1) Información de inicio de curso.

Por parte de la Consejería, interviene en primer lugar el Director General de Planificación y Centros, que señala que el incremento de cupo de profesorado que ha tenido lugar supone el fin de los recortes en Andalucía (sic), puesto que eleva el número de docentes en el sistema público andaluz por encima de los 100 000.

En cuanto a la Directora General de Recursos Humanos, facilita datos sobre la colocación de efectivos de este curso, de los que se deduce entre otras cuestiones que el porcentaje de interinidades global se sitúa en el 20%.

En definitiva, la administración se limita a un análisis de la situación que no llega a ser ni superficial.

Frente a la pobreza de fondo y la virtualidad formal de la administración, USTEA conoce la realidad de los centros y lucha por su mejora concreta y cotidiana. En los horarios, las ratios, las infraestructuras, las plantillas, las sustituciones, la atención a la diversidad… En la ESO y el Bachillerato, en Infantil y en Primaria, en FP y en Educación para personas adultas, en los EOI y en los EOE, en los Conservatorios y en las Escuelas de Arte… Por eso, pedimos reiteradamente a la CEJA que deje de hablar de la natalidad como único criterio para recortar/disminuir/cercenar/amputar unidades públicas, mientras el negocio de la privada sigue subvencionada… Sí, eso que llaman “educación concertada”, y que no es más que el blindaje político consensuado por los partidos del régimen para el sostenimiento económico de un negocio en manos, fundamentalmente, de los poderes eclesiásticos de siempre.

Pero la administración andaluza prefiere no responder. Igual que no responde cuando USTEA pregunta por cuestiones concretas como:

• Abusos en los horarios de Secundaria, con un aumento generalizado de las guardias que atenta tanto a las condiciones de trabajo como a la calidad educativa. Por ejemplo, en el IES José Saramago, Marinaleda, profesorado con 5 horas de guardia.
• Reducciones por 55 años en los CEIP. No se consideran para los cupos, la reducción se hace de 2 módulos o directamente no se hace. Por ejemplo, CEIP Alfonso Grosso, Sevilla, 11.
• Ratios. Una continua agresión a la calidad educativa. La excepcionalidad del 10% se toma como punto de partida habitual. Y se supera en numerosas ocasiones, por ejemplo, CEIP Arrayanes, Sevilla, 5 grupos por encima de la ratio. En Granada, IES Severo Ochoa, un bachillerato a 41. La diabólica suma de supresiones más ratios excesivas es una auténtica bomba de relojería para la red pública.
• Sustituciones. El alumnado sigue perdiendo miles de horas de docencia todos los años, es inaceptable; no son incidencias puntuales, sino la forma de gestionar.
• Amianto. ¿Cuántos centros siguen con amianto? ¿A cuánto alumnado afecta? ¿Para cuándo estará terminado el inventariado previo que permitirá priorizar las actuaciones? Se sigue mareando la perdiz…
• Módulos prefabricados. Seguimos sin saber cuánto alumnado está afectado y para cuándo veremos su completa retirada. Esto parece el milagro de los panes y los peces, conforme más se quitan, más hay.
• Climatización. El plan de la CEJA se demuestra absolutamente irrelevante frente a la problemática. Este tema no se puede seguir posponiendo. Es hora de que se invierta en medidas generalizadas que eviten los incumplimientos en materia de salud laboral que estamos viviendo, a la vez que abordamos el problema desde un enfoque bioclimático. Por si fuera poco, el adelanto electoral deja en el tintero el intento del parlamento de acometer la climatización de los centros educativos mediante una iniciativa legislativa.

En cuanto a los procesos selectivos, USTEA insiste en la necesidad de valorar el proceso anterior, tal y como se comprometió la Consejería a hacer. En este sentido, queremos que la administración andaluza demuestre voluntad política desde el principio para evitar situaciones de incertidumbre, de forma que solicitamos:

• Información permanente sobre el procedimiento, el número de plazas y las especialidades convocadas.
• Coordinación con el resto de CCAA.
• Apuesta por un sistema de acceso justo, transparente, coherente con la labor docente y que garantice la estabilidad del profesorado interino y la consolidación de los puestos de trabajo.
• Mecanismos de revisión de las pruebas evaluadas.

