboración con las empresas, en el que los tiempos y los contenidos de las prácticas estén perfectamente regulados. Dichas prácticas deben ser supervisadas desde las tutorías del centro educativo.

• Que considere la FP Dual como una etapa formativa en la que el alumnado obtenga mayor experiencia y conocimientos y no sea mano de obra barata y desechable.

• Que la FP Básica sea la puerta de entrada a niveles formativos superiores y permita que el alumnado obtenga la titulación en ESO.

• Que los Centros Integrados tengan una gestión democrática, a través del Consejo Escolar y con equipos directivos elegidos por la comunidad educativa.

• Que se diseñe una oferta de ciclos formativos a largo plazo, con la participación del profesorado.

Lee el análisis de algunos de los motivos no confesados de este Anteproyecto de Ley de FP.