Desde el año 2002 la regulación de las vacantes en Inspección Educativa, que en muchas ocasiones, se elevan a la mitad de la plantilla de profesionales cualificados por su experiencia, sometidos a evaluaciones anuales, se ha regulado por los resultados de las pruebas en el procedimiento selectivo inmediatamente anterior.

La modificación del Decreto 115/2002, adecuándose a norma de contratación pública y la inclusión de los docentes con tiempo reconocido en este cuerpo docente técnico es una asignatura pendiente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía desde hace mucho tiempo, tanto que, en 2016 llegó el asunto al Parlamento Andaluz votando Ciudadanos a favor de homologar los criterios de regulación de bolsa de Inspección Educativa al resto de cuerpos docentes, para eliminar el doble agravio que tenían estos docentes respecto al resto. Se votó por regulación de bolsa por tiempo de servicio prestado e incorporando normas en materia de conciliación, discapacidad o violencia de género a los docentes que desempeñan sus funciones en la Inspección Educativa, como al resto de bolsas de docentes.

Este sistema de adjudicación hasta ahora seguido ha generado un deterioro grave en la organización y funcionamiento de los Servicios de Inspección Educativa de la Junta de Andalucía, repercutiendo en la Calidad del Sistema Educativo Andaluz. No se ha rentabilizado la gestión económica de sus recursos públicos, derrochando gran cantidad de dinero público en formar cada cuatro años a nuevos inspectores. Esto a su vez ha afectado brutalmente a los centros educativos andaluces, que ven como cambian de inspectores constantemente, recibiendo asesoramientos técnicos diferentes.

El próximo 19 de abril se celebrará una mesa sectorial de educación, donde presumiblemente la Viceconsejera de Educación planteará la modificación de la norma para cambiar la ordenación de la bolsa de inspectores interinos que ocupan vacantes en los servicios de inspección. La gran sorpresa es que que propondrán “listas en cremallera”, es decir, un genuino modelo de ordenación de los trabajadores en puestos laborales públicos, que no tiene parangón con ninguna administración, ni incluso la propia educativa. En este nuevo modelo, lejos de priorizar la experiencia laboral, antepone de nuevo, al igual que lo hizo el Gobierno Autonómico anterior de la Junta de Andalucía, las pruebas selectivas, alternando personal que aprueba alguna prueba sin tiempo de servicio ni experiencia con los que tienen tiempo de servicio y, a su vez han aprobado alguna prueba. Se desprecia nuevamente con este genuino modelo la experiencia acumulada en años trabajados. Esto no es lo que votó el partido que ostenta la Consejería de Educación en 2016 en la Comisión de Educación del Parlamento de Andalucía.

Los inspectores interinos son víctimas del abuso de la temporalidad, y como bien dijo María Emilia Casas, expresidenta del Constitucional, el tiempo efectivo de servicios “puede reflejar la aptitud o la capacidad del aspirante para desarrollar las funciones públicas”, dirección contraria a las “listas cremalleras”. 

¿Por qué la Viceconsejería de Educación de la Junta de Andalucía tiene de nuevo tanta insistencia en las pruebas selectivas? Una sola prueba selectiva aprobada, dentro de un procedimiento selectivo más complejo, no acredita nada, no acredita una procedimiento selectivo superado, ni titulación, ni experiencia profesional, ni cualificación. La respuesta es sencilla, las autoridades educativas andaluzas fomenta la enseñanza privada de la Inspección Educativa, a través de academias de preparación de oposiciones. Cada oposición surgen varias academias pasando a engordar el número de inspectores que preparan previo pago de suculentas cantidades de dinero. Esto se observa no solo en los Inspectores de Educación de los Servicios de Inspección, también en las mismas autoridades educativas de la Inspección Educativa de la Junta de Andalucía, incluso algún sindicato u organización andaluza relacionada con la Inspección Educativa piden esta misma regulación en estos puestos laborales públicos en un intento de mantener esta red clientelar al servicio del poder económico con sobresueldos ganados a golpe de preparar al funcionarios de carrera, quienes pagan sus cuotas mensualmente, con la ilusión de aprobar aunque sea el primer ejercicio para entrar en el sistema, para luego tener que salir cuando ya están cualificados por su experiencia. Es paradójico que los Inspectores de Educación tenga atribuida la función de instruir expedientes disciplinario de incompatibilidad laboral a los docentes. ¿No es aplicable la incompatibilidad laboral y la limitación de segundo pagador a estos Inspectores de Educación? ¿Pueden blindarse las autoridades educativas en una escandalosa impunidad gracias a que controlan el miedo de sus empleados públicos en los procedimientos selectivos?

Esto se va a seguir manteniendo si no se logra poner freno al futuro modelo “listas en cremallera”, el próximo 19 de abril. Esperemos que la Administración Educativa acepte la propuesta de la regulación por servicios prestados y pruebas superadas para desempate, igual que el resto de cuerpos docentes y otros profesionales de la administración autonómica. De esta forma finalizaría la vulneración de los principios contenidos en las directrices dictadas por la Unión Europea en la Directiva 1999/70/CE sobre el trabajo de duración determinada y, a su vez el destrozo en los Servicios de Inspección Educativa andaluces.