En plena ola de calor, en Andalucía alcanzamos temperaturas extremas y los centros educativos no reúnen las condiciones mínimas de salud para docentes y alumnado. La Consejería de Educación no ha previsto ninguna medida para paliar las situaciones de emergencia que se viven en colegios e institutos y la única herramienta disponible es un protocolo de 2017. No se trata de una situación excepcional, sino de las características habituales del clima en Andalucía. Es por esto que la comunidad educativa luchó por la aprobación de la Ley de Bioclimatización que, a pesar de estar en vigor desde hace dos años, sigue sin aplicarse.

En los últimos días, raro es el centro en el que no se producen incidentes relacionados con las altas temperaturas: desmayos, lipotimias, bajadas de tensión, etc. entre docentes y alumnado. Es lógico si pensamos que la normativa de seguridad y salud laboral marca que el umbral de estrés térmico está en 27ºC y en muchos centros se superan ampliamente los 30ºC. En estas condiciones es muy complicado concentrarse, el nivel de irritabilidad provoca problemas de convivencia en las aulas y la realización de exámenes no se hace en las mejores condiciones, por poner solo algunos ejemplo de los problemas que se viven en los centros educativos.

USTEA ya avisó hace un mes, tras la primera ola de calor de mayo, que era necesario prever medidas que anticipasen la situación de calor extremo que estamos viviendo. No es ninguna sorpresa que se alcancen altísimas temperaturas, incompatibles con el desarrollo normal de la actividad en los centros educativos, en el valle del Guadalquivir, los Pedroches, el Campo de Tabernas, el Andévalo, la Subbética, las campiñas y, en general, en gran parte del territorio andaluz.

A día de hoy, la única herramienta con la que cuentan los centros educativos es un protocolo elaborado en 2017. Estas instrucciones se publicaron por la anterior administración educativa, tras una situación de emergencia similar a la que vivimos en este momento. En este protocolo se plantean una serie de medidas que, aunque no están de más, son a todas luces insuficientes: evitar las actividades en los espacios más calurosos y la realización de actividad física o vigilar que las niñas y niños estén hidratados, entre otras. En estas instrucciones, también se plantea la posibilidad de flexibilizar el horario escolar, siempre que el centro lo haya incluido en su reglamento de funcionamiento.

El Protocolo General de Actuación en el Ámbito Educativo ante Olas de Calor o Altas Temperaturas Excepcionales de 2017 está obsoleto, es muy insuficiente y descarga la responsabilidad en los centros educativos. La falta de medidas de emergencia por parte de la Consejería de Educación, es una nueva muestra de dejación de funciones y del desinterés del gobierno de la Junta respecto a la Educación Pública de Andalucía.

Más allá de protocolos de emergencia, en Andalucía existe una Ley de Bioclimatización de los centros educativos que sigue sin aplicarse tras dos años desde su publicación y entrada en vigor. Se trata de una ley integral que contempla medidas como la instalación de dispositivos de energía sostenible, aislamientos para la eficiencia energética, arbolación de patios y zonas exteriores, cubiertas vegetales para la climatización natural y otras. Esta ley fue fruto de una larga lucha de la comunidad educativa que no entiende por qué dos años después sigue sin aplicarse.

El gobierno de la Junta y su Consejería de educación mantienen que se están llevando a cabo actuaciones de bioclimatización. La instalación de refrigeración adiabática (basada en vapor de agua) en 430 de los más de 7.000 centros educativos andaluces no es, en modo alguno, aplicar la Ley de Bioclimatización. Tampoco la instalación de pérgolas y lonas provisionales en algunos colegios de infantil y primaria por los ayuntamientos, en colaboración o no con la administración andaluza y siempre tras las protestas de familias y sindicatos.

Exigimos a la Consejería de Educación que asuma sus responsabilidades y tome inmediatamente medidas para proteger a la comunidad educativa. No pueden volver a repetirse estas situaciones y no debe pasar ni un día más sin que se aplique la Ley de Bioclimatización que tanto esfuerzo costó a la comunidad educativa.