Una de las afirmaciones más repetidas en el preámbulo del Anteproyecto es la necesidad de gestionar la FP de forma coordinada, es decir, unir en una sola ley la llamada Formación Profesional Inicial y la Formación Para el Empleo. Al parecer, unir ambos recorridos formativos en una sola ley es garantía de coordinación de dos Consejerías que llevan tres años, tres, haciéndose la puñeta. La Consejería de Empleo, primero se negó a que la FPE la gestionara la Consejería de Educación. Accedió, no de buen grado precisamente – entregó al documentación de los cursos de formación en dos camiones, tarde y sin clasificar y estuvo más de medio año sin ceder al personal que se había trasvasado a educación-. Si lo hizo, insistimos, no de buen grado, fue por razones políticas y ante la espada de Damocles de la investigación de los cursos de formación. Mientras tanto, en los dos últimos años, para vergüenza de la Junta de Andalucía, se han devuelto a Europa los fondos destinados a Formación para el Empleo, ante la imposibilidad de justificar debidamente todo lo recibido con anterioridad, y ante la inseguridad de poder gastar los que llegaban a un sistema viciado, sin generar nuevas sospechas o desvíos.

Con todo ello, queremos decir que ahora Empleo vuelve a asumir la Formación Para el Empleo, pero es la Consejería de Educación la que cede en este rifirrafe, acuciada por la falta de presupuesto y por el estancamiento en el crecimiento, cuando las necesidades del sistema educativo, y en concreto las de FP, no hacen sino crecer.

Además, esta ha sido la fórmula encontrada, y probablemente pactada en la sede de Presidencia de Gobierno, para dar salida a las presiones de C`s sobre el cumplimiento de uno de los puntos del pacto de gobierno que facilitó la investidura de Susana Díaz.

La presidenta usa el sistema educativo para devolverle a C´s el favor de que ella pueda sentar sus reales en San Telmo. Y C´s mete la directa para empezar a presentar a sus votantes los dividendos del pacto de gobierno. De hecho, el presidente de la Comisión de Educación de C´s, con quien mantuvimos una entrevista recientemente, se mostraba convencido de que en breve esta ley estaría andando su trámite parlamentario.

Ahora bien, ¿cómo se sustancia este pacto entre Educación y Empleo, que resulta tan rentable políticamente a Susana Díaz y a C,s?

Por un lado, se devuelve a Empleo el timón en los cursos de FPE, pero, por otro, se le salva la cara, poniéndola al lado de una Consejería, al menos hasta el momento, honorable en materia de gasto de presupuesto público. Salvo alguna cosilla, que diría el otro, como la apertura de diligencias previas, primero, y la imputación, después, – ahora llamada “investigación” por mor del lenguaje corrompido de los corruptos-  del anterior consejero, señor Alonso, por pagar a un Director General de Flamenco, que, al parecer, y siempre a expensas de lo que dictamine la justicia, faltaría mas, nunca pisó su lugar de trabajo, aunque no se le olvidara cobrar por ello… Presuntamente.

De este modo, se quiere dar a la ciudadanía la impresión de que la Consejería de Empleo ahora sí va a formar seriamente sobre Empleo, porque lo va  a hacer en colaboración con la de Educación, que es una Consejería seria en materia de formación.

Pero ocurre que esta colaboración, según se desprende del Anteproyecto de Ley, es solo ficticia, puesto que quien paga manda. Y la Consejería de Educación no tiene un duro. Ya lo advertimos en la comparecencia de los presupuestos: que la Consejería de Educación mentía cuando lanzaba a bombo y platillo el mensaje de que el presupuesto de educación crecía en un 4% respecto a los presupuestos de 2015. En realidad, el presupuesto de este año se aminoraba en un 2% respecto a los presupuestos del año 2015, y acumula ya un decrecimiento del 10%, respecto a 2011, en gasto consolidado. Esto lo dijo USTEA ante la Comisión de Presupuestos del Parlamento de Andalucía y nadie, nadie, nos contradijo.

