Tras haber dilatado el recurso contra las 35 horas por razones puramente partidistas, y agotando para ello los plazos legales, el Gobierno central quiere imponer las 37,5h en la Administración andaluza antes de que acabe el año. El TC ha aceptado la solicitud de suspensión cautelar.

Rozando el ridículo, ha afirmado incluso que, en realidad, pretende volver a las 35 horas semanales en toda España para dentro de unos meses (apenas cuatro cuando acabe el verano). Cualquiera pensaría que recurrir las 35 horas es una buena forma de apoyar la medida.

Después de habernos utilizado a las y los empleados públicos como chivos expiatorios a lo largo de la Crisis, ahora es el Gobierno central el que pretende hacernos rehenes de sus espurios intereses partidistas utilizándonos como moneda de cambio en la negociación de los Presupuestos para 2018.

Incluso, en un cruce contradictorio de declaraciones, se ha llegado a decir que la medida no sería aplicada a todos los trabajadores y trabajadoras ¿Quedarán exentos las y los de horarios especiales? ¿Qué sectores o categorías quedarán discriminados? ¿Afectará a las prometidas 19 horas lectivas para el curso que viene en Secundaria? ¿Tendrá carácter retroactivo para la Sanidad pública? ¿Nuevamente tendremos que negociar laboriosamente calendarios y cuadrantes con pocas semanas de vigencia por delante?

Pero no acaban aquí las contradicciones que llegan a lo risible y al disparate. Nuevamente, un político andaluz, defensor confeso de los recortes sociales, se autoproclama intermediario para llevar negociar las legítimas reivindicaciones de los empleados públicos andaluces ante el Gobierno. Más desvergüenza imposible.

Hace siete meses (el 14 de diciembre de 2016), USTEA planteó ante el Parlamento de Andalucía nuestras reservas sobre una medida de confrontación política entre administraciones que utilizaba al personal público, una vez más, como moneda de cambio, convirtiendo este “tuya-mía” en un juego entre PP-PSOE cuyo resultado último es la consolidación de los recortes impuestos en los últimos años.

USTEA considera el recurso del Gobierno contra las 35 horas semanales una medida absurda, contradictoria y extemporánea, una medida con un claro sesgo partidista que va en contra de las y los empleados públicos y del servicio público, una medida que no añade más que incertidumbre y resulta pésima para el empleo público pues también impugna la contratación de personal de sustitución necesario.

Evidentemente, USTEA emprenderá todas las acciones necesarias para revertir esta situación.