El Acuerdo de 29 de marzo de 2017, que prevé la reducción drástica de la tasa de interinidad del 30% al 8%, y la falta de voluntad negociadora del Ministerio de Educación amenazan con provocar un despido colectivo inadmisible
Definitivamente, el MECD ha hecho oídos sordos a la reiterada petición planteada por la Confederación de STEs-intersindical, al negarse a valorar hasta el máximo legal el trabajo desempeñado durante años por decenas de miles de profesoras y profesores interinos, impidiendo un acceso diferenciado a la función docente, aunque hayan demostrado sobradamente su capacitación profesional en las peores condiciones, sosteniendo un sistema que ha sufrido unos recortes brutales en los últimos años.
En efecto, el Ministerio acaba de publicar el Real Decreto de Acceso a la Función Pública Docente sin ninguna novedad significativa. Introduce pequeños retoques en la valoración de la experiencia, en el número de temas a elegir y en la ponderación de las fases de oposición y de concurso, pero no contempla que las diferentes pruebas no sean eliminatorias, postura de mínimos defendida en la “negociación” por la mayoría de la representación sindical. El profesorado interino, que en la mayoría de los casos ya ha superado procesos selectivos anteriores y ha demostrado sobradamente su valía y competencia profesional durante muchos años, puede ahora ser expulsado del sistema. Sin duda, estamos ante un ERE masivo que supondrá derrochar la experiencia acumulada por este profesorado y demuestra el poco aprecio por los intereses y la calidad de la Enseñanza Pública, además de un desprecio absoluto por los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
En las escasas reuniones mantenidas con el MECD y en el Consejo Escolar de Estado, la postura de los STEs-i ha sido clara en este sentido. Lamentablemente, en este último órgano consultivo, el resto de organizaciones sindicales representadas, se posicionaron con el Ministerio para negar un acceso diferenciado. Los mismos sindicatos que firmaron el acuerdo de 29 de marzo de 2017 que posibilitaba amplias Ofertas Públicas de Empleo, no han tenido en cuenta la situación en la que va a quedar una buena parte de ese 25% del profesorado que ahora está en nuestras aulas, y que ahora queda expuesto a la amenaza de la pérdida de su empleo.
El MECD ha argumentado su decisión en base a cuestiones jurídicas, cuando se trata de resolver una situación laboral con soluciones políticas. Según el Acuerdo para la Mejora del Empleo Público, las próximas ofertas de empleo público tienen un carácter extraordinario por el volumen de plazas a oposición para reducir la interinidad al 8%. No hay problemas constitucionales para que, ante situaciones extraordinarias, puedan arbitrarse medidas legales excepcionales como las que STEs-i defiende. Desde 1977 hasta nuestros días ha habido cuatro procesos excepcionales para solucionar la interinidad, y aun teniendo en cuenta la doctrina jurídica derivada, con voluntad política sigue siendo posible encontrar soluciones para la consolidación laboral del colectivo, como por ejemplo desarrollando la vía legal que figura en el artículo 61.6 del TREBEP de ingreso en la función pública mediante concurso de méritos en casos extraordinarios.
En definitiva, una vez más, ha faltado voluntad política para resolver un problema por parte de quien lo ha creado. Las políticas de recortes llevadas a cabo desde 2011 y la pésima gestión de personal público, con las limitaciones a las tasas de reposición, han provocado el aumento desproporcionado de la tasa de interinidad y constituyen un auténtico fraude de Ley a lo estipulado en el Estatuto Básico del Empleado Público.
El Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y su aplicación por parte del MECD suponen una falta de sensibilidad ante la problemática de las interinidades, así como una irresponsabilidad por parte de quienes lo han hecho posible. La estabilización laboral de las plazas docentes públicas es injusta por suponer la pérdida de empleo del profesorado interino que las está ocupando. STEs-i exige la retirada del Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y la apertura de nuevas negociaciones que solucionen las legítimas aspiraciones de consolidación laboral del profesorado interino.
USTEA ENSEÑANZA