El 29 de diciembre se publicó en el BOE la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. La nueva legislación necesita desarrollo normativo para el sector docente que se plasmará en la modificación del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes que se encuentra en estos momentos en los últimos trámites para su publicación definitiva.
Desde USTEA y STES hemos venido denunciando que la nueva normativa no da respuesta a la justa reivindicación de estabilidad del personal interino y que su traslación al sector docente no contempla la doble vía de acceso que venimos reclamando desde hace años. El acceso diferenciado o doble vía daría respuesta tanto al personal interino que tiene que ser estabilizado, como a quienes están dando sus primeros pasos en la docencia o desean acceder a la función pública docente. Además, la doble vía es la única alternativa de solución a largo plazo, pues la normativa recién aprobada supondrá la perpetuación del problema endémico de temporalidad en el sector docente.
Los procedimientos de estabilización, tal y como están planteados, no dan respuesta ni al personal interino ni a quienes desean acceder a la función pública docente, pero es el marco en el que necesariamente deberán enmarcarse los próximos procesos selectivos hasta 2024. En este contexto, estamos pendientes de la modificación del RD 276/2007 de acceso e ingreso en los cuerpos docentes.
En los últimos días de diciembre, parecía posible que la modificación del RD/276 estuviera publicada a tiempo para que las oposiciones de 2022 se organizasen conforme a los mismos. En estos momentos, a finales de enero, parece cada vez más improbable que esto sea posible: la convocatoria en Andalucía debe publicarse a finales de marzo o principios de abril, como muy tarde y, a día de hoy, no hay ninguna garantía de que la modificación del RD/276 se vaya a publicar a tiempo de que eso sea posible.
Con estos precedentes, el pasado viernes 21 de enero, la Consejería de Educación publicó una nota de prensa en la que se garantiza la convocatoria de oposiciones para junio de 2022 y se afirma que estos procedimientos se regirán por el RD 276/2007 en su forma original, sin las modificaciones que se están tramitando. Esto supondría que las plazas convocadas deben salir de la tasa de reposición, pues la tasa de estabilización está ligada a la nueva normativa.
A principios de curso, la Consejería de Educación anunció que el número de plazas para la convocatoria de junio de 2022 sería de 3700 plazas (1100 de reposición y 2600 de estabilización). Este número de plazas, en las actuales circunstancias y si finalmente la normativa aplicable es el RD 276/2007 sin modificaciones, no puede ser aplicado. Una posible vía que la administración está estudiando es sumar a las 1100 plazas de reposición ya anunciadas, la tasa de reposición perteneciente a 2022, con lo que la oferta de plazas para las oposiciones de junio de 2022 sería de entre 2300 y 2500 plazas. Las 2600 plazas de estabilización pendientes se sumarían a las derivadas del actual procedimiento de estabilización que han de convocarse antes de la finalización de 2024.
Otra de las cuestiones que quedan por resolver es la convocatoria del cuerpo 594 (Profesores de Música y Artes Escénicas). En este caso, parece razonable que el cuerpo 594 coincida con el 590 (Secundaria) el próximo año y ligar el proceso del cuerpo 593, cuando corresponda, al del 597 (Primaria) en las próximas convocatorias para que no coincidan en tiempo.
Sea cual sea la decisión final de la Consejería de Educación sobre la normativa a aplicar, los plazos y el número de plazas convocadas, es necesario que esta información se haga pública lo antes posible, pues quienes van a presentarse a estos procedimientos y están preparándolos necesitan seguridad y certezas. Por lo tanto, es imprescindible que para la Mesa Sectorial de finales de enero, la administración facilite toda la información y los datos necesarios para adoptar una decisión definitiva que clarifique la situación y despeje la incertidumbre en la que nos movemos desde hace meses.
Andalucía 24 de enero 2022