La LOMLOE, que elimina algunos aspectos polémicos de la “Ley Wert”, sigue siendo insuficiente para responder a las necesidades y expectativas de la Educación Pública. 

El pasado tres de marzo se inició la tramitación parlamentaria de la nueva Ley Educativa, al aprobarse la reforma de la LOE-LOMCE por parte del Consejo de Ministros. Desde USTEA valoramos positivamente que se eliminen algunos de los aspectos de la LOMCE contra los que siempre nos hemos posicionado, como pueden ser segregación del alumnado, eliminación de competencias a claustros y consejos escolares, calificación de la materia de Religión, reválidas, etc. También se toman algunas tímidas medidas en cuanto a la admisión del alumnado, pero sin atreverse a cuestionar claramente el inherente carácter segregador que conlleva el mantener una red de centros privados subvencionados con fondos públicos. Por otro lado, celebramos que la coeducación, la inclusión e incluso la crisis climática sean aspectos centrales de la exposición de motivos, pero hay otros aspectos y algunas carencias que suponen estar lejos de la transformación profunda que nuestro sistema educativo necesita.

En primer lugar, el Ministerio de Educación no ha convocado ninguna mesa de negociación con los sindicatos ni con el resto de la comunidad educativa para negociar y consensuar la nueva ley. Por ello, USTEA considera que se ha perdido una nueva oportunidad para que el profesorado y la comunidad educativa, que es quien finalmente aplica la ley, pueda opinar y debatir la ley en profundidad.

Además, en el nuevo texto se deja intacto el perverso concepto de la “libertad de elección de centro” y se sigue hablando de un sistema educativo compuesto por agentes públicos y privados, perdiendo la oportunidad de por un lado, denunciar y derogar los antidemócraticos acuerdos concordatorios con el Vaticano junto a la anulación de los suscritos con otras confesiones religiosas y por otro, poner coto a las ansias de negocio que pretenden convertir la educación en un mercado, soslayando la oportunidad para establecer la subsidiariedad de la red concertada frente a la pública como primer paso para avanzar hacia una supresión progresiva de la financiación pública de los centros privados subvencionados con fondos públicos y extinguir los mencionados acuerdos confesionales en la Educación Pública. Especialmente preocupante nos parece el hecho de que no se eliminen inmediata y urgentemente las subvenciones a centros que segregan por sexo. 

De la misma manera, hay que dar pasos más firmes en la laicidad del sistema educativo, porque la Religión seguirá siendo materia de oferta obligatoria, a pesar de que ya no se evaluará; debe haber un compromiso con la mejora de las condiciones laborales del profesorado, que en la ley no se menciona; la apuesta para que la enseñanza pública sea el eje vertebrador del sistema educativo debe ser más decidida. Se pierde, también, una ocasión para posibilitar normativamente un modelo de acceso más justo, que permita la estabilización real del personal interino a través de un acceso diferenciado. También se deja sin abordar un descenso de la ratio, lo que supondría una mejora de la calidad de la enseñanza además de una mejora de las condiciones de la labor docente. 

En definitiva, la LOMLOE supone una modificación claramente insuficiente de la LOMCE para quienes esperábamos un compromiso claro e inequívoco con la Escuela Pública, un compromiso con una escuela laica, inclusiva, equitativa, compensadora de desigualdades, coeducativa, democrática, comprometida con un mundo más justo y respetuosa con las lenguas y culturas territoriales. La aprobación de esta Ley supone una oportunidad perdida para avanzar hacia la Escuela que queremos.

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