Asimismo, instamos a una solución justa para las personas excluidas de las bolsas en 2017.

2) Proyecto de Orden por la que se desarrolla el currículo de las enseñanzas de Idiomas de régimen especial

La Orden es poco más que un esqueleto, con muy poco contenido. Nuestra insistencia en haberla trabajado en paralelo al Decreto no era un capricho, pero las formas de trabajar de la Dirección General de Ordenación Educativa ya las conocemos: es la Dirección General de la Permanente Provisionalidad. Al final, son las Instrucciones de 4 de septiembre las que regulan las enseñanzas este curso 18-19. ¿Y para el curso que viene? En fin, Andalucía ya tiene un decreto que se adapta a la normativa estatal, la Lomce; de nuevo Andalucía es alumna aventajada en la aplicación de esta ley a la que dicen oponerse. Y ahora, se trae a Mesa para su aprobación, tarde y sin trabajo previo pero, eso sí, vía urgente.

Indicamos cuatro cuestiones que entendemos deberían aparecer en la Orden, en la misma línea que nuestras propuestas al Decreto:

• Que la invocada autonomía de los centros para desarrollar y complementar el currículo en su proyecto educativo nunca signifique aumento del horario laboral ni de las tareas propias del profesorado. En la línea del Art 5.5 del Decreto se dice: ampliación del calendario escolar o del horario lectivo de áreas o materias, en los términos que establezca la Consejería competente en materia de educación y dentro de las posibilidades que permita la normativa aplicable, incluida la laboral.

• Que se especifiquen las convocatorias para las pruebas de certificación de los distintos niveles, tanto régimen general como alumnado libre.

• Que se cite la formación permanente del profesorado y el desarrollo de actividades de actualización, y que sea en horario lectivo. Es decir, desarrollar el Art 17 del Decreto.

• Que se detalle en qué consiste el intercambio de profesorado que cita el Decreto.

3) Borrador de Instrucción que pone en marcha con carácter experimental el programa de colaboración voluntaria del personal docente jubilado

USTEA expresa las siguientes consideraciones:

• La interpretación que la DG de Participación y Equidad hace del Art 23.4 de la LEA es, cuando menos, bastante relajada. Dice la LEA:. La Administración educativa regulará la posibilidad de incorporar a los centros docentes públicos al profesorado jubilado que lo desee para el desarrollo de tareas relacionadas con los planes de utilización de las bibliotecas y de animación a la lectura y para la colaboración con los equipos directivos en la organización de los centros. En ningún caso, los puestos de trabajo establecidos en los centros docentes serán provistos con este profesorado.
• Es decir, la Ley de Educación de Andalucía, que sirve de sustento para este programa experimental, especifica dos tareas: bibliotecas y lectura, y colaboración con la directiva en organización centros, mientras que la Instrucción abre el abanico de posibilidades. Tratándose además de una simple Instrucción, ¿ofrece suficiente garantía jurídica?
• En cualquier caso, tiene que garantizarse y cumplirse la absoluta voluntariedad de la participación, con flexibilidad temporal. Obviamente, USTEA estará muy pendiente para que no haya ningún abuso en su puesta en marcha en los centros.
• La Base 4.1 es suficientemente clara en lo referente a que en ningún caso va a verse afectada la plantilla. Como no puede ser de otra forma, cualquier incumplimiento será inmediatamente denunciado.
• Igualmente, USTEA estará muy atenta a cualquier posible irregularidad en los proyectos que han de ser aprobados por el Consejo Escolar del centro correspondiente, ya que el Anexo I resulta muy ambiguo.
• Por último, al tratarse de un programa experimental para este curso, exigimos su valoración pública y con la participación de las organizaciones sindicales.

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