El pasado lunes, 30 de septiembre, el consejero de educación inauguró en Granada el nuevo curso del Consejo Escolar de Andalucía. El discurso de apertura y la réplica a las intervenciones de las organizaciones allí presentes, ponen de relieve una serie de aspectos que desde USTEA consideramos muy preocupantes en cuanto a la gestión y la orientación que desde esta consejería se pueda llevar a cabo durante la legislatura.

En primer lugar nos preocupa que desde la máxima representación de la consejería de educación se enarbole un discurso claramente defensor de la enseñanza privada subvencionada con fondos públicos (concertada). Varias fueron las declaraciones en las que el señor consejero apelaba al falaz argumento de la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos e hijas, al mismo tiempo que defendía la necesidad e importancia de una red dual en la que “todos estemos al mismo nivel”. Si a todo ello unimos los términos del acuerdo de gobierno firmado por Ciudadanos y PP, en el que se expresa manifiestamente la intención de extender los conciertos educativos a las enseñanzas postobligatorias, no entendemos cómo el señor Imbroda expresaba su asombro ante las acusaciones de que su gobierno está llevando a cabo un desmantelamiento del sistema público. De llevar a cabo las políticas anunciadas, seremos testigos en Andalucía de la degradación paulatina de la red pública respecto a la red privada (concertada).

Por otro lado, se acusó directamente a esta organización de solo mencionar las unidades suprimidas en educación infantil y primaria y no decir nada sobre las supresiones en los demás niveles. Pues bien, según la Unidad de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía, los datos globales para todos los niveles educativos preuniversitarios son los siguientes: 266 unidades destruidas en la red pública y 265 unidades creadas en la red privada subvencionada.

Además, preguntado por la cuestión de las ratios ilegales que se están produciendo en cientos de unidades en toda la comunidad, tan solo recibimos la mentira por respuesta. El señor consejero afirma que, efectivamente, se incumple la ratio en algunas aulas, pero que, según sus datos, “tan solo” uno de cada diez alumnos y alumnas se encuentran en aulas en esta situación, añadiendo que “se trata, por tanto, de una situación excepcional”, producida por la ausencia de espacio en esos centros y como una opción más favorable que tener que ubicar esas unidades en aulas prefabricadas. ¿Está queriendo decir el señor Imbroda que una ilegalidad que afecta, según sus datos (que no podemos contrastar), nada más y nada menos que al 10% del alumnado no merece ser atajada debidamente por la consejería?

Desde USTEA valoramos de una tremenda gravedad que el mayor responsable político de la consejería de educación intente justificar el incumplimiento por parte de la administración de una Ley Orgánica y que, además, estas justificaciones se basen en mentiras. USTEA ha realizado un trabajo de investigación y denuncia de las ratios ilegales que demuestran que esas afirmaciones son completamente falsas.

Para concluir, desde USTEA insistimos en la gravedad de que la educación pública andaluza esté en manos de un consejero que vierte mentiras sobre la opinión pública sin ningún tipo de pudor y el cual pretende llevar a cabo un proyecto político de privatización de lo público, con todo lo que esto supone. Por todo ello, creemos que es esencial que la comunidad educativa se comprometa en la defensa de la educación pública andaluza, construyendo un proceso de movilización que nos permita frenar y revertir las pretensiones de este gobierno.