USTEA Granada, con el resto de organizaciones convocantes de la Marcha por la Educación Pública, ha consensuado una nota de prensa donde se denuncia la política de la actual consejería que, como la anterior consejería socialista, planifica las ratios de las unidades ilegalmente. Así mismo, se denuncia la criminalización de la protesta, especialmente las amenazas a los padres y madres en forma de apertura del protocolo de absentismo.
Defendemos la conservación y apoyo a las escuelas rurales, la planificación legal de las ratios ( y, por supuesto, la disminución del límite legal, que ya es de por sí antipedagógico), y el fin de toda forma de privatización en la escuela pública, lo que para USTEA implica inmediatamente el fin de los conciertos educativos.
Pedimos diálogo a la Consejería, no se puede tratar como se está tratando a las familias ni, en general, a la comunidad educativa de la escuela pública. Como finaliza el comunicado, lo privado sólo beneficia a algunos y algunas, pero lo público beneficia a todos y todas.

Nota de prensa

En defensa de nuestra educación pública. Por una atención digna al alumnado. No a las ratios ilegales ni a la supresión de unidades y docentes.

La educación es un derecho, no un negocio. Invertir en educación es invertir en el futuro de una sociedad mejor, en la que la igualdad de oportunidades sea algo mucho más real y, por tanto, lo sea también el ejercicio de la libertad. Nuestros dirigentes políticos, en la Consejería de Educación y en la Delegación de Granada, parecen ignorarlo. Cuando decimos que la Educación es un derecho, entendemos que es un derecho para todas las personas, sin distinción de cuál sea su clase social, sus condiciones físicas o psíquicas, o el lugar donde vivan, entre otros factores.
Sin embargo, lo que está haciendo nuestra administración educativa es negar este derecho cuando juega con el alumnado de los centros públicos como si fueran simples números. La planificación de unidades escolares con ratios por encima de los límites establecidos en la legislación educativa es un viejo truco que fue puesto en marcha de manera extensa por el anterior gobierno. Ahora es la Consejería de Educación, en manos del partido C’s, quien vuelve a utilizar este engaño para masificar las aulas, eliminar unidades y continuar disminuyendo progresivamente la oferta de plazas en centros públicos. Lo que ocurre es que este modo de planificar en periodo ordinario las unidades escolares añadiendo el 10% de la ratio de alumnado en determinadas aulas ha dejado de ser legal.
Con esta manera de proceder se están recortando muchas unidades escolares y reduciendo la plantilla docente en Granada y en toda Andalucía. Esto está afectando principalmente al alumnado y al profesorado, suponiendo una pérdida de empleo público y un aumento de la precariedad. Esta forma de recortar la Educación Pública en zonas como Granada capital o en localidades como Motril o Guadix supone en primer lugar la reducción de aulas públicas, limitando la oferta a las familias y, en segundo lugar, su masificación.
Si en los núcleos urbanos esta política ilegal de ratios supone la inmediata masificación de aulas, en las zonas rurales los efectos son catastróficos, debido a los agrupamientos multiciclos y multietapa. Es lo que ha ocurrido en zonas como La Alpujarra, donde en los Colegios Públicos Rurales de Bérchules, Torvizcón y Pitres las familias llevan movilizándose desde inicio de curso porque la Delegación de Educación ha eliminado varias aulas, agrupando un número ilegal de alumnos y alumnas de varios cursos y etapas educativas, suprimiendo profesorado y haciendo inviable la correcta educación del alumnado. En lugar de sentarse a escuchar las reivindicaciones de las familias y buscar una solución para ofrecer una educación digna, la respuesta de la Delegación de Educación de Granada ha sido ignorarlo, negarse a atender las demandas y amenazar a las familias. Las provocadoras declaraciones del consejero Imbroda acusando a las familias en huelga de usar a sus hijos e hijas como rehenes demuestran claramente que se ha adoptado una jerga policial y una visión criminalizadora del fenómeno, haciendo un uso represivo de mecanismos socializadores, como es el caso del protocolo de absentismo.
Es preciso remarcar que, en realidad, se han suprimido unidades y profesorado, maestros y maestras de apoyo y de compensatoria, especialistas en pedagogía terapéutica y en audición y lenguaje, monitores y monitoras de educación especial, tanto en zonas rurales como urbanas. El fenómeno abarca a toda la provincia de Granada y se amplía también a los servicios complementarios (por ejemplo la falta de conserjes y de personal administrativo y de limpieza). Así se demostró en la última
concentración a la que acudieron 10 AMPAS de diferentes localidades. A medida que el problema se visibilizada, los centros afectados se identifican con el problema y se suman a las protestas.
Los recortes económicos han afectado de manera significativa en el actual estado de las infraestructuras de los centros educativos. Otra de las demandas más extendida por la comunidad educativa es recuperar la inversión, tanto en ampliación como en adecuación y mantenimiento de los de los centros públicos.
Así es. La comunidad educativa ha salido a la calle a decir BASTA a la progresiva destrucción de la escuela pública de todos y todas. Estamos aquí para decir alto y claro que:
• No aceptamos la planificación de unidades con ratios por encima de las establecidas por la legislación educativa. El Delegado de Educación de Granada y el Consejero mienten cuando dice que las ratios son legales. Queremos una negociación real sobre este tema y una solución urgente a las actuales demandas de los centros.
• Rechazamos los criterios antipedagógicos por los cuales la Delegación suprime y agrupa unidades en centros rurales, con el único fin de recortar inversión educativa y desmantelar progresivamente los Colegios Públicos Rurales, negando al alumnado de estas zonas el derecho a la educación en igualdad de condiciones. La educación no es un negocio, sino un derecho.
• Exigimos que se atienda a todo el alumnado con dictamen de necesidades específicas de apoyo educativo, y se envíen a los centros los recursos humanos estipulados en sus informes. Exigimos un aumento de especialistas de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y monitor.
• No al abandono educativo y económico de las zonas rurales, sí a su desarrollo integral y sostenible
• Exigimos la recuperación y ampliación de las inversiones en infraestructuras de los centros públicos
• Exigimos la retirada de las instrucciones de Educación Primaria para el curso 2019/20, que han supuesto la drástica reducción de maestros y maestras de educación primaria en favor del incremento del horario de religión. Reivindicamos la educación laica.
• Basta ya de privatizaciones y externalizaciones en la educación. No queremos derivar dinero público a empresas privadas. Queremos que todos los servicios educativos sean públicos. Lo privado sólo es mejor para algunos y algunas, lo público es mejor para todos y todas.

FIRMADO
FAMPA Alhambra, USTEA, CGT, CCOO,UGT

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