El Secretariado de Enseñanza de USTEA, máximo órgano del sector entre congresos,  en la sesión mantenida esta misma mañana para analizar la propuesta de Acuerdo entre la Consejería  y las Organizaciones Sindicales representadas en la Mesa Sectorial de Educación sobre la ampliación de plantilla necesaria para atender la situación generada por la epidemia COVID-19, ha tomado la decisión de no suscribirlo por considerar que es totalmente insuficiente para hacer frente a la situación. El incremento de sólo 1.500 docentes, sobre los ya anunciados antes del verano para refuerzo educativo, no garantizan un escenario de presencialidad y seguridad en las aulas. 

La Mesa Sectorial sobre aumento de plantilla, que ha tenido 4 sesiones desde que se iniciara el 25 de septiembre, que pasó por una ruptura de las negociaciones y que tras las movilizaciones de la comunidad educativa y convocatoria de huelga general educativa del pasado 18 de septiembre, la Administración decidió la reanudación de la misma,  ofertando un incremento de plantilla de menos a más: 500, 700, 900… hasta llegar a los 1500 efectivos actuales. Por tanto, la actual oferta sólo supone algo más de 500 efectivos sobre la anterior, que resultan claramente insuficientes si tenemos en cuenta los aproximadamente 10.000 centros educativos públicos que hay en Andalucía.

La Consejería, ha manifestado, a través del Director General de Planificación Educativa, que con el número ahora ofertado asume el compromiso de que no se supere la ratio máxima legal, pero este compromiso no se extiende más allá de segundo curso de ESO. Esta afirmación viene a corroborar una realidad ampliamente denunciada por USTEA, y hasta ahora negada por la administración: la existencia de miles de aulas masificadas ilegalmente. 

Desde USTEA hemos manifestado que la negociación debe establecerse en unos términos que fuesen más allá de un baile de cifras al alza  y que atendiese  las necesidades detectadas en los centros, a través de un estudio actualizado y riguroso destinado a garantizar las medidas sanitarias estrictas y la calidad, presencialidad  y universalidad de la educación. Hemos insistido en que esta última  propuesta es también del todo insuficiente y poco precisa, por lo que consideramos que la Administración tiene que presentar, sin más dilación, una oferta que permita un descenso generalizado de la ratio en todas las etapas educativas hasta poder garantizar la distancia de seguridad que recomiendan los expertos. En este sentido, resulta inaceptable que la oferta del Gobierno Andaluz para el acuerdo sea solamente cumplir, con fecha de caducidad incluida, una legalidad “pre-Covid” que ni tan siquiera alcanza a todos los cursos, sin contemplar en ningún caso el refuerzo de plantillas, docentes y no docentes, que las actuales circunstancias requieren. Además, no aceptaremos que se ponga en peligro la vida de ningún trabajador o trabajadora, por lo que seremos inflexibles en la exigencia del cumplimiento de la legislación en materia de Prevención de Riesgos Laborales y especialmente la protección del personal más vulnerable.

Ante este panorama estudiaremos junto con el conjunto de la comunidad educativa la continuación de movilizaciones desde unas bases unitarias. No deberían producirse más actuaciones unilaterales. La administración y una parte de las organizaciones sindicales firmantes de este acuerdo intentan,  una vez más, calmar los ánimos con medidas que claramente no responden a las necesidades reales de nuestro sistema educativo en estas circunstancias, que son insuficientes y tardías, por lo que es el momento de seguir demandando el cumplimiento de las justas reivindicaciones anteriormente expresadas para afrontar con las máximas garantías esta situación.

Andalucía, 7 de octubre de 2020