Las clases comenzaron hace casi diez días y el alumnado con sordoceguera continúa, en muchos casos, sin el recurso imprescindible para su educación que son las intérpretes o mediadoras comunicativas. El curso comenzó entre el 12 y el 15 de septiembre, en todas las etapas educativas, desde Eduación Infantil y hasta la Universidad. Las mediadoras comunicativas o intérpretes, son imprescindibles para la integración del alumnado con sordoceguera en las clases, pero la contratación de estas profesionales se está produciendo con cuentagotas. A día de hoy, son muchos los niños, niñas y jóvenes que están viendo vulnerado su derecho a la educación, pues sin este apoyo les resulta imposible seguir las clases. Este es el tercer año consecutivo que se produce esta situación sin que el gobierno de la Junta ponga remedio, a pesar de las protestas de las familias y las profesionales de la mediación comunicativa.

Esta situación se produce precisamente cuando se celebra la Semana Internacional de las Personas Sordas y de la Lengua de Signos. Desde 1958, en estas fechas se pone de relieve la necesidad de inclusión de las personas con problemas auditivos, con sordera y sordoceguera, con el objetivo de promover su plena inclusión y de concienciar sobre la realidad que viven estas personas. Además, la Asamblea General de la ONU proclamó, en 2017, el 23 de septiembre como Día Internacional de las Lenguas de Señas con el fin de concienciar sobre su importancia para la plena realización de los derechos humanos de las personas sordas.

Las mediadoras comunicativas prestan sus servicios en centros públicos: colegios, institutos, escuelas de idiomas o universidades. Sin embargo, se trata de un servicio externalizado que presta una entidad privada, en este caso, la ONCE. Las mediadoras comunicativas denuncian la precariedad e inestabilidad laboral que padecen y que además repercute en el derecho a la comunicación, a la información y a la formación del alumnado al que atienden.

Desde USTEA, denunciamos la situación del alumnado con sordoceguera en los centros educativos de Andalucía y exigimos al gobierno de la Junta y a su Consejería de Educación que tome de inmediato las medidas necesarias para garantizar el derecho a la educación y la inclusión de este alumnado, así como los derechos laborales de las profesionales que lo atienden, las mediadoras comunicativas que deben pasar inmediatamente a formar parte de la plantilla pública.