Aparte de prestigio en materia de formación y ausencia, de momento, de problemas con las comisiones de investigación en el Parlamento, ¿qué más aporta la Consejería de Educación a este matrimonio? Una consejera que ha dado sobradas muestras de estar a disposición de la Presidenta, para lo que esta guste mandar. Una consejera que no acaba de entender – no sabemos si le ha llegado a interesar lo suficiente- la complejidad y magnitud del sistema educativo no universitario, que vive, según confesión propia, subida en un coche, viajando, y, a juzgar por los telediarios de Canal Sur, usa el poco tiempo que le queda en firmar convenios mil… -el último de Öpera…- todo lo que manda la señora Presidenta, a quien debe su cargo y con quien tiene un indudable feeling . Al menos, eso parece en las fotos.

En consecuencia con este panorama, la Consejería de Educación, en este Anteproyecto de Ley de FP, ni pincha ni corta, o, como dijo el técnico de turno en la mesa técnica de turno, en esta ley, el protagonismo no corresponde a la Consejería de Educación, en un arranque de sinceridad e inocencia, que no sabemos si su jefe habrá apreciado en lo que realmente vale. En otra mesa técnica, hace cinco meses, también se nos comunicó, con mucha solemnidad, que el sistema educativo en FP tenía dos problemas. A saber: era poco ágil para adaptarse a las demandas del mercado y estaba sobredimensionado. Una de las dificultades mayores para superar ambos problemas era la actual plantilla… No hace falta ser adivino para interpretar estas palabras del oráculo que, en esta ocasión, fue la Directora General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente.

Volvamos a la colaboración, inefable, entre Educación y Empleo. Según se explicita más tarde, dicha colaboración estará testada y supervisada por el CAFP, Consejo Andaluz de Formación Profesional, un organismo a estrenar, que no está adscrito a la Consejería de Educación, pero sí está alojado en su web. Qué hace este Consejo y quiénes se sientan en él. Más allá de las funciones declaradas, estos consejos, que tanto han proliferado en la Administración andaluza en los últimos diez años- tienen el objetivo principal, y no declarado, de hacer creer a la ciudadanía que ella ejerce un cierto control sobre la administración pública e, incluso, que ejerce cierta influencia sobre las decisiones que toma. Pues ni lo uno ni lo otro. Porque un buen Consejo Andaluz DeLoQueSea que se precie, precisamente está ahí para impedir que esto ocurra, que la ciudadanía controle o influya en la administración y en los administradores de lo público. Este extremo es fácilmente demostrable cuando se conocen sus funciones y su composición. Respecto a las primeras: coordinar, informar, estudiar…elaborar propuestas y proponer prioridades y objetivos de la FP… Ahí es nada. Respecto a su composición: presidente, vicepresidente y 24 vocales: 8 de CCOO y UGT, 8 de la Administración de la Junta de Andalucía y 8 de la organizaciones empresariales.

¿Dónde quedan, en todo este entramado de intereses políticos y económicos,  el profesorado, las familias y el alumnado?

Sencillamente, no se les nombra.

Esta ausencia, que no olvido, pone de manifiesto el papel que se reserva al profesorado: el de mera comparsa, considerado él mismo un impedimento para “flexibilizar el sistema” y para adaptarlo a las exigencias del mercado. Sin metáforas. Respecto al alumnado y las familias, el sistema les pide, por el bien de ellos mismos y de su empleabilidad, que se dejen formar, durante toda su vida, si fuera preciso. Y luego, alcanzada la categoría de “empleables”, si no encuentran empleo, que emprendan… el camino de crear una empresa, y así no podrán culpar a nadie, salvo a ellos mismos, de su fracaso… o el de la emigración, llamada también movilidad.

En Andalucía, a 24 de mayo de 2016