En reunión mantenida con representantes de la Unión Europea así lo han transmitido desde el Departamento de Isabel Celaá

El pasado martes 22 de octubre representantes de la Confederación de STEs intersindical, junto a otras organizaciones de la comunidad educativa, asistieron a una reunión con una delegación de la Unión Europea encabezada por Antonio García Gómez, analista de políticas educativas y miembro de la Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura de la Comisión Europea.

En dicha reunión, en la que se abordaron varios aspectos de la realidad educativa de nuestro sistema educativo, esta delegación europea transmitió la información, que a su vez habían obtenido del encuentro mantenido previamente con representantes del Ministerio de Educación y Formación Profesional, sobre dos proyectos de ley que el Ministerio tiene preparados para tramitar en cuanto la situación política lo permita. Uno de ellos afecta directamente al profesorado y –a falta de conocer el texto con exactitud- incidirá en la división salarial del mismo.

La Confederación de STEs-i no puede sino manifestar su total oposición a esta medida, tanto en lo referido a las formas como a la esencia de este proyecto. No es mínimamente presentable que el MEyFP trabaje en un borrador de una ley que afecta de manera fundamental al profesorado y ni siquiera traslade a sus representantes esa información. Mucho menos, que tengamos que enterarnos a través de terceras personas, en una reunión con analistas de la Unión Europea. En cuanto al contenido del proyecto la disconformidad es total: no puede dividirse más al profesorado ni puede aumentar la jerarquización en una tarea que, para que sea fructífera, ha de estar basada en el trabajo en equipo.

Por lo demás, en la citada reunión se abordaron diversos temas educativos que, por lo visto, han sido objeto de preocupación de la Unión Europea. Así, la escasa financiación fue objeto de críticas por parte de STEs y de varias de las organizaciones presentes en el encuentro. En el Plan Presupuestario 2020, que el gobierno en funciones ha remitido a la Comisión Europea el pasado 15 de octubre, se recoge la previsión de gasto para el próximo año. El hecho de que las partidas dedicadas a la inversión educativa permanecen congeladas con respecto a lo gastado en 2019 supone una muy mala noticia. El montante total del gasto educativo en 2019 supone el 4% del PIB y lo previsto para 2020 seguirá siendo del 4%, lo que, de hacerse efectivo, impedirá cualquier mejora en el ámbito educativo. Que la inversión en educación en el estado español en 2017 –según cifras recientemente publicadas por el propio Ministerio- haya sido de 5000 millones de euros menos de lo que se invertía antes del inicio de la “crisis”, demuestra que es muy largo el camino a recorrer en este aspecto.

La segregación escolar, la futura ley que habrá de modificar o sustituir a la LOE-LOMCE, la política de becas o la escolarización en el primer ciclo de Infantil fueron algunos de los temas que se trataron en esta reunión.

En concreto, la Confederación de STEs planteó, entre otras, las siguientes cuestiones:

1. Condiciones trabajo del profesorado.
   • Horarios: es necesario disminuir la carga lectiva en todos los niveles.
   • Ratios alumnado/aula: es necesario reducirlas de forma generalizada.
   • Sustituciones: es necesario disminuir el tiempo que se tarda en cubrir las bajas.
   • Plantilla: es necesario un aumento en todos los niveles, especialmente en lo referente a las necesidades de apoyo y en atención a la población más vulnerable.Hay que recordar una vez más que la única iniciativa del actual gobierno central en esta materia viene dada por la Ley 4/2019 de 7 de marzo, la cual recoge algunas hipotéticas mejoras, que quedan en nada debido a su no aplicación por parte de las administraciones competentes, incluido el propio Ministerio en los territorios bajo su competencia directa:
     • Deroga el artículo 4 del RD 4/2012 referente a sustituciones del profesorado.
     • Establece que las administraciones educativas proveerán los recursos necesarios para garantizar que no se supere el número máximo de alumnado por aula establecido legalmente.
     • Recomienda con carácter ordinario un máximo de 23 horas en los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial y un máximo de 18 horas en los centros que impartan el resto de enseñanzas de régimen general.
2. Profesorado interino. Es necesario un nuevo sistema de acceso, ya que el actual es injusto, incoherente y pone en riesgo el trabajo de miles de docentes. La Confederación de STEs propone establecer un acceso diferenciado, así como la opción de pruebas no eliminatorias. Hay que garantizar la estabilidad de todo el profesorado interino.
3. Abandono escolar temprano.
   • En primer lugar, habría que diferenciar entre los conceptos de “abandono” y “fracaso”, cosa que no se hace en los informes europeos. En segundo lugar, en ambos casos carecemos de datos reales, solo hay estadísticas. En tercer lugar, el enfoque es pobre, ya que responsabiliza prácticamente en exclusiva al alumnado, sin tener en cuenta el resto de factores que intervienen en el proceso: las políticas educativas, las autoridades educativas, las normativas, la gestión de los centros, los contextos familiares, las condiciones del profesorado…
   • En cualquier caso, los porcentajes de abandono escolar temprano en el Estado español son inaceptables, como consecuencia de la falta de voluntad política de un gobierno tras otro. No hay un enfoque global que afronte de manera decidida este problema, no se aborda adecuadamente la relación entre el abandono escolar y las diferencias socio-económicas y no se analizan seriamente las enormes diferencias territoriales existentes.
   • Por último, la Confederación de STEs considera que la apuesta por la FP dual como herramienta para reducir el abandono es un error, ya que se trata de un modelo que no responde a las características y necesidades de la población sino que prioriza las exigencias empresariales.
4. Necesidades de inversión en educación.
   • El actual 4% PIB es claramente insuficiente. Reivindicamos alcanzar el 7% y blindarlo normativamente como inversión mínima destinada a la educación pública en los presupuestos generales del estado.
   • Es alarmante que los gastos de las familias en educación hayan aumentado un 34% en la última década, especialmente teniendo en cuenta la escasez de ayudas recibidas por las familias de rentas más bajas.
   • La doble red supone una absoluta distorsión del sistema educativo que ahonda las desigualdades socio-económicas y la segregación escolar. Hay que trabajar para una red pública única, como garantía del derecho a la educación y de la superación de las desigualdades existentes.

El próximo mes de noviembre está prevista una Cumbre en la que participarán las personas responsables de los Ministerios de Educación y de Finanzas de los estados miembros. Sin duda, será una buena ocasión para que el gobierno español apueste de una vez por una escuela pública de calidad, para todas y todos, donde la participación del profesorado en la elaboración de las leyes educativas sea un elemento imprescindible.

Andalucía, 25 de octubre de 2019

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